Mala praxis con deuda acorrala ya a Lavagna

Roberto Lavagna comenzó a mostrar signos de preocupación desconocidos hasta ahora por la marcha, forzada e infructuosa, de la reestructuración de la deuda argentina. Tal vez su desvelo más inquietante sea el que formuló, con circunloquios muy propios de su modo de pensar, cuando escribió para «La Nación» del miércoles pasado: «... no estaban dadas las bases mínimas para una negociación seria (con los acreedores). Hoy sí lo están, a menos que presiones indebidas que rechazamos alteren el cumplimiento mutuo del acuerdo con los organismos multilaterales».

Entre las previsiones de Lavagna, por lo visto, comenzó a ganar espacio la idea de que el Fondo Monetario Internacional podría endurecer su posición frente a la Argentina por la demora del gobierno en formular una oferta razonable a los acreedores. No sólo en el memorándum de entendimiento con el Fondo la Argentina se había comprometido a avanzar en esa negociación. El organismo multilateral debe justificar también ante la comunidad internacional por qué le presta dinero o refinancia las deudas de un país cuyo gobierno no demuestra voluntad de cumplir con sus obligaciones. El ministro sostiene en su nota que hubiera sido imposible cerrar un acuerdo con los acreedores sin hacerlo antes con el Fondo cuando, en rigor, la secuencia lógica y tradicional sería la contraria: lo raro del caso argentino es que el Fondo le preste dinero o le refinancie deudas a un país que está fuera de regla con el sistema internacional desde que declaró el default. Además de ser un prestamista, la entidad que conduce Horst Köhler es un organismo de auditoría, encargado de garantizar a estados y particulares que un país está en condiciones de ser sujeto de crédito.

Por eso casi toda la política del ministro de Economía está destinada hoy a justificar esa tardanza (sobre todo delante de Néstor Kirchner, quien este mes estará en Monterrey y en Davos escuchando opiniones calificadas sobre este proceso) y, al mismo tiempo, acelerar las tratativas. La tarea que encuentra a Lavagna y a Guillermo Nielsen más activos es la formación del comité de los bancos encargados de canjear los bonos defaulteados por los nuevos que ofrezca el gobierno. Les corresponderá a esas entidades una responsabilidad principal: detectar a los bonistas y atraerlos hacia un canje que hasta ahora no convence a nadie.

El formato original que habían pensado para esa selección será seguramente modificado. Ya no será posible delegar esa misión en uno o dos bancos por continente. Instituciones importantes como JP Morgan-Chase, Citigroup o Deutsche resolvieron no participar del comité. Otras, como Merrill Lynch o CS First Boston fueron descartadas desde el comienzo por el ministerio (ambas estarían contaminadas de «cavallismo», la primera por la participación de Jacob Frenkel en la relación con el ex ministro de Economía, la segunda por su papel durante la gestión 1991-1996, con David Mulford a la cabeza).

• Examen

Para alcanzar a todos los acreedores, Lavagna y Nielsen se disponen ahora a permitir que todos los bancos puedan operar en todos los mercados. Examinan a Goldman Sachs, Morgan Stanley, la Unión de Bancos Suizos, el Dresdner Bank, Barclays y los argentinos Nación, Galicia y BBVA-Francés. Más lejos de formar el grupo aparecían ayer el ABN-Amro y Lehman Brothers. El gobierno debe conseguir que por lo menos en cada continente haya una entidad con capacidad y experiencia como para entrar en contacto con los fondos de inversión, instituciones, bancos y, sobre todo, bonistas individuales, a los cuales ofrecerles convencer de manera seductora que es mejor negocio aceptar el nuevo bono que apostar a una negociación posterior y mejor sobre la base de los títulos en default.

La negociación más intrincada hoy tiene que ver con estos bancos, cuya identidad Lavagna y Nielsen prometieron divulgar hace semanas pero que, misteriosamente, mantienen todavía en la bruma (en el Palacio de Hacienda ya se apela recurso de imputar las demoras a la minuciosidad de Néstor Kirchner). Ahora se comienza a creer que, a partir del nuevo clima que se creó en la relación con los Estados Unidos y el Fondo, este tramo de la operación estará definido en aproximadamente 15 días.

Un punto de conflicto tiene que ver con la comisión que se les pagará. Para el gobierno el tope políticamente aceptable es de u$s 100 millones; para el mercado, es imposible no pensar en, por lo menos, u$s 150 millones. De esa comisión depende el entusiasmo que pongan estos «vendedores» en una operación que hasta ahora no promete un éxito seguro. El gobierno, que podría haber inducido a la formación de consorcios que compitan entre sí en una licitación (ofreciendo mayor capacidad para llegar a los bonistas de distintas geografías, menor costo en términos de comisión, etc.), prefirió caer en el método actual, por el cual Lavagna decide cuáles son los bancos que participarán en el negocio. El propio gusto no ha sido un buen consejero del ministro, como se demostró en el caso de la selección de Lazard Fréres (aun cuando su paladar estuvo condicionado por una licitación que no puede calificarse de «modelo»); aportó tan poco que ahora el ministro amagó con hacer de nuevo (?) el «censo» de los bonistas con derecho a reclamo.

Otro problema, más serio todavía, tiene que ver con lo que se ofrecerá a cambio de los bonos en default. Acaso el error conceptual al que está condenada toda la discusión sobre la deuda y su reestructuración. La palabra «negociación» no es la que mejor expresa el tipo de relación entre deudor y acreedor en este caso. Lo que habrá, en rigor, es una oferta del gobierno argentino. Es cierto, una oferta formulada a partir de la indagación del paladar del mercado, de aquello que estaría dispuesto a aceptar aunque no lo admita públicamente, información que se obtiene a partir del contacto que establezcan los bancos asesores con los tenedores de bonos. Una vez que se realice esa oferta, habrá unos 90 días para que el mercado la acepte, en una maniobra sumamente complicada por la multiplicidad de papeles y la atomización de los bonistas. Como se ve, algo muy distinto de una transacción en la que las partes se sientan alrededor de una mesa y alcanzan un número aceptable para todos, como parece estar descripto en el discurso del ministro.

La naturaleza de esa oferta que realizará el gobierno es el verdadero problema de toda la gestión de Lavagna, atada a una pretensión tan inflexible que ya se transformó en una bandera política: que los acreedores acepten una quita de 75%. Y que antes que ellos la acepten los bancos que serán los encargados de seducir a los tenedores de bonos y no querrán intervenir en un mal negocio que rasguñe su prestigio. Este sigue siendo el problema central y no la oportunidad de la negociación, como sugiere el ministro. Según los expertos en este tipo de canjes, una quita de 75% es inaceptable cuando los bonos están a 17% de su valor original (como en 2001) y más inaceptable aun cuando están a 27% o a 35%. Una oferta de esa naturaleza hace inviable cualquier negociación, se inicie hace dos años o hace dos semanas. Esto es lo que oculta el planteo de Lavagna.

Aquí radica el principal problema del ministro en la relación con los Estados Unidos. No sólo el gobierno de los Estados Unidos no hará ya de abogado de los intereses del país delante del Fondo (aunque no llegue a desaconsejar la renovación del vencimiento de u$s 3.000 millones de dólares que habrá en marzo); el Departamento del Tesoro y otras oficinas del gobierno de Bush han comenzado a descalificar públicamente la propuesta del gobierno, lo que aleja a los bonistas de cualquier acuerdo ya que les hace prever que habrá una instancia mejor para ellos, más rentable, en el futuro.