Multan a 4 empresas que deberán pagar $ 70 millones

Economía

El gobierno aplicó una multa superior a $ 70 millones a cuatro empresas productoras de oxígeno medicinal por violar diferentes aspectos de la Ley de Defensa de la Competencia. Según informó ayer Roberto Lavagna, las compañías afectadas por las sanciones son las filiales de la francesa Air Liquide (con una multa de $ 24,9 millones), de la estadounidense Praxair (con $ 26,1 millones), de la alemana AGA ($ 14,2 millones) y de la chilena Indura ($ 5,1 millones).

«Las licitaciones eran plenamente arregladas entre las cuatro empresas, a través de distintos mecanismos, de manera tal de asegurarse niveles de precios muy superiores a los que hubieran surgido de licitaciones correctas», dijo Lavagna. Y agregó que «ha habido simulación de competencia, reparto de clientes, acuerdos de precios, arreglos para presentarse o no a cotizar, es decir, todas las formas que tienen que ver con una colusión como para impedir la existencia de competencia».

• Expectativa

Los datos oficiales muestran que las compañías multadas concentraban en 2001 casi la totalidad de este mercado. Praxair tenía 37,4% del mercado de oxígeno medicinal; Air Liquide, 32,1%; AGA (o Linde), 24,1%, e Indura, 6,5%. En conjunto tuvieron una facturación de u$s 46,4 millones ese año.

El titular del Palacio de Hacienda divulgó la información en una conferencia de prensa en torno a la cual se había generado expectativa ante posibles anuncios de medidas destinadas a controlar la inflación, pero rechazó las preguntas de los periodistas que iban en ese sentido. En cambio, destacó el «muy importante trabajo de cinco años de duración» de la Comisión Nacional de la Competencia, encabezada por Ismael Malis.

En un comunicado, Economía aclaró que
las empresas actuaron sobre la base de «conductas anticompetitivas», cobrando « sobreprecios a hospitales públicos y clínicas privadas, con alcance en todo el territorio nacional». Y agrega que «los sobreprecios impuestos a los clientes pueden haber sido solventados directamente por las instituciones compradoras o haber recaído indirectamente en las obras sociales o prepagas».

El secretario de Coordinación Económica,
Leonardo Madcur, puntualizó que el organismo investigó las actividades de estas firmas entre 1997 y 2002 «con la cooperación de la Justicia, que autorizó que se hicieran allanamientos». Y destacó que «una de las cosas más difíciles en los acuerdos de precios es poder demostrarlo, y esto se logró gracias a la cooperación judicial».

• Competencia

El funcionario explicó que durante la investigación « entró al mercado una empresa nueva que intentó dar competencia», pero «rápidamente fue adquirida por una de las compañías sancionadas, lo cual fue considerado un agravante de los actos ilícitos cometidos».

Lavagna señaló que además de la multa impuesta, «la medida que hemos sacado incluye la orden del cese de estas acciones porque hay indicios de que se seguían practicando».

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