Lavagna pidió no subir salarios

Tanto en el sector público nacional como el provincial no están en condiciones fiscales de aumentar en el mediano plazo sus salarios. La situación fue explicada ayer puntualmente por Roberto Lavagna a Eduardo Duhalde en la quinta de Olivos luego del encuentro que el ministro de Economía mantuvo con el Presidente y los empresarios vinculados a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Aparentemente, Lavagna volvió al Palacio de Hacienda con la seguridad de que Duhalde no avalará para el sector público la promesa que ayer hizo para los privados la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, de incrementar en 50 pesos los salarios privados. Según los planes de Economía, la sola mención de la posibilidad de incrementar los salarios públicos, aunque sea eliminando la rebaja de 13% dispuesta el año pasado por Domingo Cavallo, significaría quebrar el fino equilibrio fiscal que, gracias al aumento de la recaudación de mayo, habría entre gastos e ingresos. La consecuencia de esto, aseguran en Economía, significaría complicar aún más el ya problemático acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

• Rechazo

Lógicamente, el anuncio de ayer del Ministerio de Trabajo no generó apoyos dentro de Economía, más bien fue rechazado por con tonos prudentes, por ahora, pero fue uno de los temas que con más urgencia Lavagna quiso aclarar con el Presidente. Para colmo -analizaron dentro de Economía- este problema aparece justo cuando ante el organismo financiero internacional se presentará un dato positivo sobre el frente fiscal. Según los números que maneja la Secretaría de Hacienda que dirige Jorge Sarghini, a partir del crecimiento de la recaudación de mayo (los ingresos totales llegarían a los 4.800 millones de pesos), se logrará girar a las provincias por fondos cooparticipados la cifra más alta desde mayo del año pasado. Según las estimaciones oficiales, como mínimo, se conseguirá (e incluso podría superarse) la meta de 1.187 millones de pesos, el piso de transferencias que en su momento había acordado el entonces jefe de Gabinete de Fernando de la Rúa, Chrystian Colombo, con los gobernadores a fines del año pasado, antes de la debacle definitiva del gobierno aliancista.

Hasta el lunes, los fondos que ya estaban contabilizados para girar a las provincias se dividían en 782 millones de pesos provenientes de los fondos coparticipados puros, 107 millones de pesos por transferencias para educación, salud y programas sociales y otros $ 150 millones por leyes especiales. En total, son 1.039 millones de pesos, cuando restaba aún contabilizar los ingresos de la última semana de mayo.

• Exigencia

La prudencia que reclaman Lavagna, Sarghini y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, con este esquema fiscal de coparticipación, se debe a que ahora, y una vez que las transferencias a las provincias están reorganizadas y con un nivel óptimo; es que se les exigirá a los gobernadores el cumplimiento del acuerdo fiscal que reclama el FMI. Según este capítulo de los 14 puntos que Duhalde firmó con el Fondo, las provincias deben reducir 60% su déficit fiscal para que la Argentina acceda a la ayuda financiera del organismo internacional. Este 60% de reducción en los desequilibrios sería incompatible con aumentos salariales como los que promete Camaño, con lo cual desde Economía se les exigiría a las provincias firmar en el acuerdo que se abstengan de incrementar sus salarios públicos. La exigencia generará, además, una diferenciación en el tratamiento que Nación les dará a las provincias que puedan cumplir con el acuerdo (ya hay 16 en este listado, incluyendo a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), y otras 8 con dificultades. Estas provincias (entre las que se encuentran Formosa, San Juan, La Rioja, Río Negro, Tucumán y Catamarca) tendrían un tratamiento especial, con controles y asistencias que se comenzarán a negociar con el FMI en los próximos días para que su firma sea, además, aceptada dentro del pacto con Nación.

Algo está seguro, además, dentro de la Secretaría de Hacienda. Si no hay distorsiones fiscales, Nación ya no imprimiría más LECOP, y la emisión total será de 3.100 millones de pesos.