En 30 días gobierno lanza la nueva policía del trabajo

El gobierno presentará hoy los textos de los decretos de creación de una nueva policía de trabajo para todo el país y del lanzamiento de la segunda etapa de simplificación para la contratación de personal, junto con el de las rebajas para las jubilaciones de privilegio. Las tres medidas, a cuyo contenido tuvo acceso este diario, forman parte de los principales aportes del Ministerio de Trabajo que dirige Patricia Bullrich al paquete de 31 decretos con los que Fernando de la Rúa relanzó su gestión. En general, lo que se observa en los tres decretos es que el Ministerio de Trabajo adquiere más poder para controlar y fiscalizar dentro de las empresas la existencia de evasión previsional y de trabajadores en negro, tarea que hasta ahora era conducida fundamentalmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En este sentido, la medida que crea la nueva policía de trabajo les otorga a los inspectores del Ministerio casi la misma autoridad que a los agentes de Impositiva, que si bien integrarán las «patrullas» de controles, sólo podrán intervenir en situaciones impositivas.

Además, Trabajo administrará el nuevo banco de datos general de los contribuyentes, que acumulará toda la información laboral y previsional de los empleados. Si bien nunca la AFIP había tenido esta responsabilidad, hubo varios intentos dentro del gobierno de la Alianza para crear un banco de datos que incluya la información básica de los contribuyentes, y siempre se pensó en la AFIP como conductor y administrador de este tipo de proyectos. El último intento de ese estilo fue la formación de una repartición llamada Sistema de Identificación Nacional, Tributaria y Social (SINTyS) y que sería manejada por el titular de la AFIP y dependiente de la repartición que ahora maneja Chrystian Colombo.

Sobre la propuesta para reducir las jubilaciones de privilegio, el decreto reglamentario no menciona la fecha concreta en que comenzarán estos descuentos para los que cobren más de 500 pesos mensuales, ya que primero habrá que esperar que las provincias y los municipios envíen los datos sobre sus «jubilados» al Ministerio de Trabajo. Recién allí se establecerá el monto de los descuentos para las tres escalas: más de 60 años, entre 50 y 60 y menos de 50.

Los principales contenidos de los tres decretos son los siguientes.

 Policía de trabajo

Se trata de uno de los últimos capítulos de la controvertida ley de reforma laboral que en su momento impulsó el fallido Alberto Flamarique. En concreto, lo que se crea es un Sistema Integrado de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIITySS), que debería «vigilar el cumplimiento de las normas del trabajo y la seguridad social, garantizar los derechos de los trabajadores previstos en el artículo 14 bis de la Constitución nacional y de los convenios internacionales ratificados por la Argentina», según el texto de los considerandos. Lo que en definitiva debe hacer este sistema «es fiscalizar a las empresas para saber si existen trabajadores en negro o violaciones a las condiciones laborales pactadas. La organización de este sistema queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo, que llamará a participar a agentes de la AFIP, ANSeS y a las delegaciones laborales de las provincias que firmen pactos con la Nación. Esto último posibilitaría que inspectores cruzados y compartiendo los datos de las dos fuentes sean los que efectúen las fiscalizaciones.

El decreto, si bien no avanza en la reglamentación específica de este sistema, sí menciona que una inspección debe generar resultados concretos a los 30 días de haberse efectuado, con lo que se le quiere dar cierta celeridad al organismo ya que si los resultados de la inspección son entregados fuera de ese tiempo, la fiscalización no será considerada como válida.

 Simplificación

Ahora se pone en funcionamiento el padrón de empleadores y trabajadores con sus grupos familiares incluidos, que será manejado por la Unidad Administradora del Sistema Unificado de Base de Datos (Unasubd). Esta repartición dependerá del Ministerio de Trabajo y en la práctica tendrá la facultad de almacenar en un solo archivo personal, y a partir del nombre y número de CUIT de un empleado en relación de dependencia, los datos del ANSeS, AFIP, ART y AFJP.

Se aclara, además, que a su vez las reparticiones que aportan los datos a la Unasubd seguirán manejando sus propios datos, pero no los podrán cruzar con los de la ANSeS o las ART. Esta posibilidad únicamente podrá efectuarla el Ministerio de Trabajo. La Unasubd estará dirigida puntualmente por tres integrantes de un comité ejecutivo que elegirá el Presidente a proposición del Ministerio de Trabajo. El llamado a integrar este comité deberá completarse antes de 30 días, y luego habría otros 30 para determinar a las personas. Luego habrá otros 30 para que este comité elabore un reglamento interno. En total, este organismo deberá estar en funcionamiento antes de junio, como última fecha. Ese mes no fue elegido al azar, ya que los tiempos autoimpuestos por Trabajo hablan de que para esa fecha la tercera etapa para la simplificación laboral deberá estar comenzando. Esto es, la posibilidad de que los trabajadores reciban en sus cuentas bancarias el salario en bruto y que desde allí comiencen los descuentos a las diferentes cajas: ART, AFJP, AFIP, etcétera. Se incluye la obligación de respetar los salarios inferiores a $ 500 y comenzar a reducir los pagos mensuales por encima de esa cifra para los que perciban jubilaciones provenientes del Régimen Previsional Público del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, popularmente llamadas jubilaciones de privilegio. Especialmente embiste contra los pagos que se efectúan en las provincias y municipios, ya que se llama a todas las reparticiones a que informen los datos de estos pagos al 31 de mayo de 2000, para luego determinar los montos de las quitas por encima de los 500 pesos. Si bien la ministra Patricia Bullrich había anunciado en la conferencia de prensa del jueves pasado la existencia de una escala para estas reducciones según la edad del beneficiario (más de 60, entre 50 y 60 y menos de 50), este dato no figura en el decreto y sería reglamentado luego de que las provincias y los municipios envíen sus datos.

Tampoco está determinada la fecha exacta en que comenzarán las reducciones de los haberes. Esta demora se debería a que haría falta conocer los importes regionales para determinar el monto del ahorro que se busca. Las provincias y municipios tendrán 60 días desde la aparición del decreto para remitir la información a Trabajo.