Hay que eliminar sistema estatal de jubilaciones

El gobierno discute el tema previsional de manera gatopardista. Escudándose en los reales problemas que tiene el sistema de jubilaciones, pretende eliminar en los hechos la capitalización, sin blanquear este verdadero objetivo, cuando lo que habría que hacer es la variante chilena, eliminación completa del sistema de reparto.

En general, cuando los gobiernos deciden constituir mesas de diálogo, concertaciones, comisiones para estudiar ciertos temas, es porque en realidad no tienen la menor idea de qué hacer con la economía del país o lo que es peor, disfrazan de manera elegante horrores de política económica. La Mesa del Diálogo Social creada por el gobierno de Duhalde no ha sido una excepción a esta regla. A instancias de ella se creó una «Comisión de expertos» para estudiar una reforma al sistema previsional reformado en 1994. La gran casualidad es que la misma estuvo constituida, en general, por 14 supuestos expertos en seguridad social con gran aversión al sistema de capitalización y elaboraron un documento sobre qué hacer con el sistema. El estudio está plagado de vaguedades e incoherencias. Así, por ejemplo, a lo largo del documento se hacen referencias continuas a la necesidad de conseguir una redistribución adecuada de los ingresos, pero también se menciona el objetivo antitético de lograr una relación más estrecha entre los aportes de la gente y la prestación que reciben como contrapartida, más allá del absurdo en sí mismo de pretender que un sistema previsional tenga como fin la redistribución de ingresos.

Una confusión similar surge sobre la afirmación que sostiene la ausencia de «un sistema especializado, profesional y transparente de regulación, fiscalización y supervisión de los órganos de gestión (...)». En este caso no resulta claro si se hace referencia a los organismos encargados de administrar el sistema de reparto o a la Superintendencia de AFJP, responsable de regular el sistema de capitalización. De tratarse de esta última, cabe señalar que la mayoría de los trabajos de investigación sostiene que se trata de un organismo técnico que cumple su función en forma adecuada, por lo que esta crítica no parecería ser aplicable. El diagnóstico preparado por la OIT (en un trabajo encargado por el propio Ministerio de Trabajo) al que se alude en el documento, por ejemplo, afirma que «La percepción entre la inmensa mayoría de los entrevistados es que la SAFJP es un organismo técnico, con personal profesional capacitado y salarios al nivel de la empresa privada, así como una elevada continuidad relativa en el personal directivo (...)».

A lo largo del documento se hace referencia al carácter público del sistema, sin mencionar que en realidad se trata actualmente de un sistema mixto. Esto, junto a una serie de afirmaciones que resaltan el carácter complementario del pilar de capitalización, parecería indicar una intención de regresar a un sistema mayormente público, en dirección contraria a la experiencia internacional de los últimos años que muestra una tendencia a los sistemas multipilares con participación privada. Asimismo es necesario señalar que el pilar de capitalización no desempeña en el actual sistema un rol complementario, sino que para los individuos que no realizaron aportes al sistema anterior a la reforma es de esperar que la mayor parte de sus beneficios previsionales provengan del mismo.

• Recomendaciones

La falta de claridad sobre el rol de los distintos pilares también se refleja en las recomendaciones, ya que se presenta un esquema de cuatro pilares (contribuciones definidas -capitalización-, prestaciones definidas -reparto-, voluntario y asistencial) que no coincide con la tradicional clasificación en tres pilares utilizada en la literatura especializada en el tema (capitalización, reparto y voluntario). Asimismo, la clasificación presentada resulta bastante confusa ya que se menciona un pilar «contributivo» y otro «de contribuciones definidas». Es necesario señalar que ambos pilares son contributivos, y si se busca una clasificación más acorde con la realidad y la literatura sobre el tema deberían hacerse referencia a un pilar de prestaciones definidas y otro de contribuciones definidas.

