Misión controlará en el país combate a lavado de dinero

No habrá por ahora sanción del GAFI a la Argentina por no modificar a tiempo la legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo que debió sancionar el Congreso hace tiempo si no viviera distraído en internismos. En la reunión de ese organismo mundial en París se decidió enviar una misión al país para revisar los avances en el Congreso de la ley que habilita levantar el secreto bancario y bursátil y supervisar los controles en el sistema financiero. Será antes de fin de año y llegará en la misma época en que el gobierno debe elegir al nuevo encargado de presidir la Unidad de Información Financiera local, lo que ya levantó polémica la semana pasada porque cedería contratos de la intimidad de las personas a personajes ligados a la manipulación como Horacio Verbitsky.

La Argentina evitó el viernes pasado en París que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -máximo organismo mundial en el combate del lavado de dinero- le impusiera una dura sanción por no modificar su legislación contra ese delito y el financiamiento al terrorismo. En lugar de aplicar la sanción, el GAFI resolvió en la asamblea final donde se analizaron los casos de la Argentina y México enviar una misión al país antes de fin de año para estudiar el nivel de avance de las reformas legislativas a consideración en el Congreso. Es la primera vez que se recibirá en Buenos Aires una avanzada del organismo, evitando así que se declarara el estatus de país «no confiable», que pedía complicar futuras inversiones.

El GAFI emitió recomendaciones -en la práctica son intimaciones- al gobierno en 2003 y luego las repitió en octubre de 2004 y febrero de este año para que se modificaran aspectos que considera esenciales en la estructura legal de combate al blanqueo de capitales y lucha contra el terrorismo:

• Se pidió incorporar al Código Penal -para darle instrumentación práctica en el sistema legal argentino- las disposiciones de los dos tratados que se firmaron en materia de financiamiento del terrorismo. En Buenos Aires, ese pedido se tradujo en un cruce de borradores entre el Ministerio de Economía, el Banco Central, el Ministerio de Justicia y el Congreso para acordar un proyecto único. Después de meses de debate por separado en el Senado y Diputados, se resolvió dividir el proyecto amplio de modificaciones a la ley sobre lavado de dinero y el Código Penal por no haber consenso en el Congreso en torno a la definición de qué se debía reconocer como acto terrorista, un problema que, por otra parte, se registró en varios países con procesos similares.

• Avanzó así en Diputados un proyecto que sostiene otro de los puntos que reclamó el GAFI: un endurecimiento de las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) -el organismo local de investigación de operaciones sospechadas de lavado de dinero, entre otras cosas- para recabar información. En ese proyecto votado se dispuso habilitar el levantamiento del secreto bancario y bursátil sin intervención previa de un juez -a diferencia del sistema actual que sí exige la existencia de una causa judicial y un pedido de magistrado- para los casos en que la UIF solicitara información restringida sobre clientes de bancos, casas de cambio, AFJP, escribanías, registros societarios, inmobiliarios y automotores y hasta casinos y casas de juegos.

Se legisla también allí sobre algunos aspectos que se modifican en el Código Penal sobre la responsabilidad de quienes conocen la existencia de una operación sospechosa y deben informarla y las excepciones a este principio.

Ese proyecto llegó al Senado y volvió a trabarse ante la idea de algunos senadores de la necesidad de impulsar una norma más amplia y acordar un proyecto general que comprenda el financiamiento de actos terroristas; lo mismo que no pudo votarse en Diputados. Así quedó a la espera desde hace tres meses.

La votación completa de esta ley, aunque incompleta para el GAFI, hubiera justificado un avance concreto en los pedidos al país para que mejore su legislación. Su ausencia, en cambio, es la causa de la próxima visita de una misión del GAFI.

El encargado de acordar la inspección fue el director de la Oficina Anticorrupción argentina, Abel Fleitas, vocero de la delegación que concurrió la semana pasada a la asamblea del organismo en París: «Quedó un punto pendiente a estudiar relativo a la reforma del Código Penal».