Deroga Senado figura polémica antibancos

Economía

La derogación de la absurda ley de "subversión económica" no alcanza aún para dar seguridad jurídica y reinsertar el país en el mundo. Algunos artículos del proyecto que el Senado aprobaría mañana merecen un veto del Ejecutivo, porque pasan al Código Penal insólitas cláusulas como la que pena con prisión la "negligencia" en el delito de vaciamiento empresario. Además, subsiste inquietud por el último artículo de la iniciativa: allí se establece que las causas actualmente en trámite ante la Justicia Federal continúen sustanciándose hasta que se dicte sentencia definitiva. Una riesgosa disposición que fue puesta para tranquilizar a opositores.

El Senado tiene previsto derogar mañana «subversión económica», polémica figura utilizada por algunos jueces para perseguir banqueros, aunque la norma fue sancionada en 1974 para juzgar a empresarios ligados a organizaciones guerrilleras.

El gobierno podrá cumplir así con el «Documento de los 14 puntos» que firmaron los mandatarios provinciales y una de las recomendaciones clave del Fondo para afianzar la seguridad jurídica. Pero no se trata de una ley perfecta: se espera que el Ejecutivo vete algunos puntos objetables a ojos del FMI, por ejemplo, el que traslada al Código Penal la negligencia en el delito de vaciamiento empresario con pena de prisión; además de la cláusula que dispone que -a pesar de la derogación-las causas actualmente en trámite ante la Justicia Federal continúen sustanciándose hasta que se dicte sentencia definitiva.

El proyecto -original de los provinciales Ricardo Gómez Diez (Renovador-Salta) y Pablo Walter (Fuerza Republicana-Tucumán)- llegará en revisión, después de una sorpresiva sanción en la Cámara alta y una traumática discusión en Diputados (ver nota aparte). Gracias a estos antecedentes, nadie garantiza que, finalmente, no se postergue la sesión prevista para mañana.

• El dictamen de asuntos penales y regímenes carcelarios está redactado desde el viernes y sólo le falta una firma para habilitar el tratamiento en el recinto sin necesidad de apelar a la adhesión de 2/3 de los presentes, número que se resistiría a prestar el radicalismo.

• La santacruceña
Cristina Fernández de Kirchner se negó a suscribir el despacho de comisión que redactó el correntino Angel Pardo. Este último es vice de aquella dependencia parlamentaria, pero quedó a cargo ante un coreográfico -y transitorio-paso al costado del titular de Asuntos Penales, Jorge Agúndez (UCR-San Luis). El correntino, en compañía de su compañero de Neuquén, Sergio Gallia, prometió remediar el faltazo de la anterior sesión (cuando al PJ no le alcanzaron los votos y debió levantar la iniciativa de los provinciales Gómez Diez-Walter).

• El gobierno, aún con dificultades, cuenta en la sesión con 34 votos favorables a la derogación, de los cuales 2 pertenecen a los autores del proyecto y el resto al peronismo que suma un par de manos a las 30 propias que logró con la sanción de hace 18 días.
Para llegar al resultado esperado, tendrá que cambiar el voto o ausentarse, por lo menos, un par de senadores. Sobre 69 legisladores en funciones del total de 72 (permanecen vacantes sendas plazas de Corrientes y Capital Federal, más una licencia por enfermedad de Pedro Salvatori, del Movimiento Popular Neuquino), habría 35 miembros por la negativa entre radicales (23), delegados de fuerzas del interior (el liberal de Corrientes, Lázaro Chiappe; la sanjuanina Nancy Avelín y la neuquina Luz Sapag), la frepasista Vilma Ibarra y el octeto de disidentes del justicialismo. Aunque pueden presentarse deserciones, por ejemplo, que Rubén Martí (UCR-Córdoba) siga en cama y Agúndez vuelva a excusarse por su pertenencia al Consejo de la Magistratura. Así quedarían 34 a 33, si no hubiera fisuras entre los oficialistas y se impondría el fin de una anacrónica ley.

Para asegurar la aprobación, el bloque conducido por
José Luis Gioja desplegó una serie de movimientos:

• Restableció el diálogo con los peronistas díscolos del bloque, el riojano
Jorge Yoma; los entrerrianos Jorge Busti y Graciela Bär; el chubutense Marcelo Guinle; los sanluiseños Liliana Negre de Alonso y Raúl Ochoa; y los santacruceños Cristina de Kirchner y Nicolás Fernández.

Yoma
y Busti se jugaron frontalmente contra la anulación de la polémica figura de «subversión económica», e inclusive rechazaron la reforma a la ley (sin derogación) que había consensuado el Ejecutivo con las conducciones de las bancadas del PJ, la UCR y el Frepaso. Ambos denunciaron que la modificación o la anulación equivalían a dejar en libertad a los banqueros procesados. Por esta razón -y porque son muy conocidos-, no están en condiciones siquiera de replantearse un cambio.

• Después del sondeo de
Gioja, Busti llegó a la máxima concesión de comprometerse a no hacer un discurso en contra de la derogación para no poner en mayores aprietos al duhaldismo. «No puedo dejar de pensar que es un error de oportunidad tocar esta ley y, por lo tanto, mantendré mi voto», deslizó el ex gobernador de Entre Ríos.

Los sanluiseños, tras una deliberación con
Alicia Lemme, se juramentaron a conservar la coherencia. Y, obviamente, se espera una posición similar de los santacruceños. Negre de Alonso opinó también que «la votación en Diputados fue antirreglamentaria porque, una vez que perdió la puja el dictamen de mayoría, debería haberse dado por rechazada la ley».

Con ese panorama, la única posibilidad de solución, a nivel doméstico (y, como se verá más adelante, casi en general), consiste en seducir a
Bär o a Guinle, quien tiene problemas de salud. Se los habría tentado con la alternativa de que no estén en sus bancas al momento del sufragio.

• Procuró cerciorarse de que
Walter y Gómez Diez pudieran aportar una mano extra del Interbloque Federal de provinciales, no obstante que están en la vereda de enfrente del Ejecutivo en la mayoría de los casos. Gioja consultó con Salvatori (MPN) que está de licencia -por lo menos, 15 días más-por una intervención quirúrgica. El neuquino explicó que no tenía autorización médica para asistir a la sesión y recordó al sanjuanino que su comprovinciana Sapag ya se había pronunciado en contra de la derogación en nombre del mismo partido.

• Acordó con los caciques de la UCR que,
sin dejar de defender el proyecto propio, facilitaran la sanción de la derogación. El jefe del bloque radical, Carlos Maestro, y hasta el chaqueño Angel Rozas (presidente del comité nacional) hicieron un punteo para saber si alguien estaba dispuesto a pegar el faltazo, el viernes, luego de prometer ayuda al propio Eduardo Duhalde. Durante las conversiones preliminares, se llevaron un chasco: el resultado fue que nadie habló de bajarse y, encima, dos de los tres legisladores que estuvieron ausentes en la anterior votación comunicaron que estarían aferrados a sus respectivos escaños. Se trata de los rionegrinos Luis Falcó y Amanda Isidori, que no pudieron participar en aquel momento porque tenían que atender elecciones comunales en El Bolsón y Bariloche.

Resultará bastante complicado que el radicalismo facilite la tarea, a pesar de
Rozas, Maestro y el mismo Alfonsín. El caudillo de Chascomús está frente a varias disyuntivas: se opone a la derogación, aunque forma parte de la alianza con el duhaldismo; también, se contradice a sí mismo: en el '84, siendo presidente, envió al Congreso el proyecto de anulación de la ley de «subversión económica».

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