Controlarán destino del dinero de los sindicatos

El Ministerio de Trabajo dio ayer el último paso en su intención de avanzar más en el control de los sindicatos, pero a partir de una medida que en principio sería económicamente favorable para los gremios. Siguiendo una recomendación de la propia Organización Mundial de Trabajo (OIT) y mediante una resolución conjunta de la cartera que dirige Patricia Bullrich y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Héctor Rodríguez; desde julio los sindicatos pasarán a ser considerados impositivamente como «entidades sin fines de lucro».

Con esto «las entidades gremiales» dejarán de pagar impuestos y tendrán un status jurídico similar a las fundaciones, clubes y las asociaciones civiles. El tributo al que específicamente se refiere la medida, en el caso de los gremios, es Ganancias, impuesto que ya no tendrán que declarar. Sin embargo, y como contrapartida, también desde julio y luego de un cronograma que publicará el Ministerio de Trabajo, los sindicatos tendrán que presentar sus memorias y balances ante esa cartera. Más precisamente a la Dirección de Asociaciones Sindicales que depende de la Subsecretaría de Relaciones Laborales. Esta entidad tendrá desde el mes próximo que fiscalizar en directo el manejo de los fondos de los gremios, responsabilidad que hasta ahora estaba dentro de la AFIP.

Además, y como toda entidad sin fines de lucro, los sindicatos sólo podrán utilizar el dinero que ganen luego de descontar sus costos dentro de la propia entidad reinvirtiendo obligatoriamente la totalidad.

Con esto se les prohíbe a los sindicatos girar efectivo a cualquier otro destino fuera de la estructura orgánica del gremio, con lo cual quedarán prohibidas todos los aportes a las obras sociales. Según Trabajo, estas entidades serían destino eterno de los sobrantes de dinero que tendrían los gremios, lo cual distorsionaría el fin específico de los fondos que aportan los trabajadores.

• Interpretación

Para la interpretación legal que hacen los asesores de Patricia Bullrich, los fondos provenientes de los pagos de los empleados autónomos y en relación de dependencia a los gremios sólo pueden ser utilizados para mantener y mejorar su representación sindical; con lo que estaría prohibido cualquier desvío de fondos hacia las obras sociales. Indirectamente el gobierno quiere además blanquear definitivamente una situación complicada de las obras sociales, que actualmente deben más de u$s 600 millones y que según el Ministerio de Salud que dirige Héctor Lombardo deben comenzar un rápido proceso de fusiones para poder sobrevivir.

Los controles a los gastos y la administración de los fondos a los sindicatos se completa con otra medida conocida ayer, y adelantada por este diario, por la cual los sindicatos deberán descontar los aportes de los trabajadores desde los bancos y no directamente de los salarios que pagan las empresas. Según la visión de la cartera que dirige Bullrich, una auditoría y una fiscalización de un sindicato podría ser más efectiva, ya que existirá la información más clara sobre lo que entra y lo que se gasta y sale de un gremio; algo que hasta ahora era casi imposible de determinar.

Todas estas cuestiones serán controladas por la Dirección de Asociaciones Sindicales, una repartición que políticamente tendrá desde ahora una enorme importancia política en la relación entre el gobierno y los sindicatos.

Según Patricia Bullrich, «con esto lo que buscamos es darle más transparencia» a la administración de los sindicatos asegurándonos de que «los fondos que se les descuentan a los trabajadores vayan adonde deben ir».

Lógicamente se espera, en los próximos días, cuando los mayores dirigentes sindicales terminen de enterarse de estos cambios, una protesta masiva en defensa de los legendarios e históricos intereses gremiales.