Financiamiento a las actividades productivas y nuevos desafíos de la política monetaria

Por Mariano Beltrán.- En los últimos años se ha avanzado decididamente en el diseño de un nuevo esquema de política de financiamiento a las actividades productivas. Se ha buscado contribuir a la formación de un sistema financiero más profundo e integrado que cumpla un rol activo como potenciador del crecimiento de la economía real.

La política exigida al Banco Central bajo la Carta Orgánica que estuvo vigente hasta hace pocos meses era esencialmente pasiva. Ésta debía orientarse a crear un entorno propicio para el desempeño de los mercados, lo que transformaba a la autoridad monetaria en un simple administrador de las condiciones de liquidez y solvencia de los bancos y delegaba en el sistema financiero la potestad de intermediar entre los agentes económicos y asignar los recursos monetarios entre los distintos usos del entramado productivo.

Sin embargo, la crisis de las hipotecas desatada en Estados Unidos en 2008 y las crecientes dificultades que atraviesan varios países de la Unión Europea, con economías cada vez más sumidas en una profunda crisis de deuda, refuerzan la visión opuesta: los mercados son incapaces de autoregularse.

Éste es el espíritu en que se inscribe la reciente modificación de la Carta Orgánica. A diferencia de la anterior, la actual otorga al Banco Central la capacidad de intervenir activamente en la intermediación financiera doméstica, aumentando su incidencia en la definición de las condiciones de crédito generales (plazos, tasas de interés y otros cargos) y el direccionamiento del financiamiento hacia actividades productivas consideradas prioritarias.

Es con este espíritu que a partir de 2010 se instrumentó la línea de Préstamos Productivos del Bicentenario (PPB), se estableció un nuevo sistema de encajes diferenciados que premia el financiamiento a Pymes y se implementó una nueva línea de Créditos para la Inversión Productiva.

A esto debe sumarse la reciente inclusión del inciso k al Reglamento General de la Actividad Aseguradora. El mismo establece que las aseguradoras deberán redireccionar un porcentaje de sus inversiones a instrumentos que financien proyectos productivos y de infraestructura de mediano a largo plazo, comprometiendo entre un 5% y un 20% de sus inversiones, según el ramo asegurador del que se trate.

Asimismo, y con el fin de ampliar el universo de variables que deben monitorearse para lograr una adecuada gestión de la política monetaria, la nueva Carta Orgánica incluye elementos que valorizan el rol de la política cambiaria en el esquema general de política económica, una función que resulta ineludible en economías bimonetarias como la argentina.

Tal es el caso de la política de acumulación de reservas internacionales implementada en los últimos años. Ésta dotó al Banco Central de suficiente autonomía para mantener bajo control el mercado cambiario y evitar movimientos bruscos en la cotización de la divisa estadounidense. Y también por esto que el esquema de referencia para la política monetaria que estaba vigente hasta marzo de 2012 y exigía al Banco Central respaldar el 100% de la Base Monetaria con reservas internacionales, fue reemplazado por un objetivo para el nivel de reservas internacionales basado en criterios que lo hicieran coherente con el resto de la política económica.

Finalmente, la necesidad de contar con un nivel de reservas capaz de desalentar eventuales ataques especulativos contra la moneda nacional está estrechamente vinculada al seguimiento más riguroso de las operaciones del mercado cambiario que se viene implementando desde fines de 2011, el que a su vez debe entenderse a la luz de los nuevos desafíos que enfrenta la política económica en la actual etapa de crecimiento.

Argentina aún es un país cuyo entramado productivo depende de la importación de bienes de capital, y así será en los próximos años. En ese marco y dada su incapacidad de emitir divisas para adquirir tales importaciones, se ve obligada a llevar una adecuada gestión tanto de las tenencias de divisas (las reservas internacionales) como de las fuentes regulares de demanda de moneda extranjera, como aquella vinculada al atesoramiento.

En este sentido la Ley de Reforma del Mercado de Capitales recientemente sancionada resulta destacable. Por su contenido, es consistente con el objetivo de avanzar sobre la desdolarización de la economía, promoviendo la apertura del mercado de capitales para que los pequeños ahorristas tengan acceso a una mayor variedad de instrumentos financieros y, de este modo, generar alternativas rentables para el ahorro en moneda doméstica.