La política por la cual las autoridades energéticas vienen evitando ajustar las tarifas de energía eléctrica y gasífera a los consumidores domiciliarios, especialmente sensibles en un año electoral, parece haber estallado en el Noroeste ayer. En una reunión que se realizó en el Enargas (ente regulador de la actividad gasífera), los representantes de la Unión Industrial de Tucumán, de los sectores citrícola, azucarero y papelero quedaron enfrentados a los representantes de Repsol.
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Esos industriales advirtieron ante el presidente del Enargas, Fulvio Madaro, que no reconocerán los convenios firmados con la petrolera en su momento, dado que esos acuerdos no suponían un aumento en el precio del gas de u$s 1,20 el millón de BTU a u$s 1,98 el millón de BTU. Madaro, al parecer, aceptó el reclamo, por más que aquellos convenios son la forma en que Repsol financiará la ampliación del gasoducto que provee a la industria del Norte.
La disputa no sólo supone un conflicto que podría impedir la ampliación de la capacidad de transporte de gas en el NOA.
También abre una brecha entre Madaro y Daniel Cameron, el secretario de Energía, que había liquidado la crisis del año pasado con esta solución. Finalmente, y como una señal hacia Roberto Lavagna, los empresarios anunciaron ayer que cualquier aumento que consideren injustificado lo trasladarán a precios.
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