De Vido y Moreno darán subsidios (de energía)

El reglamento del plan Energía Total, que se publicó ayer, revela el poder que tiene de hecho desde el invierno pasado, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta. También la necesidad creciente de subsidio para resolver la oferta insuficiente de gasoil, gas y electricidad.

Baratta, de hecho el segundo después del ministro Julio De Vido, estará al frente de la «unidad ejecutora» del proyecto, con el que el gobierno pretende aliviar la escasez energética en los próximos meses, subsidiando la diferencia entre el precio internacional y el que se fije en el mercado local de los sustitutos del gas, la electricidad, y el gasoil. Según algunas estimaciones, el monto de las compensaciones para este año superaría los u$s 3.000 millones.

La Secretaría de Energía, los entes reguladores y la Secretaría de Comercio Interior quedan como meros organismos de asesoramiento técnico, con la salvedad de que la dependencia a cargo de Guillermo Moreno será la que fije los precios para el mercado interno de los sustitutos del gas natural, la electricidad, y del gasoil.

Gestión operativa

ENARSA, la empresa estatal de energía, constituirá la unidad de gestión técnica operativa con la cual firmarán contratos los beneficiarios del plan y las compañías que se ocupen, entre otras cosas, de instalar un sistema de provisión de gas natural (GNL) regasificado para incorporarlo a los gasoductos.

Tanto el programa de GNL regasificado, el de propano-aire para asegurar la presión de gas en Capital Federal y GBA, y posteriormente en toda la provincia de Buenos Aires, podrán prorrogarse por cuatro años, después de éste, con lo que de hecho se admite que hasta 2013 no se podrá contar con una cantidad importante de gas boliviano.

El reglamento contempla, además del GNL regasificado y la provisión de propano-aire, el suministro de combustibles alternativos, líquidos derivados del petróleo.

En esto también intervendrá Moreno, quien propondrá a la unidad ejecutora los volúmenes a suministrarse, según la oferta y demanda de combustibles líquidos (gas licuado de petróleo, gasoil, fueloil, nafta y mejoradores octánicos).

ENARSA definirá los valores de compra, «dentro de los parámetros referenciales del mercado internacional», pudiendo intervenir toda empresa refinadora o importadora de combustibles constituida legalmente en el país que califique, en función de un reglamento específico todavía no difundido.

Baratta junto con Moreno definirán los valores de comercialización para el mercado interno, y la diferencia será afrontada con las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos.

Uno de los objetivos de la importación de combustibles será también «evitar posibles situaciones de insuficiencia en el suministro de combustibles, que condicionen el incremento en la demanda asociado al crecimiento de la economía». Esto significa que el Estado se hará cargo de la diferencia entre el precio internacional y el local para el gasoil que se requiera comprar en el exterior en los momentos pico de la demanda, como en la cosecha.

Además, el plan de sustituir gas o electricidad por combustibles alternativos se destinará a las empresas que utilizan esos productos por red, como insumo necesario para la actividad que desarrollan. A su vez, ENARSA, «por sí o a través de terceros» se encargará de administrar los sistemas de provisión de combustible líquido a los que adhieran al programa.