Congreso no quiere impuesto al cheque en cajas de ahorro

Domingo Cavallo ya sabe que no le alcanzarán los poderes especiales para solucionar los conflictos que se están generando en la aplicación del impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente. Por eso es que está casi listo un proyecto de ley que se enviará al Congreso para corregir algunos de los errores iniciales y decisiones que se tomaron en los últimos días por resolución, como extender el impuesto a algunas operaciones en cajas de ahorro. El problema ahora es que los diputados de todos los partidos ya están advirtiendo que no aprobarán modificaciones de fondo. Por caso, se cuestiona la resolución que permite gravar con el tributo los cheques depositados en cajas de ahorro. Ese tipo de cuentas no estaba contemplado en la ley original -que expresamente establecía que alcanzaba sólo las cuentas corrientes-y por lo tanto, desde el Congreso, se exige debatir la cuestión en una ley. Temen que comiencen a generarse juicios contra el Estado por solucionar conflictos con resoluciones de la AFIP: "No hay impuestos sin ley", dicen. Al mismo tiempo, se reconoce que el apuro en la instrumentación del nuevo gravamen dejó de lado algunos aspectos que hoy están fallando. Critican también que no se hayan tomado en cuenta los errores cometidos a principios de los noventa, cuando un impuesto similar rigió en el país. Junto con ese debate se analizará, a partir de la semana próxima, la situación de algunos sectores como la agricultura, el expendio de combustibles, las mutuales -una peligrosa fuente de elusión del tributoy las administraciones de bienes y edificios de departamentos. El riesgo ahora es que el debate sobre la amplitud del impuesto a los débitos y créditos se volverá a abrir.

El Congreso podría salir de su letargo desde la semana que viene, cuando se comience a analizar un proyecto de ley correctiva del impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente. Más allá de las modificaciones que pedirá el Ministerio de Economía, en su mayoría problemas de aplicación que no pueden ser solucionados mediante resoluciones de la AFIP, los diputados de la Alianza y la oposición quieren revisar la posibilidad de que algunas operaciones en cajas de ahorro, como el depósito de cheques, queden alcanzadas por el impuesto. «Eso no fue contemplado en la ley original y ahora el gobierno no puede hacerlo con una simple resolución. No hay impuesto sin ley», protestaba anoche el peronista santafesino Oscar Lamberto.

Como se sabe, la posibilidad de gravar los cheques despositados en cajas de ahorro fue dispuesta por una resolución para evitar que las empresas utilizaran esa vía a través de terceros para evadir el pago del tributo (ayer la DGI ratificó la norma). Eso se complementa con una resolución anterior que les prohíbe a las empresas tener abiertas cajas de ahorro.

Los diputados, en principio, se oponen a que la medida no fuera contemplada por ley. Si después autorizaran o no gravar esas operaciones en las cajas de ahorro será un tema a debatir en el recinto. Pero el peligro para Domingo Cavallo es grande.

Si el Congreso no le autoriza al ministro cerrar esa vía alternativa para el cobro de cheques, amplios sectores, por ejemplo los profesionales o muchos comerciantes, podrían empezar a abrir cajas de ahorro para depositar su cobranza.

De acuerdo con la opinión de algunos oficialistas, los problemas que surgieron en la aplicación del nuevo impuesto se deben al apuro con que Cavallo redactó la ley y a no haber estudiado los conflictos que se presentaron hace 10 años, cuando un impuesto similar estuvo vigente en la Argentina.

Principio

El problema que ven hoy en el Congreso es que la ley establece claramente que el impuesto se aplica sobre «débitos y créditos en cuenta corriente». Aceptan que se tribute sobre el cheque depositado en caja de ahorro cuando éste se debita de la cuenta corriente, pero en ningún caso la contrapartida de la acreditación en la caja.

«Esa resolución hay que arreglarla con una ley. Hay un principio básico que dice que no hay tributo sin ley. Después habrá que debatirlo. Pero queda claro que estos problemas son los que originan juicios que después siempre pierde el Estado», decía ayer un legislador de la Alianza.

Otro problema a analizar en el tributo a los débitos en cuentas corrientes es la forma en que golpea a sectores que manejan grandes volúmenes de dinero, pero con baja rentabilidad. La próxima semana comenzará el clásico recorrido de cada uno de ellos por los pasillos de Diputados y existen por los menos unas cuarenta reuniones agendadas tanto con el radical mendocino Raúl Baglini, presidente de Presupuesto y Hacienda, como para Lamberto. Allí estarán las cerealeras, los representantes de las administraciones que cobran y gestionan por terceros -el caso de los edificios y alquileres-, expendedores de combustibles y hasta la agricultura que no se vio beneficiada con una alícuota especial como la que tiene el sector ganadero.

Al mismo tiempo, el Congreso ya se está preparando para recibir un proyecto de ley mucho más importante que los cambios en el impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente: la modificación al sistema tributario argentino que eliminará una cantidad de impuestos para concentrar la recaudación en el IVA, Ganancias y el impuesto sobre las cuentas corrientes como anticipo de Ganancias. Ayer, a pesar de los pocos diputados que circulaban por los pasillos, ya se tenía la certeza de que en tres meses Cavallo tendría listo este proyecto. Y de continuarse en la línea que hasta ahora analiza el equipo económico, los peronistas podrían votarlo a favor.

Si esta estructura se confirma, siempre que la actividad económica permita resignar semejante cantidad de recaudación, desaparecerían los aportes patronales, el impuesto a la renta presunta, se aceleraría la desaparición del tributo sobre los intereses y de impuestos internos -una vieja obsesión de Cavallo-tampoco quedaría nada.

Pero antes de enfrentar el tratamiento de estos pedidos del Ejecutivo al Congreso, la Alianza deberá solucionar un conflicto que puede convertirse en una dura factura que puede pasarle el PJ: la negativa de la Legislatura de Buenos Aires a aprobarle a Carlos Ruckauf los poderes especiales que se consignaron en el acuerdo firmado esta semana con la Nación, similares a los que el Congreso le concedió a Fernando de la Rúa.