Hace falta una nueva reforma impositiva

La crisis que actualmente vivimos no tiene un origen económico sino que está relacionada con la pérdida de credibilidad que ha vivido el gobierno nacional desde el inicio de su gestión. Este desgaste de la imagen de liderazgo y de ejecutividad afecta la confianza de los consumidores e inversores en el futuro del país. En el primer caso, impactando negativamente en sus decisiones de incrementar el gasto y, en el segundo, motivando una fuerte reducción de las inversiones.

Más allá de que el «blindaje financiero» permite al gobierno morigerar la fuerte incertidumbre que se había instalado, no garantiza que la economía tome una trayectoria de rápida reactivación. Sólo da algo de tiempo para resolver el problema de fondo, ya que es imposible que se incremente la credibilidad de un país cuyo gobierno no inspira confianza.

Desde marzo que vengo sosteniendo este diagnóstico y la necesidad de gene-rar un cambio de la actitud del Poder Ejecutivo respecto del manejo de su imagen. También considero que es indispensable volver a recomponer la relación gobierno-sociedad. Para ello, creo que es conveniente tener en cuenta dos cosas. La primera es que la gente está cansada de que le aumenten los impuestos cada vez que hay una emergencia fiscal y que, luego, cuando vienen las «vacas gordas», los políticos despilfarren la mayor recaudación y no se acuerden de bajarles la presión tributaria a los contribuyentes. La segunda es que están hartos de que todo el sacrificio que hacen para pagar los altos gravámenes se malgaste en burocracia inútil que no le sirve a nadie.

Por ello, hace ya mucho tiempo vengo proponiendo dos medidas. La primera es hacer una profunda reforma del Estado que no necesariamente significará gastar menos o tener menos empleados. En realidad lo que debería buscarse es que los recursos se asignen eficientemente a atender las necesidades de la gente y que, en vez de un burócrata que justifica su puesto poniendo un sellito in-útil, haya más médicos, policías, jueces, es decir, personas que sirvan a la comunidad.

Es la segunda propuesta donde quiero entrar en detalles y es la necesidad de hacer una reforma tributaria. Hoy es imposible bajarle los impuestos a la gente en forma importante ya que tenemos graves problemas fiscales. Sin embargo, podemos disminuirlos un poco generalizando los tributos. En la Argentina, hay sectores que tienen el privilegio, por ley (no son evasores), de no pagar determinados impuestos o sea de no colaborar como el resto de la comunidad a sostener el Estado. Esto es muy injusto, ya que si todos pagáramos se podría aliviar la carga de los que hoy contribuyen.

Por ejemplo, deberían eliminarse todas las exenciones y tasas diferenciales del IVA, excepto las que afectan a los más pobres (pan, leche, medicamentos, agua, carnes y alimentos frescos) y la educación, que es una inversión y no un consumo. Si así se hiciera, podría bajarse inmediatamente el IVA de 21% a 19%, sin disminuir la recaudación del Estado.

También, podría eliminarse más rápidamente el Impuesto a los Intereses Ganados (a más tardar en octubre de 2001), si se generalizara el Impuesto a las Ganancias. Además, deberían estudiarse las distorsiones entre la imposición a los asalariados y a aquellos que son independientes, para buscar eliminar esta discriminación que favorece a los autónomos.

Por otro lado, se deberían eliminar los subsidios al gas y la exención el Impuesto a los Combustibles en la Patagonia. Esto beneficia a ricos y pobres del Sur. No es justo que un pobre del Norte le subsidie la calefacción de la mansión o la nafta de la camioneta 4x4 a un ciudadano del Sur. En todo caso subsidiemos directamente a la gente necesitada de la Patagonia pero que los ricos contribuyan como corresponde. Lo mismo se aplica a los subsidios al transporte metropolitano.

Otra cosa que es importante es dejar explícita la forma en que se irán asignando los futuros aumentos de recaudación a bajar la presión tributaria. Esto se puede hacer de dos formas, determinando qué porcentaje del incremento se asignará a disminuir los gravámenes o que todo lo que supere determinado monto se usará para reducir impuestos. La implementación de esto último se ha facilitado debido a la decisión de congelar el gasto primario. A partir de ahora, todo el incremento de las erogaciones totales estará justificado por el pago de intereses y las necesidades de destinar un determinado incremento de la recaudación a bajar el déficit quedará fijado por la reducción de dicho desequilibrio que impone la Ley de Solvencia Fiscal.

Por lo tanto, todo aumento de los ingresos tributarios que supere la trayectoria que determina el cumplimiento de la Ley de Solvencia debería destinarse a un Fondo de Estabilización. Luego, en períodos que podrían ser de seis meses, se podría ver cuánto se acumuló en dicho fondo y, en función del total recaudado en el período, determinar cuánto es factible bajar los impuestos. Para ello, deberían establecerse prioridades que determinen cuánto se destinará a bajar cada impuesto y con qué fórmula. De esta forma, no se corre riesgo de bajar los impuestos sin una contrapartida de aumento de recaudación. Por otro lado, se acumula un fondo que permitirá cubrir baches por mermas en los ingresos tributarios debido a eventuales recesiones futuras. Por otro lado, también podría servir para sustituir el «blindaje» financiero y poder garantizarles a los inversores el pago de los compromisos del Estado en el caso de un corte del crédito.

Sería importante que, más allá de tender a bajar los impuestos más eficientes como el IVA y Ganancias, se destinara una parte del aumento de su recaudación a eliminar impuestos distorsivos. Especial-mente los que afectan al trabajo y desincentivan la creación de empleo incrementando la desocupación. Además, deberían estudiarse los impuestos inter-nos que existen para deter-minar cuál es el nivel de imposición óptimo; ya que hoy sus alícuotas seguramente superan holgadamente ese porcentaje. Una vez fijado el objetivo, debería buscarse asignar parte del incremento de la recaudación para llevarlos a dicha meta.

Como vemos hay mucho por hacer. Por ello, espero que el presidente De la Rúa logre poner en marcha exitosamente su promesa de constituir una comisión de gente conocedora del tema que determine cuál es la estructura tributaria óptima y cómo lograrla. Es más, esto debería implementarse con «bombos y platillos» y con plazos ciertos a cumplirse. Seguramente, la comunidad, y los contribuyentes en particular, estarán profundamente agradecidos.