La administración previsional será la vidriera del déficit cero

El gobierno se propuso tomar a la ANSeS como ejemplo de las reformas que surjan por la aplicación del déficit cero. Se enviará un proyecto de ley al Congreso para poner un tope en $ 3.100 a las casi 8.300 jubilaciones que hoy superan ese máximo. Si bien fueron anuladas por decreto en la era Menem-Cavallo, los reclamos judiciales avanzaron inexorablemente. Anunciarán también una simplificación de las normas para evitar la industria del juicio contra el Estado, y se avanzará en el demorado proyecto de combatir el fraude en los pagos de asignaciones familiares. Hay casos que ejemplifican irregularidades, como el hecho de que se multiplicaron por seis los pagos por pensiones por hijos discapacitados. También en cuanto a asignaciones familiares no hay desempleo, porque aumentaron considerablemente los nuevos empleados registrados. Hoy asumirá en la ANSeS Douglas Lyall, ex oficial del Servicio Penitenciario, como interventor, quien pondrá al organismo en estado de requisa permanente.Los resultados no serán inmediatos, pero el gobierno buscará dar la señal de que se avanza contra la corrupción y la ineficiencia del sector público en un área clave por la seguridad social.

Fernando de la Rúa comió anoche, a solas, con Chrystian Colombo, con quien analizó entre otras cosas el ajuste fiscal que se llevará adelante en la segunda mitad del año. En esa conversación volvió a quedar claro que el gobierno se ha propuesto tomar a la ANSeS (Administración Nacional de la Seguridad Social, es decir, del régimen jubilatorio) como una vidriera de la política de déficit cero diseñada a partir de la ley aprobada por el Congreso. Además de ratificar la vocación por racionalizar las cuentas públicas, De la Rúa pretende hacer algún gesto que, por la vía de una mayor transparencia en la administración de los recursos del sector pasivo, haga más tolerable el recorte en las jubilaciones superiores a $ 500. Entre esas señales está el envío al Congreso de un proyecto de ley que elimine definitivamente las jubilaciones de más de $ 3.100, que están reguladas por un decreto judicialmente controvertido.

La excusa para encarar esta estrategia será, hoy, la asunción de Douglas Lyall como interventor de la ANSeS en reemplazo de Ricardo Campero, un dirigente de la UCR tucumana. Será a las 12 y los antecedentes del funcionario hacen juego con la misión que le encomendaron. Se trata de un viejo oficial del Servicio Penitenciario Federal (un «candado» en la jerga de la seguridad) que pondrá a la ANSeS en estado de requisa permanente. Por si con Lyall no alcanzara, ayer Patricia Bullrich -su madrina política y superior inmediata, como ministra de Trabajo- resolvió habilitar una oficina para despachar en esa dependencia dos o tres veces por día.

El plan del gobierno sobre la ANSeS -discutido entre Chrystian Colombo, Bullrich y Armando Caro Figueroa- supone ensayar una reducción de gastos que puedan producirse por irregularidades en las prestaciones. Lo que genéricamente se conoce como «fraude previsional». Anoche ya había en la Casa Rosada y en Trabajo un paquete de iniciativas para atacar estas distorsiones:

• El foco de atención principal estará en el sistema de asignaciones familiares, donde se han detectado infinidad de irregularidades o, por lo menos, situaciones sospechosas. Como se había establecido un sistema de pago directo de las asignaciones a las PyMEs, se detectó que se sextuplicaron los casos de pensiones para hijos discapacitados. De la misma manera, en los registros de este tipo de asignaciones se registra un aumento del empleo (por la cantidad de trabajadores declarados) que no combina con el índice de desocupación que mortifica al país. Es decir: si fuera por las declaraciones de nuevos empleados que realizaron muchas PyMEs en el régimen de asignaciones familiares se estaría casi frente al milagro del pleno empleo.

• Otra desviación que se propusieron combatir en el Ministerio de Trabajo es la de jubilaciones de privilegio. En rigor, se denomina así, incorrectamente, a las que superan los 3.100 pesos, que son 8.293 (quienes insisten en llamarlas «de privilegio» aducen que el promedio de edad de quienes la perciben es de 57 años). Si bien fueron anuladas por el decreto Nº 78 de la era Menem-Cavallo, los reclamos judiciales que se realizaron contra esa norma avanzaron casi inexorablemente (dicen los funcionarios que eso se debió a que el decreto ponía topes a las jubilaciones de magistrados, entre otras profesiones). Por eso ahora se pensó en una ley que le otorgue más firmeza a la limitación, para lo cual se habilitó una «mezcladora» de proyectos elaborados por el diputado Horacio Pernasetti, el senador Juan Carlos Altuna (ver nota vinculada) y por la propia ANSeS. La controversia por este tipo de jubilaciones abultadas se volvió a abrir hace una semana, cuando se intentó anular el decreto por la litigiosidad que promovía.

• Otra práctica que se pretende someter a examen es la proliferación de apoderados que representan a listas enormes de jubilados sin que se sepa demasiado si los dan de baja cuando éstos fallecen. Para este tipo de inspección la ANSeS necesitará una combinación con el Registro Nacional de las Personas que todavía no está ajustada como corresponde.

Penumbras

• Hay una zona de penumbras más en la ANSeS, que tiene que ver con el seguro de desempleo, por el que se administran 200 millones de pesos. La pretensión es, a partir de hoy, fijar un cronograma de operativos de control para detectar qué tipo de manipulación puede haber en este tipo de beneficio.

• La política de recorte de gastos que se piensa encarar en el sistema previsional tiene en la mira simplificar la normativa, a través de cuyos laberintos se abriga gran parte de la litigiosidad, muy costosa, que tiene el régimen. Este problema de la industria del juicio previsional puede presentar aristas políticas delicadas: se presume la existencia de intereses entre organizaciones de punteros políticos incorporados en el aparato administrativo y estudios de abogados laboralistas que se alimentan de este tipo de pleitos.

• Finalmente, desde la conducción de la ANSeS se pretende abrir un abanico de convenios con las cajas previsionales de las provincias que aún conservan sus propios sistemas para combatir a escala federal el fraude. Desde que estalló un caso de jubilaciones «truchas» en La Rioja el gobierno tiene en la mira este problema, que en su momento le tocó tratar (con suma cautela) a Caro Figueroa cuando era ministro de Trabajo de Carlos Menem.