"Corralón" y dolarización

En estos días de devaluación institucional en la Argentina, en donde ya no sabemos si tenemos un Banco Central independiente o una corresponsalía de un poder político transitorio a cargo del descontrol monetario y financiero, pensar en cómo se sale en el mediano plazo, es más un acto de fe, que de análisis científico. El debate reciente sobre la salida del «corralón» puede haber sido causado por la «segunda línea», pero los temas involucrados son de primera categoría. Un tema es el diseño propuesto por Economía y sus posibles consecuencias hiperinflacionarias. El otro tema, paranoia conspirativa aparte, es el rebrote de la discusión de la dolarización (a favor o en contra) a partir del mismo peligro hiperinflacionario. Esta nota aporta una visión corta sobre ambos temas, pero desde una óptica diferente y que vuelve a enfatizar, como hemos hecho en otras ocasiones, el severo problema de vacíos institucionales, que tiene detrás la política económica en la Argentina. En esta visión la resolución del «corralón» como la plantea Economía, más allá del riesgo hiperinflacionario que es aritmética pura, esconde un problema más profundo de vacío institucional y de ausencia de reglas fundamentales, que termina haciendo política económica a favor de los grupos de presión y destruyendo la esperanza de tener un sistema financiero eficiente.

El problema en la resolución del «corralito» es que una operación financiera tan difícil y complicada en lo económico, financiero y jurídico está siendo mal encarada por una pelea distributiva. Esto es en algún modo comprensible cuando se trata de asignar la carga de la pérdida entre los dos grupos, que deben preocupar a la política pública, como son los ahorristas y los contribuyentes. El problema se complica cuando parte de las pérdidas tienen que hacerla accionistas de bancos que ya han visto esfumarse su capital en medio de una crisis financiera sin horizonte. Y finalmente, el problema se hace demasiado complicado cuando se busca beneficiar una vez más a los poseedores de «pasivos empresarios» bajo el argumento poco convincente de que se puede reactivar dando opciones para operaciones de compra de bienes que sirvan para cancelar pasivos bancarios.

Otra vez el mismo «duende» de la pesificación asimétrica de comienzos de año distrae a la política pública de los objetivos principales. El problema es que el duende ya le hizo elegir hace rato al gobierno entre los bancos y los «pasivos empresarios» a favor de estos últimos, y ahora, en esta segunda vuelta, ha instalado en la Argentina un modelo de aniquilamiento de los bancos privados que nos está llevando, por default, hacia la banca pública.

Frente a reglas de juego en donde es imposible prever cuántas veces se va a perder el capital invertido, el gobierno invita a los bancos a integrar «equity» en un país en donde la «gobernación» de las relaciones contractuales -la quintaesencia del capitalismo moderno- ha sido arrasada. ¿De qué otro modo puede explicarse la negación del Crédit Agricole a invertir en un negocio rentable como el de prestar al sector agropecuario argentino? Rentable si no se tuviera en cuenta que los contratos (desde los términos más simples hasta la ejecución de bienes dados en garantía cuando no se paga) van a ser violados por la intervención del gobierno. Rentable si no se tuviera en cuenta que el principal competidor en ese segmento no es otro banco privado al que pueden expropiar sino el principal banco público que tiene redescuentos a gusto. Algo raro y podrido desde el punto de vista económico-institucional ocurre en un país cuando alguien no quiere explotar una mina de oro porque sabe que lo van a robar en algún lugar o momento de la operación.

• Encuesta

La reacción a la dolarización proveniente del gobierno no entiende que la dolarización no es un evento de probabilidad cero en la Argentina, en particular si el caos hiperinflacionario se apropia del país. La encuesta de opinión sobre este debate se reveló en las calles del centro de Buenos Aires. Ya sabemos cómo va a votar la gente en medio del caos.

El tema de la dolarización es muy amplio como para agotarlo en esta nota. Pero sus proponentes, con Menem a la cabeza, cometen el error de no hacer la más mínima autocrítica ni de entender la conexión entre los vacíos institucionales en materia fiscal y el fracaso rotundo de la convertibilidad. Quieren cometer el mismo error de pensar que la elección de un régimen monetario duro es suficiente para que el país adopte políticas económicas consistentes con el mismo, sin importar la naturaleza de los shocks reales. No estoy diciendo que la dolarización sea imposible, inconcebible o indeseable en todas las circunstancias futuras. Simplemente que si no se entiende el problema institucional que determina, principalmente, a la política fiscal en la Argentina la discusión del régimen cambiario es absolutamente irrelevante para las preguntas constitucionales en lo político-económico que enfrenta la Argentina. No nacen, ni se hacen automáticamente, buenas instituciones económicas por la mera elección del régimen cambiario. La respuesta hay que buscarla en otro lado, desafortunadamente para los políticos que largan ideas «gancho» al voleo para provocar a la sociedad. Eso ya es parte del pasado.

¿Cuáles son las instituciones fiscales de la estabilidad macro en la Argentina? Es una tarea que nos aleja de esta nota. En los noventa, un grupo relativamente reducido de economistas aportó ideas que van desde la reformulación de las relaciones fiscales entre jurisdicciones hasta la constitución de fondos anticíclicos, leyes de responsabilidad fiscal, etc. Mi impresión hoy, a la distancia, es que se razonó pensando que se puede tener un porcentaje «sostenible» de deuda pública cuando la verdad es que la única restricción fiscal compatible con un país como la Argentina era eliminar la deuda pública cuanto antes. Razonamos erróneamente invocando ejercicios de sostenibilidad ex ante que no evaluaron los riesgos, o aludiendo al cumplimiento de relaciones deuda producto (a la Maastricht) que no se aplican a países con shocks y mercados de deuda como el nuestro.

• Dos datos

En rigor, había dos «datos» macroeconómicos de la Argentina que desde el comienzo de la convertibilidad ponían el acento en la insostenibilidad a largo plazo. El primero, que la Argentina nunca cumplió el criterio «olvidado» de Maastricht (no sobre cantidades sino sobre precios) de la diferencia de tasas de interés con el país de referencia. ¿Qué puede hacer que los inversores pongan una prima de riesgo tan elevada sobre un país tan viable para los ejercicios de sostenibilidad ex ante? Aparte de blasfemar contra las agencias de rating crediticio, nos olvidamos del segundo dato: que éramos (y somos, ex post) un país que comete defaults y expropiaciones y que ya habíamos cometido el mismo «error» antes. Algo anda mal en las instituciones de un país que repite una y otra vez estos desastres.

De esta visión se deduce un futuro en donde el sector público argentino va a tener que ahorrar y dar señales que marcha a ser acreedor neto del resto de mundo. Para los que se asombren con esta visión, por las consecuencias para el desarrollo o el gasto social, les recuerdo que no debe confundirse sector público con economía en su conjunto ni tampoco gasto público con participación del gobierno. Esta nueva política de austeridad no causará una deficiencia de capital para la economía, sino todo lo contrario: habrá un ingreso de capitales privados fenomenal (de argentinos y del resto del mundo) y la intermediación financiera y el crédito florecerán en la Argentina. Tampoco significará menor gasto público en general o gasto social en particular. Un presupuesto público que es un porcentaje moderado del tamaño de una economía grande y dinámica es varias veces más grande y decenas de veces más equitativo que una alta participación del Estado en una economía empobrecida y aislada del resto del mundo. Si quieren ver esto en números, esperemos un tiempo para comparar a un país como Chile, con una baja «participación» del Estado en un producto dinámico, y otro como la Argentina actual, preocupado en aumentar la participación del Estado en la pobreza de la Nación.