El proyecto de ley de ampliación de la Convertibilidad tendrá un solo artículo referido a la inclusión del euro como moneda de respaldo del peso y será presentada al Parlamento entre mañana y el miércoles, adelantó el ministro de Economía Domingo Cavallo, a diputados de distintos bloques, según fuentes legislativas.
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Por la tarde, en conferencia de prensa, el titular de la cartera económica ratificó el trascendido, contradiciendo así las declaraciones de su propio secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger. A la mañana, el funcionario había dicho públicamente que «vamos a permitir la indexación de los contratos en pesos; esto se había prohibido en 1991 porque había mucha inercia inflacionaria, y ahora eso no existe».
Según trascendió, Cavallo habría mantenido una reunión de una hora con el presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, con el titular del bloque de diputados de la Alianza, Darío Alessandro y con los legisladores Jesús Rodríguez (UCR-Capital Federal) y Marcelo Dragan, presidente del bloque de legisladores de su propio partido, Acción por la República. En la reunión participó también el secretario Legal y Técnico del Palacio de Hacienda, Alfredo Castañón.
En esa reunión los diputados habrían adelantado a Cavallo su negativa a retornar -al menos en lo inmediato-a un mecanismo que, según le dijeron, había resultado confiscatorio para los sectores de menos recursos. Además habrían hablado del negativo impacto «psicológico» que la sola mención de la indexación podría tener sobre una ya muy castigada economía.
A la tarde Cavallo reveló que la ley tendrá un solo artículo que establece que a partir del día que en los mercados el dólar y el euro alcancen la paridad, automáticamente entrará en vigencia la ley, y desde ese día la paridad del peso va a surgir del promedio entre el dólar y el euro, desvirtuando toda posibilidad de que se incluya otro capítulo que reestablezca el mecanismo indexatorio para los contratos.
En la conferencia de prensa, Cavallo respondió ante una pregunta si se contemplaba volver a la indexación que «por ahora no, pero cuando se discuta el tema de las tarifas de servicios públicos será un tema que deberemos volver a contemplar: como la Ley de Convertibilidad lo prohíbe, se da el hecho casi ridículo de que hay que ajustarlas por índices de inflación de otros países.Y queremos que esos ajustes se den por índices nacionales».
De hecho, todos los contratos de las empresas privatizadas prevén distintos mecanismos de ajuste anual, la mayoría de ellos basados en el Indice de Precios al Consumidor (CPI) de los Estados Unidos. Esto, desde ya, en una economía en deflación como la Argentina, se tradujo en inesperadas utilidades adicionales para los concesionarios de servicios públicos. A evitar este hecho apuntaría la intención de volver a indexar por el IPC argentino.
Sturzenegger había indicado que «pronto los bancos van a ofrecer préstamos en pesos a una tasa real indexada por el nivel de precios, y eso va a ser la mayor garantía que va a tener la gente». La afirmación es por lo menos difícil de entender: los bancos están prestando en una inmensa proporción a tasas flotantes (lo mismo sucede en Estados Unidos, vale decirlo), tasas que llevan implícita la posible inflación y que automáticamente se dispararán en caso de que ésta también se desboque. No se advierte, entonces, cuál sería la garantía a la que aludió el funcionario.
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