26 de enero 2026 - 15:54

Importaciones: Pablo Lavigne suma un control clave en el régimen aduanero

Se trata de la determinación de origen de los productos. Es un trámite que pasará de la Aduana a la Secretaría de Industria y Comercio. Es clave para darle a los productos el tratamiento arancelario correcto.

Pablo Lavigne controlará el origen de las importaciones.

Pablo Lavigne controlará el origen de las importaciones.

Mariano Fuchila

La nueva modificación del Código Aduanero, que publicó este lunes el Gobierno en el Boletín Oficial, donde se establecen procedimientos más claros para determinar el tratamiento de las importaciones en cuanto a posición arancelaria, dispone también el traspaso de un trámite muy importante desde la Dirección General de Aduanas hacia la Secretaría de Industria y Comercio: la determinación de origen.

La dependencia que actualmente maneja el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, será la encargada de establecer de dónde llega una mercadería y, en función de ello, asignar el tratamiento impositivo que corresponda. Se trata de una cuestión relevante en un contexto de incremento de las compras de bienes terminados desde el exterior.

En rigor, la Secretaría de Industria y Comercio no tiene un titular único: son cuatro subsecretarías, en las que figuran Daniela Ramos en Industria; Carolina Cuenci, en Comercio Exterior; y Fernando Blanco Muiño, en Defensa de la Competencia y Lealtad Comercial. La Subsecretaría de Gestión de Política Productiva se encuentra vacante tras la renuncia de Ignacio Cardini.

Y es que, si bien un producto puede oficialmente comprarse a un exportador de un país A, este puede tener partes hechas en los países B, C y D. La determinación de origen procura evitar maniobras de triangulación de comercio. Es decir, que un bien fabricado en una parte se quiera hacer pasar como originario de otro país que tiene un acuerdo comercial que le concede una preferencia arancelaria.

En el caso de la Argentina, lo más importante es el acuerdo de libre comercio del Mercosur. Por lo tanto, la Secretaría de Industria y Comercio podría intervenir para determinar si un bien está hecho en Brasil, Paraguay o Uruguay. También existen acuerdos de preferencias con otros países que pueden entrar en los controles.

En general, casi nada de lo que se comercia en el mundo -salvo las materias primas- está hecho 100% en un solo país: todo tiene algún componente importado. En el caso de Argentina y el Mercosur, la medición de cuánto tiene de local un producto es fundamental. Por caso, los autos que se fabrican en Argentina tienen solo entre 25% y 30% de componentes nacionales, pero con ello basta para que Brasil los considere hechos en el Mercosur.

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Pablo Lavigne.

Pablo Lavigne.

Para qué sirve determinar el origen de un bien

En Comercio Exterior, la determinación del origen de un producto es relevante para:

  • Darle un tratamiento arancelario correcto, si proviene de un origen que tiene acuerdo de preferencias.

  • Administrar acuerdos de cuotas, para el ingreso de determinados bienes desde otra nación.

  • En algunos casos, imponer automáticamente medidas antidumping si un producto proviene de un origen determinado.

  • Aplicar controles sanitarios.

Este año el Gobierno va a procurar incrementar este tipo de controles, ya que, si bien se sostiene una política aperturista, por otro lado se buscará un chequeo estricto de lo que está establecido legalmente.

Resolución anticipada: cambios para agilizar la definición arancelaria

Por otro lado, el DNU 41, publicado en el Boletín Oficial, genera un marco más claro para los trámites de determinación de posición arancelaria que corresponde a un producto, cuando un importador tiene que solicitarle a la Aduana cómo encuadrar una mercadería. Esto se aplica a ciertos tipos de importaciones más complejas, en las que el importador no tiene claro cuál es el tratamiento que debe seguir el producto.

Los importadores recibieron hoy en sus empresas un explicativo sobre la medida publicada. Básicamente, no contiene cambios sustanciales, pero plantea una mayor claridad en el trámite y previsibilidad, ya que el mismo deberá resolverse en un plazo de 30 días.

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