Gobernadores aceptan 13% de ajuste desde enero 2002

La letra fina del acuerdo con las provincias se definirá hoy por la tarde, en otra cumbre de gobernadores y funcionarios del gabinete nacional, para ser anunciada junto al programa de renegociación de deudas con las provincias. El borrador del acuerdo, en la última versión, acercó las posiciones de las dos partes en torno de esta solución:

• las provincias aceptan el pago en bonos LECOP, con cargo al Estado, de las deudas que mantiene la Nación con ella por no haber cumplido con la transferencia de los fondos de coparticipación del piso de $ 1.364 millones durante los meses de agosto y setiembre.

• En adelante aceptan además recibir parte en efectivo (lo que se recauda) y que la brecha entre esos montos y el piso se les pague también en LECOP.

• A partir de enero de 2002 las provincias aceptan discutir que no rija más el piso de coparticipación establecido por el último acuerdo fiscal que tiene rango de ley.

• Aceptan también la fórmula de renegociación de las deudas que tienen con los bancos privados de manera de sacar a las provincias del mercado de demanda de dinero y con eso producir una efectiva baja de la tasa de interés no sólo para las administraciones locales sino para toda la economía.

• El gobierno nacional se compromete a pagarles a las provincias la deuda de $ 1.200 millones que mantiene desde 1995 por no haberles coparticipado durante un año tres puntos del IVA y que en teoría debieron ir al fondo fiduciario para auxiliar a bancos en crisis luego del tequila. Esta deuda se pagará con un bono nuevo a 10 o 16 años (este punto está a conversar pero sin dramatismo). Lo que las partes no pudieron hasta ahora conciliar es la disidencia clave: el gobierno quiere que las provincias renuncien a un piso de coparticipación de impuestos. Ese piso, insiste el gobierno, estaba compuesto de recaudación y de crédito. Crédito no hay, la recaudación cayó y la Ley del Déficit Cero obliga a gastar sólo lo que se cobra en impuestos.

La respuesta de las provincias es compleja:

• adhieren al principio del déficit cero. Pero presionan para que la Nación sacrifique más gastos de manera de lograr fondos hasta los $ 1.364 millones a que lo obliga la ley. La Nación responde que el ajuste del gasto deben hacerlo las provincias y acomodarse a lo que se recaude.

• Sí aceptan las provincias un método pampa: podemos mentir -reconocen-, es decir ayudarlo al gobierno a disfrazar el acuerdo, decir que renunciamos a ese piso pero a cambio de que se comprometa la Nación a anotar en una cuenta las diferencias desde enero próximo entre ese piso de $ 1.364, con una reducción voluntaria de 13%, y lo efectivamente recaudado.

• Resistencia

Hasta anoche la Nación, encarnada en Chrystian Colombo, se resistía a aceptar el argumento de los gobernadores de que nunca podrán reconocer en público que renuncian al piso. La mayoría de los mandatarios ha ganado las elecciones del domingo 14 y no podrían regresar airosos a sus distritos para someterse a las críticas de quienes perdieron los comicios por haber resignando fondos de coparticipación.

Este punto traba la firma de un acuerdo que va a salir porque, más allá de las estridencias electorales o pose-lectorales, va en el sentido de lo que conviene a las administraciones nacional y provinciales. Esa es la razón por la cual cada parte se reserva hasta el final ceder la última trinchera.

Para los gobernadores es resignar la pelea por el piso; para la Nación aceptar el disfraz de un bono por la deuda futura que se cree que, entiende, no será muy grande porque la otra pieza del acuerdo le permite soñar con la reactivación. El destinatario del engaño es, claro, el FMI, y los votantes de las provincias.

Esa renegociación les permitirá además a las provincias un ahorro efectivo de su gasto mensual y la posibilidad de salir del infierno de pagar entre 35% y 40% de interés que abonan ahora.

Es la baja de la tasa que creen producirá la renegociación de las deudas provincias. Este trámite lo terminarán Colombo y los funcionarios de Economía en la jornada de hoy y no tiene mayores inconvenientes técnicos, salvo la dureza de un banco español con una cartera muy expuesta con provincias que hasta ayer era reticente a aceptar el programa que han aceptado ya dos de los tres principales bancos acreedores de las provincias. El tercero, el Banco Río, dice tener órdenes de España de endurecer su posición a este acuerdo.