Decide hoy juez Griesa si traba oferta a bonistas

Thomas Griesa

El equipo económico deberá superar hoy dos escollos judiciales para lanzar el 29 de este mes la oferta para reestructurar la deuda. El juez neoyorquino Thomas Griesa deberá definir si acepta los pedidos de ahorristas argentinos y de un fondo de inversión alemán para que se suspenda la operación ante irregularidades que habría cometido el gobierno para llegar a la propuesta final.

Una de las presentaciones fue realizada por un grupo de ahorristas argentinos, que « adoptaron» como figura a Tomás Pico Estrada, un jubilado de 74 años que compró bonos ahora en default. La otra fue presentada por el fondo de inversión de origen alemán H.W. Urban, que contará con el apoyo del principal grupo que concentra a los acreedores extranjeros, el Comité Global (GCAB, según las siglas en inglés).

• Abanico

«Si fuera una operación privada, probablemente el juez se tomaría por lo menos dos semanas para definir. Pero siendo que se trata de una deuda soberana, es probable que la decisión sea muy rápida», explicó un abogado que ya trabajó en varias presentaciones por el default ante juzgados de la Argentina y del exterior.

Griesa tendrá un abanico de posibilidades para tomar una decisión: desde ordenar que se frene inmediatamente la oferta hasta dejar que el proceso continúe tal como se viene desarrollando. Podría tomarse algunos días para decidir o pedirle información adicional al gobierno argentino antes de resolver.

En ninguna de las dos presentaciones el objetivo es evitar que la Argentina lleve adelante la oferta, sino más bien suspender el proceso hasta que se aclaren los puntos planteados.

La audiencia será hoy a las 16.30 y confluirán los abogados de la Argentina (el bufet Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton) y los defensores de los acreedores: Ralph Stone por el fondo Urban; mientras que Guillermo Gleizer y el estudio Sirota y Sirota, por los ahorristas argentinos.

En este encuentro se pondrán en discusión dos aspectos de la oferta:

• Modificaciones de las «cláusulas de salida»: Conocidas como «exit consents», se trata de un mecanismo que tiene el gobierno para modificar las características de los bonos que están en default. Para conseguir ese cambio, hace falta conseguir no menos de dos tercios de cada serie de bonos. La idea de realizar estos cambios es quitarle incentivos a los bonistas a no aceptar el canje.

De acuerdo con el escrito presentado por Gleizer, el gobierno estaría incurriendo en un fraude para modificar estas cláusulas. La explicación es que al efectuarse el canje de la deuda en noviembre, cuando el gobierno entregó a fines de 2001 los préstamos garantizados se quedó con los bonos originales, con lo cual ya se aseguró un fuerte porcentaje de voto favorable. En Economía esperan salir airosos de estas objeciones prometiendo que no se modificarán las cláusulasoriginales de emisión, pese a que anteriormente habían dicho lo contrario. Por lo tanto, los bonos que no entren en el canje seguirían cotizando y se mantendrá su jurisdicción original. Así se evitaría un perjuicio adicional que tendrían los acreedores que decidan quedarse afuera de la reestructuración.

• Negociación con acreedores que presentaron « acciones de clase»: es el caso del fondo Urban, que litiga bajo este mecanismo a nombre propio y del resto de los acreedores que tienen su mismo tipo de bono (Global 2009 y 2017, entre los más importantes). Según la ley americana, en este tipo de situaciones, el gobierno debería negociar con quien encabeza la «class action» a través de la Justicia y no por intermedio de una audiencia pública. Quienes siguen de cerca el proceso, aseguran que este planteo tiene mayor probabilidad de éxito que el anterior, aunque se duda respecto de la dureza que podría tener Griesa en este caso.

Más allá del resultado de hoy, se espera que las presentaciones legales para frenar el canje proliferen una vez que esté abierto el proceso, a fin de este mes.