Penoso récord: el gobierno de De la Rúa lanzó un plan de ajuste cada dos meses
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• Impuestazo
El cuarto ajuste se llamó Ley de Emergencia Econó-mica y buscó reducir los gastos del Estado. También aprobado por ley a fines de octubre, entre sus principales puntos se facultó al Poder Ejecutivo disponer la rescisión de contratos o renegociación de contratos de obras, servicios, suministros, consultoría o cualquier tipo que se haya celebrado con anterioridad al 10 de diciembre de 1999. Asimismo, el gobierno podía reubicar al personal público y se suspendieron los juicios al Estado. Tampoco esta medida, la segunda tendiente a bajar el gasto, tuvo efecto por una razón sencilla: nunca se reglamentó y el período de vigencia en algunos de sus puntos ya venció.
El quinto ajuste fue a fines del año pasado, también con Machinea como ideólogo y fue sancionado en el Congreso. En esta oportunidad, se gravó con el impuesto a las ganancias las colocaciones de plazos fijos y colocaciones financieras de las empresas, como las obligaciones negociables. Como contrapartida, se dispusieron aquí dos medidas tendientes a reducir impuestos. En primer lugar se eliminaba en forma progresiva el impuesto a los intereses pagados y costo del endeudamiento empresario con la idea que quede definitivamente derogado en julio de 2002 (esta medida se aplica a partir de las leyes de competitividad). Al mismo tiempo, se permitió computar a cuenta del pago de Ganancias los intereses de las cuotas de créditos hipotecarios para compras de viviendas nuevas hasta un monto de $ 4.000 anuales. Según las proyecciones del gobierno, con la derogación total del impuesto empresario se perderían unos $ 700 millones anuales, de los cuales unos $ 600 millones aproximadamente serían compensados con el impuesto a los plazos fijos.
El sexto ajuste fue el primero de la etapa Cavallo. Bajo el título de Ley de Competitividad, se autorizó al gobierno a gravar con un máximo de 6 por mil todos los débitos y créditos de cuentas corrientes bancarias. En su primera versión la alícuota se fijó en 2,5 por mil. Además, para obligar al uso de las cuentas corrientes y combatir la evasión, se estableció que operaciones que superen los $ 1.000 no puedan realizarse en efectivo.
La séptima medida (segunda de Cavallo) tuvo un alcance mayor a la anterior. Se incrementó a 4 por mil (0,4%) el impuesto sobre créditos y débitos bancarios, aunque la diferencia de 0,15%, se podría computar a cuenta de IVA, Ganancias, y Ganancia Mínima Presunta. Asimismo, se aplicó una alícuota diferencial de IVA de 10,5% para la venta de bienes de capital nacional e importados, con 21% las entradas a espectáculos deportivos, artísticos, culturales, científicos o cinematográficos y se elevó de 13% a 21% el IVA sobre los abonos de la televisión por cable. También se gravó con 21% de IVA los alquileres de inmuebles que no estén destinados a vivienda. En cuanto al impuesto a las ganancias, se dispuso la tasa máxima a las transferencias de acciones, títulos, bonos o títulos de valor, realizadas por personas físicas cuando no coticen en Bolsa.
El octavo paquete de medidas se conoció el mes pasado, y trajo todo tipo de modificaciones tributarias, entre ellas la suba a 16% de los aportes patronales para todas las empresas. A la vez el gobierno creó el dólar comercial que encareció las importaciones y abarató las exportaciones, conocido como factor de convergencia, se rebajaron 8 puntos los reintegros a las exportaciones y los aranceles máximos de 35% a 27%, se estableció la posibilidad de abonar con tickets canasta o transporte aumentos de salarios de hasta $ 150 sin pagar aportes patronales para quienes cobren salarios inferiores a $ 1.500; se amplió la posibilidad de desgravar de Ganancias intereses de créditos hipotecarios (desde $ 4.000 anuales hasta $ 20.000), y se implementó una alícuota de 10,5% de IVA a todo el transporte. Asimismo, se subieron los precios del gasoil, se bajaron los de las naftas y se dispuso dar marcha atrás con parte del aumento de impuesto a las ganancias implementado por Machinea a fines de 1999. Estas dos últimas medidas quedarían anuladas en el octavo paquete.
El noveno y, por ahora, último ajuste fue anunciado la semana pasada. Da marcha atrás con la devolución de Ganancias y con la rebaja de naftas y se recortan en promedio 13% los sueldos de los empleados estatales y de jubilaciones mayores a $ 500 mensuales. Además, se elevó al máximo de lo permitido el impuesto al cheque, que ahora quedará en 6 por mil, y se extendió a las cajas de ahorro (sin incluir extracciones de salarios ni pago de jubilaciones). Se sanciona también una de las modificaciones al IVA más importantes de su historia: el impuesto pasará a pagarse sobre lo efectivamente percibido y no sobre las operaciones devengadas. Este punto había sido anunciado por Cavallo en el octavo plan de ajuste, pero finalmente terminó incluyéndose en la ley que sancionó Diputados el sábado pasado. Además se ratificó la alícuota de 21%, pero esta vez por ley, la alícuota sobre los abonos de TV por cable.
• Competitividad
Como medidas expansivas desde hace tres meses se vienen implementando los planes de competitividad sectoriales, donde se redujeron impuestos, como al endeudamiento empresario, ganancias mínimas presunto, ingresos brutos. También hubo cambios en los aportes patronales a sectores como metalúrgicos, textiles, madereros, plásticos y gráficos, entre otros.
Sin dudas que en sus escasos 20 meses de mandato, De la Rúa ya experimentó con todas las recetas para mejorar las cuentas fiscales, restablecer la confianza en la economía, y hacer crecer el país. Habrá que ver si con estos últimos intentos logra revertir los fracasos anteriores.




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