2 de diciembre 2004 - 00:00

Define Congreso proyectos clave

Se confirmó ayer que esta vez la maratón de leyes de fin de año en el Congreso afectará directamente a las empresas. El Senado y Diputados sancionaron proyectos que castigan al sector financiero, las telecomunicaciones y hasta a quienes les hayan otorgado préstamos a las provincias.

• Garrafas

La Cámara de Diputados anoche se aprestaba a sancionar el proyecto de ley de regulación de comercialización y distribución del Gas Licuado de Petróleo, más conocido como la ley de garrafas. La norma tiene dos herramientas clave para intervenir en la baja de precios del mercado de garrafas: una reducción de 50% en la alícuota de IVA y la fijación de precios de referencia por parte de la Secretaría de Energía para la comercialización de esos envases.

Esa paradoja fue remarcada tanto por los diputados oficialistas como por los opositores. Por eso fue respaldada por la oposición, que ponderó la necesidad de regular el mercado, pero al mismo tiempo criticó por el contenido de distintos artículos.

• Embargos

El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que establece la inembargabilidad de los fondos públicos provinciales y municipales, un beneficio del que ya gozaba el Estado nacional y al cual fueron equiparadas. De manera que a partir de su promulgación y publicación en el Boletín Oficial, no podrán ser objeto de embargo los fondos provinciales y municipales, valores y todo tipo de financiamiento afectados a su ejecución presupuestaria.

• Tarjetas

El Senado sancionó ayer el proyecto que reduce las comisiones que las emisoras de tarjetas de crédito pueden cobrar a los comercios. Ahora pasará a Diputados. Prohíbe aplicar aranceles diferenciados a comercios del mismo rubro. Se impide que las empresas emisoras carguen con comisiones superiores a las de los comercios chicos y beneficien a los supermercados con un arancel menor. Y además se ponen límites: el cargo por ventas con tarjetas de crédito no podrá ser superior a 3% y 0,5% para las de débito.

• Telefónicas

El gobierno quiso bajar la presión ayer en su relación con las empresas de telefonía y le pidió al Senado que postergara una semana la votación del proyecto que habilita a los municipios de todo el país a aplicar un impuesto por el uso del espacio aéreo y terrestre para el cableado. Ese nuevo gravamen en realidad alcanza a cualquier empresa que deba utilizar espacios públicos para tendido de redes. El freno a la polémica iniciativa, de todas formas, no será para siempre.

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