El Gobierno extiende el plazo para adherir al régimen de cancelación de deudas y fija nuevas condiciones

La normativa amplía los tiempos para que las jurisdicciones se sumen al esquema y establece cambios en los mecanismos de validación y negociación de pasivos.

El Gobierno extendió el plazo para adherir al régimen de cancelación de deudas.

El Gobierno nacional resolvió prorrogar el plazo de adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, el sistema diseñado para compensar deudas entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La medida se formalizó a través del decreto 171/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La normativa original, vigente desde octubre de 2024, buscaba ordenar y saldar compromisos cruzados entre los distintos niveles del Estado. Con la nueva disposición, las jurisdicciones interesadas tendrán ahora 60 días hábiles administrativos para manifestar su intención de participar ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, con posibilidad de una prórroga adicional.

Qué modifica la resolución

Además de extender los plazos, el Poder Ejecutivo introdujo modificaciones en el procedimiento. Entre ellas, se fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2027 para que las provincias y la Ciudad presenten la documentación respaldatoria de las deudas que pretendan incluir en el régimen.

El esquema prevé que los organismos técnicos de la administración central elaboren informes sobre la verosimilitud, cuantificación y conveniencia de incorporar esas obligaciones. A su vez, cada presentación deberá contar con la intervención previa del área jurídica del Ministerio de Economía.

El régimen de cancelación de deudas fue extendido por el Gobierno.

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Uno de los cambios centrales es la incorporación de un nuevo artículo que establece que cada jurisdicción será responsable de validar y proponer sus deudas y acreencias, que luego deberán ser negociadas entre las partes.

En caso de encias, la norma contempla una instancia de negociación bajo criterios de “buena fe y lealtad federal”, con plazos definidos que podrán extenderse si así lo dispone la autoridad de aplicación.

El decreto también regula los casos en los que existan litigios judiciales o arbitrales, para los cuales se exigirá la intervención previa de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, en línea con la legislación de administración financiera.

El régimen permite cancelar deudas mediante distintos mecanismos, incluyendo la transferencia de bienes como tierras, empresas o activos estatales, en un intento por avanzar en el saneamiento de las cuentas públicas.

Cómo evolucionó el esquema

Cuando se lanzó el esquema, el entonces funcionario del área de Interior, Lisandro Catalán, había señalado que la adhesión sería voluntaria y que la iniciativa apuntaba a reordenar las relaciones fiscales entre Nación y provincias.

Desde su implementación inicial, ocho provincias se sumaron al régimen: Salta, Catamarca, Chubut, Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Tucumán y Corrientes.

La extensión de los plazos y los cambios operativos buscan ahora ampliar la participación y acelerar los acuerdos, en un contexto en el que el Gobierno insiste en avanzar con la regularización de pasivos entre jurisdicciones.