Ley casi imposible que el Fondo exige al país

Quien repase las minutas de la reunión de directorio del Fondo Monetario Internacional, en las que se registraron las razones por las que ese organismo decidió acordar nuevamente con la Argentina, podrá advertir que la promesa de Néstor Kirchner de impulsar una nueva ley de coparticipación fue tan gravitante como la de avanzar con la negociación de la deuda en manos privadas. Roberto Lavagna intentó convencer a John Taylor y a los técnicos del Fondo de que, bien mirada la cuestión, cumplir con esa promesa podría significar la pérdida de recursos nacionales en favor de las provincias quejosas -desde Buenos Aires hasta La Rioja, todas tienen un argumento por el cual se les debe mejorar su parte en la distribución-. Es decir, para Economía, la reforma al régimen de coparticipación sería capaz de hacer peligrar el superávit comprometido para la negociación de la deuda.

Rodrigo Rato, el flamante director gerente del Fondo, conoce los números de la economía argentina como si viviera en Buenos Aires. Cuenta con modelos econométricos propios, que hizo elaborar desde que quedó involucrado en el blindaje de José Luis Machinea, prestando u$s 2.000 millones. Es decir, el español, que llegó al organismo multilateral esta semana, conoce las posibilidades y los límites del proceso económico argentino acaso mejor que sus predecesores inmediatos. Y dentro de esa imagen, por lo que dejan trascender algunos de sus íntimos, cree que una reforma al régimen de distribución de ingresos fiscales debe seguir siendo una prioridad para el gobierno. Para Rato, como para cualquier observador de la economía nacional, uno de los factores principales de la crisis argentina es la sucesión de desbarajustes fiscales. Un desafío no superado y que promete actualizarse el año que viene, cuando haya que enfrentar vencimientos de deuda más exigentes, sobre todo, del ex «corralito».

En otras palabras, más allá de las negociaciones de Lavagna con los emisarios del Fondo (el organismo enviará una misión al país la semana próxima), en el directorio y en la máxima jerarquía de esa entidad todavía se sigue esperando una ley que fije nuevas pautas para la relación entre la Nación y las provincias. Por más que desde el Ministerio de Economía ya se haya dado por agotada esa chance y se hable abiertamente de sustituirla por una ley de responsabilidad fiscal (sanción penal, como en Brasil, al gobernante que endeude exageradamente su distrito).

Esta presión, internacional, es uno de los extremos de la pinza que se aplica sobre Kirchner.

• Duhalde

El otro límite a sus movimientos se llama Eduardo Duhalde. Hace por lo menos dos meses que el ex presidente se reunió a desayunar en su casa de Lomas de Zamora con el ministro de Economía bonaerense, Gerardo Otero, y con Jorge Sarghini, el presidente del Banco Provincia. De ese conciliábulo emergió una política: Duhalde instruyó a sus diputados, que incluyen al titular de la Cámara, Eduardo Camaño, para que levanten la bandera de la discriminación a la que está sometida la provincia de Buenos Aires en el reparto de recursos federales. Sarghini, Otero y otros economistas del duhaldismo proveen argumentos técnicos al reclamo. Pero Duhalde simplifica su demanda en una fórmula política, que escuchan a menudo sus amigos: «Si con Menem tuvimos 800 millones de dólares al año, ¿con Kirchner vamos a tener menos?».

En esa pregunta del caudillo de Lomas se expresa toda una visión de la circunstancia histórica actual: para el duhaldismo, el gobierno de Kirchner, surgido de la probeta bonaerense, debe servir para recuperar lo perdido. El Fondo del Conurbano fue una pieza central de la política provincial de Duhalde en los '90, a tal punto que sólo aceptó ser candidato de Carlos Menem en el distrito cuando le garantizaron una ley que derivara esos recursos que se extraían de una porción importante del Impuesto a las Ganancias. Como Rato, también Duhalde quiere otra ley de coparticipación, aunque por motivos opuestos. Desde la candidatura de Carlos Ruckauf hasta la candidatura de Felipe Solá, el PJ perdió en Buenos Aires un millón de votantes, y la abstención se convirtió en la segunda fuerza con 30% del padrón. Amenazados por ese dato, los bonaerenses reaccionan con su clásico reflejo: piden caja. Vale subrayar que el reclamo es «bonaerense», como se demostró ayer, cuando Felipe Solá consiguió el apoyo irrestricto de Leopoldo Moreau y Federico Storani para su campaña. Ninguno de ellos tolera que se multiplique el antecedente del desembarco de Carlos Arslanian en La Plata: designado por el Presidente y, aseguran, con fondos propios por los que no debe reportar al establishment político del distrito.

Kirchner percibió claramente la presión duhaldista. Ayer, en la Casa Rosada, hubo irritación (casi todos los días la hay, sólo cambia el motivo) por las declaraciones del ex presidente desde Canadá. Sobre todo por el párrafo en el que afirmó que la coparticipación no siempre tiene el destino indicado por la ley y que el Fondo que pretende Kirchner con su proyecto es «para tener apretadas a las provincias». Se le fue la lengua a Duhalde, tan cuidadoso siempre en no manifestar disidencias agresivas.

El Presidente, como en su momento Carlos Menem o Fernando de la Rúa, cayó ya en un formato clásico de la política: la alianza entre el Poder Ejecutivo nacional y las provincias del interior, sobre todo las de menores recursos, más dependientes de la asistencia cotidiana de la administración central. Y esto no es una consecuencia de la discusión fiscal: otro tipo de proyectos, como el del envío de tropas a Haití, comenzó a ingresar en el Congreso por el Senado para evitar las horcas bonaerenses de Diputados.

Sin embargo, la alianza con el interior que se asienta en la Cámara alta permite frenar leyes inconvenientes, pero no sancionar las que se desean o se prometieron al Fondo. Para eso hará falta un acuerdo con Duhalde. Es el único tripulante del «vagón» de San Vicente -grupo Mausoleo- con el que todavía Kirchner no se reunió de manera individual, aunque la cita estaba prevista para el viaje a Guadalajara que el Presidente no realizó. La reunión se realizará al regreso del bonaerense. Tal vez participe Solá. Es que lo que se negociará en ese conciliábulo excede largamente la polémica principal de la coparticipación. Eso no evitará que Kirchner deba poner algo de plata. Pero lo que está en discusión es la alianza misma que se selló para las elecciones de 2003, desfigurada, casi rota, al cabo de un año de gobierno.