El nuevo plan de ahorro energético es una suma de diferentes programas que se implementaron desde 1999 y se interrumpieron, no se realizaron o fracasaron. En algunos casos estuvieron incluidos en el Presupuesto y hasta sus partidas fueron utilizadas, pero nunca se instrumentaron.
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En el decreto que anuncia el nuevo plan (N° 140, publicado el 24 de diciembre en el Boletín Oficial), se enumera la implementación de varias medidas, entre las que se destacan: establecer un régimen de etiquetado de eficiencia energética para electrodomésticos, iniciar las gestiones para implementar un mecanismo de financiación a pymes para desarrollar proyectos de eficiencia y ahorro energéticos, y poner en práctica un programa de uso racional de energía en edificios públicos.
La asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) realizó un análisis de los diversos planes de uso racional de la energía que existieron en los últimos años. Sus conclusiones se basan en el informe de la Auditoría General de la Nación (Resolución Nº 160, del 13 de noviembre de 2007). Estos fueron los resultados:
Promoción de los programas: el gobierno dispuso en 2003 a través de la Secretaría de Energía, e incluyó en el Presupuesto de ese año, un plan que nunca se puso en funcionamiento pero que tenía el objetivo de «promocionar programas conducentes al uso racional de la energía y al desarrollo de las fuentes nuevas y renovables». Recién el 26 de mayo de 2006 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 652 que aprobó el Modelo de Convenio de Donación para la preparación del Proyecto de Eficiencia Energética en Argentina (suscripto con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, por un monto de u$s 345.000). Pasados cuatro años del anuncio, el programa no fue implementado.
Edificios públicos: el Ministerio de Planificación decidió implementar medidas de costo mínimo o nulo para ahorrar energía. El expediente del programa se inició el 1 de junio de 2004 y se archivó el 1 de marzo de 2006. Aunque la Dirección Nacional de Promoción impulsó el proyecto, la decisión administrativa nunca se firmó y las medidas no se pudieron poner en práctica. Quedaron sólo como «unidades de demostración» el edificio donde funciona la AFIP en Capital Federal y el edificio del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.
Un informe realizado por la Secretaría de Energía afirma que se podría ahorrar 15% de la energía utilizada ya que «los edificios pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional representan un importante ejemplo de derroche energético y por lo tanto, detentan un elevado potencial de ahorro».
Se analizó el reencuadre que puede hacerse en más de 1.800 puntos de suministro que tienen contratada potencia excesiva. Solamente en el área metropolitana y bajo la concesión de Edenor, Edesur y Edelap el consumo de los 1.757 edificios públicos es de 408 gigavatios anuales. Por lo tanto, el ahorro posible para el Estado estimado es de 60 gigavatios anuales, que representarían $ 26,5 millones.
Eficiencia energética en pymes: este proyecto se desarrolló desde 1999, en el marco del Convenio de Cooperación Técnica, a través de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ. El objetivo es que a través de gestión energética las pymes tengan mayores ganancias y una reducción de emisiones de gases efecto invernadero.
Las empresas participantes armaron unidades de demostración y aportaron recursos humanos y económicos propios para desarrollar las experiencias. Por ejemplo, en un estudio realizado en el sector azucarero se determinó que si se generalizara la práctica del secado de bagazo (residuos) del cual actualmente sólo se seca 10% del producido, se podría prescindir de hasta 80% del total de gas natural consumido en la zafra. Pero el programa terminó y la Secretaría de Energía no ha previsto una continuidad ni objetivos a mediano plazo.
Programa de calidad de artefactos energéticos ( PROCAE): el objetivo es reducir el consumo mediante la utilización de artefactos eléctricos domésticos más eficientes, implementando un sistema de etiquetado (Resolución Ex SICyM Nº 319/ 99). Los electrodomésticos incluidos fueron: refrigeración y congelado de alimentos; lavado y secado de ropas; lavado de vajillas; horneado de alimentos; calentador de agua para baños y cocinas por medio de electricidad; iluminación; acondicionamiento de aire y fuerza motriz de accionamiento eléctrico. Pero a través de distintas resoluciones desde el gobierno nacional se fue postergando la aplicación de la norma y consecuentemente prorrogando la fecha de aplicación. Mediante la Disposición Nº 732/05 de Comercio Interior se resolvió que la obligación para los refrigeradores de dos fríos comenzara a regir el 26 de marzo de 2007, para un refrigerador de un frío a partir del 26 de octubre de 2007 y para los freezers a partir del 26 de setiembre de 2008. Y se resolvió que para el resto de los artefactos, la fecha de inicio quedara a resolución posterior sin fecha.
Es así que, transcurridos 8 años, la medida recién comienza a implementarse y en forma parcial.
Programa de uso racional de la energía eléctrica (PUREE): un plan basado en incentivos y castigos que no fue instrumentado mediante las direcciones de la Secretaría de Energía sino a través del Ente Nacional Regulador de Electricidad. En la versión del PUREE que se aplicó durante el invierno de 2004 el ahorro mínimo que se esperaba realizar era de 5% respecto del año anterior. Pero tal como surge del informe del ENRE, el pretendido ahorro no sólo que no se logró sino lo contrario.
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