En España sí se consigue: PSOE y Podemos acordaron reducción de tarifas energéticas para 2019

Proponen el desarrollo del modelo de "transición" energética, la presentación de una Ley de Cambio Climático, la revisión de los beneficios de las empresas del sector y una nueva estrategia nacional contra la pobreza energética.

El presdiente Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, firmaron en la Moncloa un acuerdo de 50 páginas, con 14 puntos termáticos, para tratar en el Presupuesto 2019 de España.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el líder del partido de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, cerraron un acuerdo para incorporar una fuerte reducción de las tarifas energéticas en el Presupuesto 2019 de España.

La medida se enmarca en un pacto de mayor alcance, que incluye una destacada suba del salario mínimo; más fondos para viviendas y protección de inquilinos; actualización de pensiones; nuevos impuestos al patrimonio y las transacciones financieras; más inversión en ciencia e investigación; escolaridad pública de 0 a 3 años; iniciativas culturales y contra la violencia de género, entre otras.

Sánchez e Iglesias firmaron un documento de 50 páginas donde proponen el desarrollo del modelo de "transición" energética hacia los renovables, la presentación conjunta de un proyecto de Ley de Cambio Climático, la revisión de los beneficios para las empresas del sector y una nueva estrategia nacional contra la pobreza energética. 

Según anunciaron a la prensa, reducirán la "sobrerretribución" que reciben en el mercado mayorista las empresas generadoras de energía hidráulica y nuclear porque consideraron que ya recuperaron "sobradamente" sus costos de inversión inicial. Estas tecnologías producen energías baratas, pero se pagan a un precio muy alto porque son las últimas que entran en el "pool" energético de España. Son los llamados "beneficios caídos del cielo".

También se comprometieron a "revisar" los pagos extra por capacidad que reciben algunas centrales, principalmente las gasíferas, por estar "disponibles" cuando las fuentes renovables no permiten cubrir la demanda total de energía.

Prometieron fomentar desde el Estado a las comercializadoras municipales de energía para "abrir" el mercado y permitir que las empresas públicas compitan con las privadas, lo que anticipa más competencia, mejores ofertas y menores precios.

Además, acordaron impulsar una reducción de los kilovatios (kW) de potencia de las instalaciones eléctricas, lo que generará un importante ahorro en las facturas, a pesar de que no baje el nivel de consumo. Igualmente, se prevé achicar el costo "variable" de la electricidad, de modo que los primeros kilovatios consumidos sean más baratos.

Para paliar el cambio climático, se incorporó un subsidio estable, ininterrumpido y con vigencia hasta el 2020 para la producción y venta de vehículos eléctricos no contaminantes. La ayuda económica provendrá del 30% del último aumento impositivo al diésel.

Pero la más propuesta más ambiciosa incluye un fondo de 50 millones de euros para la lucha contra la pobreza energética, que afecta a 4,6 millones de personas, y una "reforma profunda" del bono social, similar a la tarifa social argentina, que hoy reciben 1,3 millones de españoles.

En principio, los dirigentes plantearon que el bono social se extienda al servicio de gas, convirtiendo su solicitud en "automática", aunque con un nuevo criterio de adjudicación: el ingreso per cápita del hogar vulnerable.

El PSOE y Podemos pretenden que la ampliación del beneficio lo paguen "todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación", y ya no las comercializadoras en función de su cuota de mercado.

Previsible, todas estas medidas ya generaron estupor en las empresas proveedoras, que seguramente no se quedarán de brazos cruzados. Según informó el conservador Ok Diario, las compañías eléctricas admitieron por lo bajo que el paquete de medidas suponen un golpe al futuro de su negocio. "Nos parece muy bien que haya un bono social, no estamos en contra de eso, pero lo que no puede ser es que lo paguemos las empresas. Acabaremos en los tribunales", anticipó un importante empresario del rubro, que no reveló su identidad.

Las energéticas recordaron que existen sentencias del Tribunal Supremo que impiden trasladar los costos de financiamiento del bono social a las compañías. "Va en contra del espíritu de las normas europeas que regulan el mercado interior de electricidad", advirtieron desde el sector. Incluso, remarcaron que un fallo de 2014 obligó al Estado ibérico a indemnizar a las empresas por los subsidios otorgados.

A pesar de la litigiosidad que se avecina, el acuerdo entre Sánchez e Iglesias se suma a una batería de medidas recientemente adoptadas por el gobierno socialista para aliviar las facturas de servicios públicos:

· Se suspendió por seis meses el impuesto a la generación eléctrica y a la producción de hidrocarburos para la producción de luz. Pasará de 7% a cero. El impacto será una reducción directa del 4% en las facturas.

· Se amplió 15% los límites de consumo aplicables para recibir el descuento de la tarifa social.

· Lanzaron el bono social "térmico" para familias vulnerables. Se trata de una ayuda económica directa (subsidio) para pagar los gastos de calefacción, cocina y agua caliente durante el invierno.

· Renovaron el bono social "eléctrico", que implica un descuento del 25% para consumidores vulnerables y de 40% para los usuarios vulnerables severos. 

· Prohibieron cortar el suministro eléctrico en los hogares con tarifa social donde habite al menos un menor de 16 años o una persona con discapacidad.

· Incluyeron a las familias monoparentales como posibles beneficiarios de la tarifa social.

· Obligarán a las empresas energéticas a diseñar boletas más claras, con información detallada.

· Aplicarán sanciones a las empresas por comportamientos comercializadores "fraudulentos" o que vayan en detrimento del consumidor. Tampoco podrán realizar publicidad "puerta a puerta" y deberán ajustar los medidores para no cobrar de más.

· Eliminaron el conocido "impuesto al sol", un tributo que se cobraba a quienes generaban sus propia energía.