A través del Decreto 584/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional resolvió la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y su reemplazo por la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un organismo descentralizado que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía.
18 de agosto 2025 - 09:41
El Gobierno avanza en la disolución de la CNRT y Luis Caputo suma más poder en el organigrama
La medida, oficializada mediante el Decreto 584/2025, redefine las competencias del organismo de control y establece un nuevo esquema de funcionamiento bajo la órbita del Ministerio de Economía.
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El Director Ejecutivo será la máxima autoridad de la Agencia, nombrado por Caputo.
El decreto establece que la Agencia tendrá a su cargo la representación legal e institucional, la dirección general y la gestión económica, financiera y patrimonial. Asimismo, podrá aprobar su reglamento interno, proponer su estructura organizativa al Poder Ejecutivo, administrar los recursos humanos y confeccionar la memoria anual de gestión.
La norma faculta además al organismo a aceptar herencias, legados y donaciones, y a celebrar contratos y convenios con organismos públicos y privados, tanto del país como del exterior.
El Director Ejecutivo será la máxima autoridad de la Agencia, ejercerá el cargo con dedicación exclusiva y estará sujeto a un régimen de incompatibilidades similar al de otros funcionarios públicos. Durante el ejercicio de sus funciones —y hasta dos años posteriores a su cese— no podrá tener participación accionaria ni vínculos profesionales con empresas de transporte. El personal, en tanto, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) y por el Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional.
Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado.
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