Mientras el Ministerio de Economía crea un clima de optimismo en torno a la renegociación de la deuda pública, en una segunda línea se abrieron tratativas, muy discretas, con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Esas conversaciones tienen como interlocutores, por ahora, a John Dodsworth y John Thornton, los encargados directos del caso argentino. ¿De qué se habla con ellos? De las condiciones con las que Roberto Lavagna podría volver a sentarse con Rodrigo de Rato para alcanzar un nuevo acuerdo con el Fondo y, de ese modo, dejar de hacer pagos netos al organismo como viene sucediendo hasta ahora.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Si se examina la agenda de problemas sobre la que se enfocaba la discusión suspendida en junio del año pasado, es fácil advertir que en casi todos sus puntos se avanzó poco. Más allá de que la política fiscal y monetaria sigan siendo más que correctas en la apreciación de los propios funcionarios del organismo multilateral.
•Más allá de esta evaluación, Lavagna pretende seducir a los funcionarios del Fondo ingresando en una cuestión central para el gobierno: el régimen de retenciones a las exportaciones y de impuesto al cheque. Nadie puede dudar de que lo que se recauda por estos conceptos constituye el corazón político del gobierno de Kirchner. Por lo tanto, toda oferta de reformaes sospechosa. Y esta de Economía lo es. En concreto, los funcionarios de Hacienda de Lavagna no están dispuestos a ofrecer más que un cronograma de reducción en las alícuotas, en el caso de las retenciones se extendería a lo largo de 5 años. Para el impuesto al cheque, la disminución sería más acelerada.
•Más generosos parecen ser el ministro y su gente con la cuestión federal. A Lavagna se le reprocha en Washington haber dado de baja un objetivo muy apreciado por los técnicos del Fondo, sobre todo por Anoop Singh: la sanción de una nueva ley de Coparticipación. En rigor, existe un consenso muy extendido de que el país requiere una ambiciosa reforma en el sistema de reparto de recursos, que se vuelve más evidente cuando se advierte que las últimas grandes crisis económicas fueron fiscales en su origen. El ministro de Economía se las ingenió para convencer a algunas figuras decisivas, como John Taylor, del Tesoro de los Estados Unidos, de que una reforma al sistema de coparticipación obligaría a pagar costos que, desde el punto de vista fiscal, empeorarían lo que se quiere mejorar. Lo cierto es que, más allá de la razonabilidad de ese argumento, a Lavagna se le recrimina haber desaprovechado varias oportunidades para negociar con más firmeza frente a las provincias. Hubo ocasiones imperdibles para lanzaruna gran negociación política, como las que ofrecían las transacciones sobre el endeudamiento de los distritos del interior o el rescate de sus cuasi monedas.
A falta de estos logros, que tal vez sería extemporáneo pretender ahora, Economía ofrece a sus interlocutores gestionar un pacto fiscal que suponga un mayor superávit de los tesoros provinciales.
•En materia de tarifas, los progresos en la renegociación de contratos han sido muy lentos. Como se viene informando en este diario, la pretensión del gobierno es aislar la cuestión en una negociación política con las propias compañías. A esto se dedicó Alberto Fernández durante el viaje a España y también sobre este punto versarán las conversaciones con la comitiva que acompañe a José Luis Rodríguez Zapatero el 25, cuando el jefe de Gobierno español llegue a Buenos Aires.
De la misma manera, Néstor Kirchner y el propio Lavagna intentarán la semana que viene, en París, conseguir que la cuestión de los contratos con empresas de servicios públicos (Aguas Argentinas o Edenor, por ejemplo) sean materia de una negociación particular de tal manera que se las pueda excluir del temario que se discute en el Fondo. Aunque a todos se les promete un cronograma «cierto», que incluya el aumento tarifario para los consumidores domiciliarios apenas terminen las elecciones de este año, la pretensión es muy osada. No sólo porque el gobierno argentino está demorando en exceso la liquidación de estas negociaciones (llevan tres años), sino también porque las medidas posteriores a la pesificación tampoco fueron alentadoras (desde el proyecto de cambios en el esquema regulatorio hasta las multas aplicadas por Julio De Vido esta semana).
•Toda esta trama de acuerdos y pretensiones encontradas está basada en una hipótesis que también dependede una negociación: que el Fondo termine por aceptar que, para declarar que el país ha salido del default, es suficiente que la oferta argentina sea aceptada por los tenedores de 75% de la deuda en default.
•Ajuste
Como es evidente, el reingreso de la Argentina a la mesa de las discusiones con el G-7 en el Fondo Monetario Internacional supone un ajuste más o menos severo. No sólo por la suba de las tarifas, también por la tendencia a reducir ingresos que provienen de impuestos considerados «distorsivos» y por una discusión federal que al gobierno le va a ser difícil llevar adelante cuando se transita un año electoral y cuando, además, se está desafiando al Presidente con una interna partidaria, tanto desde el lado de Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá como desde el lado de Eduardo Duhalde. Por lo tanto, toda esta discusión que se inició sigilosamente está envuelta en un manto de sospecha. ¿Existe en Lavagna un verdadero deseo de reincorporarse a un programa más o menos ortodoxo o su propuesta es sólo una manera elegante de estirar la agenda sin definir nada? En otras palabras: ¿está dispuesto el gobierno a regularizar su situación según el modelo clásico que anida en la cabeza de Rato o de Anne Krueger o ya se acostumbró a pagar al FMI los vencimientos que se van presentando a cambio de no tener exigencia alguna de cumplimiento de un programa? Hay que esperar a que termine el verano para despejar esta incógnita, que incluye la de una eventual mejora en la oferta por la deuda.
Dejá tu comentario