Los bancos deberán ser compensados por los amparos pagados a los ahorristas que recuperaron sus depósitos a tipo de cambio libre (ascendieron a $ 10.600 millones en 2002); y también por la eliminación del CER en determinadas carteras crediticias. El análisis del monto a compensar por cada entidad comenzará el 20 de febrero, cuando todas las instituciones del sistema presentarán su estado de balance al 31 de diciembre de 2002. Este es uno de los puntos principales que dispone el FMI en la Carta de Intención que acaba de suscribirse ayer. Los bancos ya recibieron bonos por u$s 10.000 millones por la pesificación asimétrica entre depósitos (transformados a $ 1,40 por dólar) y los créditos (fueron pesificados 1 a 1).
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Las negociaciones para definir el capítulo referido a la reestructuración bancaria fueron encabezados por el superintendente de Entidades Financieras, Jorge Levy.
Una vez que estén los balances completos a fin de 2002, el directorio del BCRA deberá calificar a los bancos según su estado patrimonial. Habrá tres categorías: aquellos que tienen una situación normal, los que atraviesan problemas de capitalización y deben presentar un plan para inyectar fondos frescos y los que están insolventes y deben ser liquidados o vendidos.
Asimismo, se define en detalle el funcionamiento de la Unidad de Reestructuración Bancaria, que funcionará dentro de la órbita del Central y en relación directa con la Superintendencia.
Un capítulo especial está referido a la banca pública, pero en términos light. Simplemente, se encomienda la contratación de un asesor internacional para hacer una evaluación sobre el estado de las entidades. Serán incluidas en el estudio los bancos Nación Argentina, Provincia y Ciudad. El asesor deberá emitir un informe antes de mediados de año que servirá como guía ya para el nuevo gobierno. Sin embargo, este trabajo tendrá características de «no vinculante», es decir que las recomendaciones no tendrán que ser seguidas al pie de la letra. Por último, el acuerdo no fija postura respecto al netting, es decir la posibilidad de que los bancos puedan cancelar los redescuentos tomados con el BCRA con títulos públicos que cotizan a 20% de su paridad, ya que están en default. Tanto en Economía como en el BCRA reconocen que los proyectos sobre este tema siguen estando «verdes».
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