Una complicada situación que lo pone al borde de un proceso judicial enfrenta el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota a raíz de su decisión de emitir bonos por u$s 100 millones -aunque en el mercado financiero de La Docta se habla de u$s 500 millones-para poder afrontar la grave crisis financiera que lo agobia debido a los serios errores cometidos en la administración de los fondos y bienes provinciales. Las implicancias penales, obviamente no estriban en la decisión en sí de endeudarse, si se quiere materia de reproche político-financiero pero no penal, sino en la metodología que se habría empleado y que hasta estuvo a punto de generar un incidente diplomático con Chile por no informar (presuntamente) de la salida del país de los bonos impresos en su capital.
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Es que pese a las desmentidas iniciales, De la Sota tuvo que reconocer este fin de semana que se emitirán las Letras Cordobesas (LECOR), una primicia de «La Mañana de Córdoba» que se transformó en un hecho que erizó la piel de la oposición que demandará una investigación judicial. A esta emisión de bonos -según fuentes cordobesas de primera mano-se le agregaría la emisión de otro título por 1.000 millones de pesos o dólares para cancelar deuda pública cordobesa si fracasan las negociaciones con la Nación pese a que De la Sota ya recibió $ 70 millones del Ministerio de Economía, lo que provocó serios enojos en otros mandatarios provinciales que no disfrutaron de este regalo de Domingo Cavallo, socio político del gobernador cordobés.
Los detalles del transporte de los bonos desde Chile hacia la provincia mediterránea se pare-cen al guión latinoamericano de una película de espionaje. El 5 de noviembre pasado, en el libro de registros de la torre de control del aeropuerto de El Plumerillo en Mendoza quedó asentado el aterrizaje de un avión Metro 3, turbohélice, matrícula LVZMG, perteneciente a la empresa Baires Flight SA, procedente de Santiago de Chile. En su interior como único pasajero se encontraba Olga Ruitort, esposa del gobernador, quien no declaró carga alguna en el manifiesto correspondiente. El avión piloteado por Lorenzo Marzialetti y Diego Monroy, junto con Ruitort, debió permanecer en Mendoza ya que no pudo proseguir hacia el aeropuerto de «Pajas Blancas» en Córdoba por razones meteorológicas. La mujer, quien también es secretaria general de la Gobernación, ordenó precintar la aeronave para continuar viaje al día siguiente. La carga, con bonos de 2, 5, 20 y 50 pesos, fue recibida en la estación aérea de la capital cordobesa en 4 camiones blindados que cargaron entre 6 y 8 paquetes.
Sobre la impresión de los bonos, las informaciones difieren en cuanto a su origen: para algunos -versión alentada por el propio gobierno provincial-fue contratada la Casa de la Moneda de Chile que cobró por el trabajo un poco más de un millón de pesos; para otros, se trató de una impresión realizada por la filial Chile de la empresa De la Rue.
Retraso
En lo que no habría diferencias sería en la versión de que el camión que llevó los bonos desde la casa impresora hacia el aeropuerto «Arturo Merino Benítez» de la capital trasandina fue detenido por autoridades aduaneras chilenas en la misma pista cuando se transfería la carga. Ello derivó en un retraso de 48 horas de la salida del avión por la falta del manifiesto de la declaración de exportación que tuvo que ser solucionado por vías diplomáticas. La carga eran los bonos de De la Sota con 1.016 kilogramos de peso.
También la privatización del Banco de la Provincia de Córdoba presenta oscuros nubarrones en su concreción. Todo surge a partir de un redescuento del Banco Central a la entidad cordobesa para integrar requisitos de liquidez. Pero, ese redescuento habría sido utilizado por De la Sota para pagar sueldos por un total de $ 50 millones, según surge del decreto provincial 2.591.
El hecho fue puesto en conocimiento de los nuevos adjudicatarios del Banco de Córdoba que encabeza José Rohm, del Banco General de Negocios (BGN). Por ese motivo, el BGN pospuso la toma de control del banco provincial, temeroso Rohm -debido a sus últimas experiencias-de tener que afrontar un proceso judicial por la indebida utilización del redescuento bancario. De todos modos, que tampoco con esa medida extrema De la Sota pudo solucionar el problema salarial porque aún debe pagar las jubilaciones.
Pero, además, la operación LECOR le trajo a De la Sota un fuerte enfrentamiento con el intendente Germán Kammerath con quien ya hace un tiempo que se viene distanciando.
Es que la municipalidad de la capital provincial tenía previsto emitir unos $ 15.000.000 de LETES (Letras del Tesoro) y para ello habría contratado como encargados de la operación al «Estudio Brochou, Fernández, Madero Lombardi & Mitrani», cuya experiencia en el mercado financiero habría asegurado la colocación final de la LETES. Pero De la Sota le pidió a Kammerath que frenara la operación porque lo descolocaba políticamente en momentos en que se encuentra apostando fuerte en la interna del PJ nacional con vistas al 2003 en base al siguiente razonamiento: si el intendente pagaba con pesos, la reacción contra el gobierno provincial, que pagaría con bonos, por parte de los gremios enfrentados al gobierno provincial, podría ser muy dura. Ergo, ahora el perjudicado es Kammerath.
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