El gobierno ya definió la rebaja de peajes: el secretario de Obras Públicas Aníbal Rothamel firmó ayer la resolución por la cual se reducen las tarifas por usar las rutas nacionales; para que comience a aplicarse los nuevos precios habrá que esperar hasta que la norma sea publicada en el Boletín Oficial (lo que ocurrirá dentro de esta misma semana).
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Ayer, por otra parte, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, dijo haber sido informado por el ministro de Infraestructura y Vivienda Carlos Bastos, que la rebaja comenzaría a aplicarse a partir de hoy mismo. Consultados empresarios del sector, manifestaron ignorar que ya estuviera en vigencia la resolución, y adelantaron que «llevará algunas horas adecuar los elementos mecánicos y electrónicos de cobro al nuevo tarifario».
Desde ya, los concesionarios siguen molestos con el gobierno: es que además de recortarles casi a la mitad la recaudación diaria, aseguran que nunca fueron consultados al momento de diseñar el nuevo esquema. «Ni para elaborar el decreto rebajando el peaje, ni para la resolución fijando las nuevas tarifas», dijo un representante de los concesionarios.
• Inscriptos
Según pudo averiguar este diario, lo más importante de la resolución es que impone que las rebajas se aplicarán sólo a los vehículos inscriptos en el Registro Nacional del Automotor. Es decir, a todos los vehículos y no sólo a los de transporte de cargas o pasajeros, como había trascendido. Esto implica que los turistas que lleguen en sus autos desde los países vecinos -o de cualquier otro punto del planeta, para el caso-deberán pagar 100% de la tarifa vigente hasta hoy.
La excepción a la rebaja había sido pensada para evitar que los camiones brasileños y chilenos que atraviesan el país sin cargar combustible gozaran del mismo descuento que aquéllos (nacionales) que sí tributan el aumento del gasoil para financiar el descuento. Ahora esa restricción se extiende a los autos particulares. El porcentaje de descuento se mantiene como se había anunciado: 30% para las categorías 1 y 2 (autos y camionetas); 60% para el resto de los vehículos (comerciales).
Con esta reducción el sistema de corredores viales en conjunto recaudará 46% menos promedio; hasta el año pasado los usuarios dejaban u$s 270 millones anuales en las cabinas de peaje; ahora, por imperio de la determinación oficial, ese monto se reducirá a u$s 150 millones. La diferencia deberá ser saldada por el gobierno a través de lo que recaude por el aumento al gasoil.
Se esté de acuerdo o no con la medida oficial, de lo que no caben dudas es que se terminó con el principio de «el que usa, paga», dado que quienes posean vehículos diesel y no utilicen las rutas por peaje estarán financiando a quienes sí las transitan. Definitivamente es un hecho que parte del gobierno favorece la idea de esperar a que venzan los actuales contratos de concesión -lo que sucederá a partir de 2003- para abandonar el sistema y pasar a otro más parecido al que se aplica (por caso) en Gran Bretaña, denominado «shadow toll» (peaje en las sombras), por el que el Estado se hace cargo de pagar el tránsito en las rutas concesionadas con fondos recaudados a través de impuestos específicos.
El propio De la Sota parece embarcado en esa iniciativa «antipeajista»: ayer repitió los argumentos de quienes vienen oponiéndose a ese método de cobro desde que se impusiera hace casi una década. El gobernador abogó por el abandono del peaje «que no sirvió más que para que los concesionarios cortaran un poco el pasto y recaudaran u$s 3.500 millones en diez años.»
• Subsidio
Al margen de estas peleas, lo que todavía no se definió es qué sucederá con el subsidio del que disfrutaban los transportistas, que era de 50% sobre la tarifa. Dicho beneficio caducó el 30 de abril pasado, pero no está claro si seguirá vigente o quedará absorbido por el descuento de 60% aprobado ayer. El subsidio, cabe apuntar, resultó otro «clavo» para los concesionarios de las rutas, que debieron esperar hasta el jueves pasado para que el Estado sancionara un decreto reconociendo la deuda originada por la no liquidación del mismo (junto con la no actualización de las tarifas por costo de vida de los Estados Unidos). «Todavía no sabemos qué sucederá: depende del ministro Bastos», dijo a este diario un empresario del sector.
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