22 de septiembre 2004 - 00:00

Pasa a octubre acuerdo de precios por la luz

Daniel Cameron
Daniel Cameron
La semana próxima, tras su regreso de EE.UU., el presidente Néstor Kirchner decidirá sobre el «acta de adhesión» que viene elaborándose entre el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Energía con las empresas generadoras de electricidad, y que todavía tiene varios aspectos abiertos, sujetos a negociación.

Básicamente, el acta implica un sendero de recuperación del precio de la energía mayorista para su «normalización» definitiva en diciembre de 2006. Aunque no está expresamente escrito en el borrador del acuerdo, esto significa que el precio del megavatio/hora pasaría de entre 9 y 10 dólares en la actualidad a 21 dólares al iniciarse 2007. (Esto, a su vez, equivale a un tercio de la tarifa de los usuarios.)


El valor es levemente inferior al vigente antes de la devaluación del peso, pero sigue prácticamente la misma curva del sendero pactado con las petroleras para el precio del gas en boca de pozo, que también se recuperará hasta diciembre de 2006 a los niveles anteriores a la salida de la convertibilidad.

De todas formas, en las empresas generadoras por ahora predomina la incertidumbre.


No saben cuál será la respuesta de Kirchner, porque no sólo se trata de la recuperación del precio, sino de volver a las reglas de juego de liberación del mercado y de fijación del valor de la energía por el costo marginal (el de la última máquina que ingresa para que la demanda del sistema esté satisfecha, lo que significa que es un valor que va ascendiendo según la situación de la oferta y la demanda).

• Presiones

A su vez, hay cierto juego de presiones entre las compañías y el gobierno por otras partes del acta. La Secretaría de Energía busca desde hace dos meses que las generadoras destinen el dinero de la electricidad no cobrada desde enero de este año a un fondo para instalar una central térmica a gas en la zona del Litoral.

El fondo es en apariencia voluntario, pero las generadoras deben aportar entre un monto mínimo y uno máximo. El mínimo equivale a los créditos devengados y no cobrados entre enero de este año y diciembre de 2006. Serían $ 1.200 millones, suficientes para una central productora mediana de 400 megavatios.

El máximo sería 100% de las acreencias, con lo cual las generadoras se quedarían sólo con los recursos para cubrir los costos variables. Y en ese caso se instalarían dos centrales con un total de 800 megavatios, pero ésta se considera una hipótesis de máxima de la secretaría de Daniel Cameron, de modo de asegurarse los fondos para los primeros 400 megas.

Dentro del esquema, además, se conoció ayer una resolución de Energía en la cual se constituye otro fondo destinado a las ampliaciones del sistema de transporte de gas ( gasoductos) y a la adquisición de gas natural para asegurar capacidad de transporte firme y producto para las plantas generadoras.

En la resolución se afirma que el fondo se constituirá con un cargo tarifario que pagarán los usuarios, los pagos de las generadoras por uso de los gasoductos, reventas de la capacidad de transporte, aportes del Estado y programas de crédito.

• Objetivo

En la Secretaría de Energía se considera que esta norma forma un paquete con el resto y que el objetivo es volver a la normalidad en enero de 2007. Esa situación se define como aquella en la cual la falta de gas o de capacidad en los gasoductos es sufrida por las generadoras por unos 30 días al año, mientras en 2004 y por lo menos también en 2005, las limitantes se extenderán entre 90 y 120 días.

El razonamiento es que cuantos más sean los días sin gas, mayor es la necesidad de consumir combustibles líquidos que duplican los costos y dejan fuera de servicio a los ciclos combinados más modernos y eficientes que sólo funcionan a gas.

Ni las empresas ni los funcionarios creen que el cierre del acta de adhesión será fácil, aunque la pretensión oficial es firmarla el 13 de octubre. El gobierno quiere, además, que las empresas se comprometan a renunciar a las acciones iniciadas en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, o, cuando menos, a parar los procesos hasta diciembre de 2006.

El acuerdo con las petroleras por el precio del gas se anunció en febrero y se terminó firmando en mayo, cuando ya había estallado la crisis energética.

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