Para el FMI: el Congreso avanza con privatizadas

Economía

La primera tarea de diputados y senadores después de un largo descanso de invierno será analizar los contratos de Distrocuyo (la distribuidora de energía de Mendoza y San Juan) y Transener (la mayor transportadora eléctrica del país). En ambos casos, el gobierno vuelve a convalidar un aumento de tarifas, que impactará en empresas y comercios. Esta vez, se promete que habrá más celeridad: el Congreso no quiere que venza el plazo sin votarlos y el gobierno necesita demostrar algún avance en la negociación con el FMI.

El Congreso deberá volver desde hoy a la normalidad después de 15 días de receso invernal, aunque la parálisis de actividades comenzó hace bastante más.

Uno de los primeros temas por tratar esta semana será la ratificación del acuerdo de renegociación entre el Estado nacional y la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo SA, conocida como Distrocuyo, que prevé un aumento de sus tarifas de 21%. Los diputados y senadores de la comisión bicameral de seguimiento de las facultades delegadas discutirán sobre la base del informe enviado por el UNIREN al Congreso el pasado 24 de junio con Guillermo Genta y Alberto Zoratti, funcionarios de ese organismo.

Luego de esa discusión llegará el turno de otra más importante: la ratificación del acuerdo entre el gobierno y la distribuidora Transener, la principal transportadora de energía de la Argentina, que prevé incrementos de hasta 30% en esos tramos que podrían impactar en subas de entre 2% y 3% en comercios e industrias. La discusión es vital para el gobierno, que quiere poder mostrar el mayor grado de avance posible en la renegociación de contratos con empresas de servicios concesionados dentro de las negociaciones por un nuevo acuerdo de financiamiento con el FMI que comenzaronla semana pasada. Hasta allí la definición formal de la cuestión. Pero el tema de fondo para el Congreso es que los legisladores quieren esta vez apurar el tratamiento de los acuerdos para no caer en el mismo vicio que sufrieron los contratos con los accesos Norte y Oeste de la Capital Federal y el de los operadores portuarios de Buenos Aires.

En ambos casos, el Congreso se demoró en la aprobación por votación -sobre todo en el caso de los operadores portuarios donde exportadores e importadores cuestionaron la dolarización de las tarifas- y ésta quedó trunca al vencer el plazo establecido en la Ley 25.790, que establece que si las cámaras no se expiden sobre un acuerdo de renegociación sometido por el Poder Ejecutivo en un plazo de 60 días, la ratificación se dará automáticamente. Es lo que se conoce en la doctrina como
«sanción ficta», proceso de sanción legislativa que en realidad no está previsto por la Constitución nacional, pero que fuerza a apurar los trámites y no ha sido cuestionado.

Ese «papelón» institucional de los diputados y senadores fue, además, una muestra de las debilidades que presenta el gobierno en el Congreso ya que la demora -aunque finalmente haya terminado con la aprobación «ficta»- dejó claro que toda la oposición se enfrenta con el peronismo por las condiciones en que se están renegociando los contratos con empresas, sobre todo en cuanto
a la falta en algunos casos de dictámenes de la SIGEN y la Procuración del Tesoro.

• Escenario

La discusión del acta de entendimiento entre el Estado nacional y Distrocuyo se da en medio de la crisis de control del bloque peronista más grande que se recuerde desde hace 20 años. Mientras duhaldistas y kirchneristas pelean por mantener o alejar a José María Díaz Bancalari de la jefatura de bancada en Diputados -lo que profundiza la falta de funcionamiento del Congreso-, la UCR quiere aparecer al margen de esa puja. En este caso, como la comisión bicameral de seguimiento está presidida por la radical Silvia Leonelli, tiene la oportunidad de hacerlo.

Por eso la comisión fue convocada para mañana a las 14.30 con Genta y Zoratti como invitados. La intención es emitir dictamen el jueves para poder llevar el acuerdo al recinto en la primera semana de agosto, cuando también está previsto que Diputados haga su primer sesión en meses, si es que la guerra por el bloque PJ no vuelve a frenar todo. Apelar a un cronograma de emergencia es la única forma que les queda a diputados y senadores para evitar la «sanción ficta» que irrita sobre todo a la oposición al quedar fuera de cualquier posibilidad de cuestionar lo previamente acordado entre el gobierno y las empresas.

En la renegociación de Distrocuyo -que abastece a
Mendoza y San Juan- se contempla una suba de 21% en sus tarifas con revisión automática en caso de que los costos de la empresa aumenten por encima de 5%. Además, se refinanciarán las multas que adeuda la empresa y se habilitará una compensación con inversiones.

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