En referencia al pilar público se afirma que se brindarán prestaciones definidas a partir de «fórmulas de base actuarial que consideren la historia laboral completa». Al respecto debe tenerse en cuenta que la ausencia de registros adecuados tanto sobre los años de servicios como sobre la acreditación de las remuneraciones es un importante problema que enfrenta el sistema público y que favorece el fraude y las conductas oportunistas. No resulta claro cómo sería solucionado este problema en la propuesta presentada. Es necesario señalar que la falta de registros no es un problema que afecte al sistema de capitalización donde existe una correspondencia entre las prestaciones y los aportes del trabajador en una cuenta individual identificada y auditable. Asimismo, la existencia del sistema de capitalización reduce la posibilidad de fraude en el pilar público, al permitir utilizar los aportes realizados a las AFJP como fuente de información para el cálculo de las prestaciones de dicho pilar.

Con respecto al pilar de contribuciones definidas se menciona que «estará administrado por entidades con o sin fines de lucro», sin hacer ninguna referencia a la estructura existente de las AFJP. No resulta claro si se intenta modificar el actual marco regulatorio para permitir el ingreso de nuevos participantes al mercado o cuáles serían las reformas propuestas al respecto por lo que esta recomendación únicamente contribuye a incrementar la incertidumbre sobre qué es lo que realmente se está proponiendo.

Al referirse a la relación entre el régimen de capitalización y el de reparto se menciona la posibilidad de eliminar la opción entre ambos sistemas, estableciendo una división en base a salarios de forma que los individuos con sueldos menores a cierto nivel aportarían al sistema público y aquellos con sueldos mayores aportarían al sistema de capitalización o a los dos sistemas. En primer lugar no parece existir ninguna justificación para esta medida, y no se presenta en el documento ningún argumento que la avale. El establecimiento de este tipo de división no sólo implicará un mayor costo fiscal al tener que financiar el Estado la totalidad de los beneficios de los individuos de menores ingresos, sino que incluso podría ser considerada discriminatoria hacia aquellos obligados a participar únicamente en el sistema de reparto que no recibirían la mayor tasa de retorno ofrecida por el régimen de capitalización. Al disminuir los aportes a este sistema esta medida también reducirá los efectos macroeconómicos positivos asociados con los sistemas de capitalización, tales como el incremento del ahorro interno y el mayor desarrollo del mercado de capitales. También debe tenerse en cuenta que uno de los objetivos de los sistemas multipilares es permitir a los individuos una mayor diversificación del riesgo, de forma que sus ingresos en la vejez dependan tanto del sector público como del rendimiento del mercado de capitales. Al obligar a los individuos a participar únicamente del pilar público se incrementa el riesgo político que enfrentan, ya que sus ingresos futuros dependerán del estado de las finanzas públicas y la voluntad del gobierno de turno.

En realidad, todo lo que se viene discutiendo sobre la reforma previsional desde hace ya mucho tiempo es una excusa para ocultar el sentimiento anticapitalista, en particular en el tema previsional, que hay en el gobierno de Duhalde, porque a pesar de que no está escrito en el documento de la «Comisión de Expertos», una de las ideas que dan vuelta todavía por los despachos oficiales (particularmente por el de la ministra Camaño) es que desde un salario de $ 1.000 mensuales hacia abajo el trabajador esté obligado a aportar al sistema de reparto y que de ahí para arriba o para abajo el sistema de capitalización sea optativo. De esta manera, 75% de los actuales aportantes a capitalización pasarían a reparto, o sea, desaparecería el sistema de fondos de pensiones. Este el verdadero objetivo de muchos funcionarios del gobierno, que el sistema de jubilaciones vuelva al Estado.

• Soluciones

El sistema de jubilaciones y pensiones en general es cierto que tiene enormes problemas. Tomemos uno sólo que basta como ejemplo: dos tercios de la población no tiene cobertura de seguridad social dado que en capitalización aporta sólo un tercio de los afiliados (en reparto, la situación es peor todavía). Sin embargo, la respuesta adecuada no es eliminar el sistema de capitalización como en los hechos (por más disfraz que le pongan) pretenden algunos miembros del gobierno, sino encarar algunas de las soluciones del drama futuro que se está generando de que muy pocos tendrán cobertura previsional. Por ejemplo: férreo control de la recaudación previsional, fiscalización, control del trabajo en negro, reformas estructurales que promuevan el crecimiento sostenido (como, por ejemplo, eliminar el sistema de reparto), etc.