Las AFJP amenazan ahora con iniciarle juicio al gobierno
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Una cuestión legal que podría provocar dolores de cabeza en el gobierno tiene que ver con las AFJP. Las principales compañías tuvieron ayer una reunión y podrían decidir en las próximas horas iniciar acciones legales contra el Estado. La decisión tiene que ver con el decreto de principios de la semana, que dispone utilizar la liquidez de las compañías (fundamentalmente el dinero depositado a plazo fijo) para la adquisición de bonos.
Hoy, por otra parte, vence el plazo para el canje de los inversores minoristas, que tuvieron una semana más que el resto para ingresar en la operación. Ante el fracaso de las negociaciones con el FMI y la perspectiva de un default, fueron muchos los que a último momento decidieron participar.
* Negative Pledge: es la que impide al emisor del título ofrecer sólo a algunos tenedores un cambio por otro bono de mejor garantía. Por eso, los inversores que entraron en esta etapa del canje tuvieron que recibir un préstamo garantizado sin cotización. Como en el canje global es imposible ofrecer un título que no cotice en el mercado secundario, se hace necesario modificar esta cláusula. De esta forma, aun cuando algunos tenedores no entren en el canje, se podría realizar el cambio de bonos con los que sí ingresan.
* Jurisdicción: uno de los principales problemas para maniobrar la operación es que los títulos están emitidos en distintas jurisdicciones, de acuerdo con el tipo de moneda de la emisión y de la nacionalidad de los inversores. Para empujarlos al canje, estos títulos pasarán al ámbito de la Justicia local con el fin de evitar demandas masivas de inversores extranjeros.
En cambio, aun con mayorías absolutas, no se pueden modificar otras condiciones de los títulos que cotizan internacionalmente, como una reducción del capital o de las tasas de interés. Para conseguirlo, es necesario ofrecer un canje por nuevos bonos, como el efectuado a nivel local.
La tenencia de los títulos en un fideicomiso está generando polémicas con los bancos que entraron en la operación de canje. Ocurre que el gobierno se niega a incluir una cláusula de «indemnidad», por la cual las entidades quedan a salvo de cualquier demanda legal que puedan entablar inversores internacionales que se sientan afectados por la operación. Esta condición figura en todos los fideicomisos que se efectúan en el sector privado, pero en este caso hubo una negativa oficial para incluirla.
El tema motivó no pocas polémicas e, incluso, estuvo a punto de hacer naufragar el canje el viernes pasado, cuando se cerró la operación mayorista.




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