Impuestos: cómo es el nuevo plan de pagos

Los interesados en adherir al Régimen de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA), que prevé financiar el stock de deuda fiscal para todo tipo de empresas pero que apunta fundamentalmente a las pymes hasta en 60 cuotas, tendrán un plazo que vence el 30 de setiembre para declarar sus deudas anteriores al 31 de marzo. Este plan apunta a flexibilizar, aunque muy tenuemente, los efectos del régimen de regularización de deudas financieras hoy vigente, y que incluye planes de cuotas de hasta 12 pagos y un interés mensual de 3%. El RAFA amplía ambos límites, en planes de hasta 60 cuotas y un interés de 2% mensual.

Según declaró el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, «el otorgamiento de este plan es automático, y su adhesión le permite al contribuyente, sea persona o empresa, el levantamiento de los embargos y el otorgamiento de certificado de cumplimientofiscal, lo que lo vuelve a colocar como sujeto de crédito». Quienes deseen inscribirse podrán pagar hasta en 60 cuotas sus deudas, pero sólo hasta 36 meses en el caso de adeudar aportes previsionales. El plan tendrá un pago mínimo de 50 pesos, el primer pago se realizará al momento de adhesión, y caerá si se incumplen seis cuotas. Quedan excluidos los sujetos denunciados y querellados penalmente, o con cuotas de planes de facilidades de pago vigentes, monotributistas y autónomos, entre otros.

Los alcances del régimen fueron criticados ayer por los dirigentes de las pequeñas y medianas empresas (pymes), por no ser lo suficientemente flexibles para que sean atractivos para el sector, en teoría el destinatario de la medida pensada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna. Según declaró ayer Vicente Lourenzo, vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el RAFA « alivia, pero finalmente resulta un régimen muy caro ya que se continúa calculando los intereses sobre el saldo de capital adeudado, lo que termina provocando que el plan sea de cuotas muy altas». La CAME consideró que para realmente ayudar al sector se debería haber pensado en un régimen similar al que se reglamentó para los monotributistas y autónomos (con un interés máximo de 6%, la mitad de lo que se les cobrará en el RAFA) o un atado a la evolución del patrimonio neto de las empresas pymes.