Pelean municipio y gobierno por juego

Un conflicto de poderes entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, que involucra a un fuerte grupo local y al negocio de los juegos de azar, comenzaría a resolverse esta semana con la intervención de un Cámara Federal. La disputa tiene como centro a las máquinas tragamonedas que -según la municipalidad-no pueden ser instaladas en cinco agencias hípicas y un bingo. Pero la instalación fue autorizada por Lotería Nacional, que depende del Estado nacional, luego de un decreto presidencial. Las agencias y el Bingo Belgrano pertenecen a la firma Royal Ascot, del Grupo Liberman, que se las compró en diciembre pasado a Ladbrokes. Pero un legislador porteño por el partido de Domingo Cavallo presentó un recurso de amparo para impedir el funcionamiento de las máquinas -que serían veinte por local en una primera etapa, apuntando a llegar a cincuenta- respondido afirmativamente por la jueza Clara Do Pico. En Lotería Nacional estarían que trinan con la magistrada, porque habría ido más allá de lo pedido al anular el decreto presidencial, aduciendo que no tiene potestad sobre el juego en la Capital Federal. Ahora el Estado debe apelar el fallo, lo que hará esta semana, por lo que se girará a la Cámara. Esto debería ser bueno tanto para el Gobierno como para los empresarios, dado que la Sala V ya rechazó recursos similares interpuestos por otros legisladores porteños, en línea con lo resuelto por los jueces María José Sarmiento y Pedro Guglielmino. La medida de Lotería se originó en un pedido presentado hace ya cuatro años, ante la evidente decadencia de las apuestas hípicas y el desinterés progresivo por el bingo. «Los juegos tienen un apogeo, un cenit y un perigeo; muy pocos mantienen el interés a lo largo del tiempo, y por eso la necesidad de crear nuevas atracciones», dice un experto.