Controversia por el costo para el país por el "estilo Lavagna" con acreedores

El jueves pasado se publicó una nota en este diario con el argumento de que la estrategia de demora que llevó adelante el ministro Roberto Lavagna en la negociación de la deuda en default con tenedores de bonos le costarían al país 23.000 millones de dólares extra. Es el monto equivalente a los intereses no pagados desde el 31 de diciembre de 2001 hasta el 30 de junio de 2004. La actitud dilatoria la inició siendo ministro del presidente designado Eduardo Duhalde y cuando suponía que otro titular del área económica con otro presidente asumiría, en definitiva, el espinoso problema. Pero, mediante anulación de internas del PJ y maniobras, Duhalde impuso su sucesor como primer mandatario electo y como ministro de Economía continuó siendo el mismo Lavagna. Igual siguió demorando el acuerdo con bonistas y nadie hasta ahora afirma que demorar haya sido una táctica exitosa para el país. Al contrario, desesperó a ahorristas externos que en número sin antecedentes mundiales en este tipo de default, malvendieron sus tenencias a los llamados «fondos buitre» se calcula en más de 20%. Y a éstos -es muy grave para la Argentina- no les interesa ningún arreglo con quita de deuda. Son especuladores que alentó Lavagna y que tienen espaldas y resto para esperar el juicio y tratar de obtener el valor total nominal de los bonos, inclusive con el costo judicial del pleito pagado por la Argentina por moroso. Un lector envió una interesante carta al diario, publicada el viernes último, sosteniendo que esos intereses, al capitalizarse, serían objeto de una quita. El periodista de este diario, autor de la nota original, dice que eso es parcialmente cierto: tendrán la quita que supone la distribución en el tiempo de cualquier compromiso. Pero, como sostenía en su nota original, no una quita nominal, como la que tuvo el capital adeudado. En otras palabras: de la deuda de capital de aproximadamente 88.000 millones de dólares, Lavagna sólo reestructurará 60.000. Se cumple así con la premisa original del gobierno: hacer una quita de 75%. En cambio de los intereses caídos que reconoce en esta segunda oferta, reestructurará el total: 23.000 millones de dólares. Hay una tercera posición: es la que indica que en realidad Roberto Lavagna no está pagando un dólar de intereses atrasados. Está justificada esta posición en los detalles de los anuncios efectuados por el Ministerio de Economía. No hay un nuevo bono por intereses atrasados y de hecho, quien al momento de la cesación de pagos tenía 100 dólares a cobrar del país, recibirá ahora un bono Par por u$s 100. Si Lavagna reconociera intereses, el acreedor debería recibir un bono Par por u$s 115, por ejemplo. Pero no es así. En este último caso, salva Lavagna su posición política como negociador moroso (y costoso). Pero complica la del Presidente: los 23.000 millones de dólares que se agregaron a lo que se va a reestructurar no hay que tomarlos como intereses caídos y sí como una mejora de la oferta, entonces habrá caído la bandera del gobierno por la cual se haría una quita de 75% a la deuda originaria.Veamos la segunda posición o sea mejor detallada la primera nota que llevó a la réplica del lector Andrés de Galarreta.

Roberto Lavagna

El costo que significa para el país la demora de Roberto Lavagna en alcanzar un acuerdo de negociación de la deuda pública es acaso el aspecto más polémico de la reestructuración en la que el ministro está empeñado. La estrategia dilatoria del ministro amenaza con convertirlo en uno de los negociadores más caros de la historia.

Sin embargo, la desventaja de negociar tan tarde parece ser un vicio oculto de la actual discusión entre el Estado y los acreedores. No tanto porque no haya sido denunciada. Como se consignó en anterior artículo, tanto Alfonso Prat-Gay como Néstor Kirchner señalaron que hubiera sido mejor abrir la transacción cuando «estábamos de rodillas». Sin embargo, la semana pasada Elisa Carrió y Rubén Lo Vuolo aportaron un argumento central para esas críticas: si el acuerdo obtiene una aceptabilidad superior a 70%, los intereses que Lavagna reconocerá por el período que va del 31 de diciembre de 2001 al 30 de junio de 2004, en que decidió no sentarse a la mesa suman casi 22.900 millones de dólares. Es decir, aproximadamente 9.000 millones de dólares por año. Si la aceptabilidad no supera 70 por ciento, esos intereses serán de 18.200 millones de dólares.

• Megacanje

La cifra es sideral si se tiene en cuenta que se están aceptando los intereses que el país pactó durante el megacanje de Domingo Cavallo. Las elevadas tasas de esa operación que se realizó en 2001 partían de varios supuestos. Primero, que el país seguiría teniendo acceso al crédito a pesar de las grandes posibilidades de incumplimiento. Segundo, que por esa misma reestructuración las condiciones de la economía mejorarían y, por lo tanto, sería posible pactar tasas menores en negociaciones futuras. Son supuestos absolutamente alejados de la situación posterior al default.

El reconocimiento de esas tasas originarias, cuando ya se está en cesación de pagos y cuando la economía mejoró notoriamente, tiene solamente una función: hacer más atractiva una reestructuración que, si fuera por los términos iniciales sostenidos por Néstor Kirchner (75% de quita en una deuda total de u$s 81.200 millones) sería, ab initio, inviable.

Estas evidencias parecen incomprendidas por el gran público y también por buena parte de la oposición al gobierno. Fue mérito de Carrió y de Lo Vuolo haberlas planteado la semana pasada en un artículo que firmaron en coautoría. Algunos profesionales de ciencias económicas -como el lector contador Andrés de Galarreta, que se dirigió a este diario el jueves pasado- no ubican el problema central. Es decir, que los 23.000 millones de dólares son el resultado de un taxi que Lavagna dejó correr durante dos años y medio. Reducir la extensión de esa demora hubiera sido achicar sensiblemente el monto de esos intereses. Esta evidencia debería ser algo obvio.

La posición de Carrió y Lo Vuolo es malinterpretada de manera extendida. El lector hace hincapié en que el monto total que el Estado terminará pagando no es de 23.000 millones de dólares ya que esos intereses reconocidos ahora serán capitalizados. Sin embargo, no es eso lo que está en discusión para los dirigentes del ARI. Lo que sí debería explicar Lavagna y entender el lector De Galarreta, es por qué se decidió negociar tan tarde si la demora le agregaría al capital de la deuda esos 23.000 millones de dólares.

• Diferencias

Que esos 23.000 millones se capitalicen es poco relevante. En la propuesta de Dubai, la Argentina emitiría bonos por 20.300 millones de dólares, que era el resultado de la deuda reconocida menos la quita (75%) impuesta por el gobierno. También esos 20.300 millones se capitalizarán y tendrán otra quita adicional, la que supone toda capitalización sea por los descuentos que se realizan en cada bono o por la postergación del pago.

En la propuesta actual, a diferencia de la de Dubai, la Argentina emitirá deuda por 38.500 o por 43.200 millones de dólares, según sea el nivel de aceptabilidad, como se explicó más arriba. La diferencia se debe a la demora de Lavagna, dispuesto a reconocer intereses de usura. Esto nos diferencia del contador De Galarreta, a pesar de que confiesa que él también cree que hubiera sido mejor sellar un acuerdo hace tiempo, «cuando estábamos de rodillas». Basta leer la presentación que realizó la Secretaría de Finanzas delante de la SEC de Nueva York para advertir que sobre los intereses capitalizados no se realizará quita alguna. Eso sólo ocurre con el principal que se reestructura: de 81.200 millones de dólares se la reducía, en la propuesta de Dubai, a 20.300 millones de dólares. Si los bonos que se emitirán suman, según la aceptación, 38.500 o 43.200 millones de dólares, como figura en la presentación ante la SEC, es porque no habrá quita nominal alguna sobre los intereses caídos, como sí la hubo (75%) sobre el capital originario.

De Galarreta se refiere luego al valor de mercado que tendrían los bonos una vez que se capitalicen los intereses caídos. Su argumentación es discutible porque identifica una quita imaginaria, que el gobierno no realiza, con la quita que hará el mercado en las operaciones de compraventa de esos bonos. El valor de mercado es ajeno para lo que está en discusión: importa lo que el Estado -no los particulares- pagarán por esos intereses, sea en efectivo (algo imposible por la dimensión del monto) o capitalizado.

Atrapado entre sus palabras y las pretensiones del Presidente, Lavagna llegó a este callejón sin salida. Para sostener la quita de 75 por ciento anunciada en Dubai, debió abultar la deuda de manera arbitraria, reconociendo las tasas firmadas por Cavallo pese a que el propio ministro criticó siempre el megacanje de 2001.

• Atractivo

Pero hay otro beneficio que el titular del Palacio de Hacienda piensa extraer del reconocimiento de las tasas originarias de los intereses caídos. Se trata de usar ese pago como variable para mejorar el índice de aceptabilidad de su propuesta. Lavagna sostuvo que si la aceptación de la propuesta es menor a 60 por ciento, él reconocerá solamente los intereses caídos hasta el 31 de diciembre del año pasado (u$s 18.200 millones). Si, en cambio, es superior a 70 por ciento, reconocerá los que cayeron hasta el 30 de junio próximo, es decir, u$s 22.900 millones. En otras palabras: la propia estrategia negociadora del ministro de Economía, basada en la lentitud, termina siendo el principal atractivo para los acreedores. Todo hasta llegar al absurdo de que los bonistas terminarán deseando que Lavagna tarde más en cerrar un trato: el taxi de la demora juega ampliamente a favor de ellos.

¿Cuáles son las razones por las que se eligieron esas fechas y no otras para reconocer los intereses? ¿Qué sucederá si, como es previsible, no se llega a un acuerdo razonablemente extendido antes del 30 de este mes? ¿Seguirá corriendo el taxi? ¿Hasta qué fecha? Son preguntas sin respuestas para una estrategia basada en la demora a la que le llevará tiempo encontrar un buen defensor, como sucedió con negociaciones históricas (desde la paz con Brasil hasta el tratado Roca-Runciman).