Era previsible que el inesperado, para el gobierno, incremento en la inflación de junio de 0,9% generara conflictos internos entre el «ala política» y Economía. Comenzaron a conocerse ayer, cuando funcionarios cercanos a Lavagna cuestionaron muchas de las políticas que Kirchner calculaba lanzar entre julio y octubre, obviamente pensando en el resultado de las elecciones. Incluso, anoche, el Presidente anunció un aumento a estatales y militares a partir de julio. Desde el Palacio de Hacienda se asegura que la intención de incrementar los salarios públicos a 110.000 personas, llevar las jubilaciones mínimas a cerca de $ 400, subir el mínimo no imponible de Ganancias y, fundamentalmente, continuar con el envío de fondos a provincias por las elecciones generará más inflación y puede descontrolar el índice para el segundo semestre del año. Mientras tanto, desde el equipo económico se decidió, por ahora como única medida para controlar el alza de la inflación, profundizar los, por el momento, fallidos acuerdos de precios a más sectores, que ya fueron criticados por el FMI.
El sorpresivo aumento de la inflación de junio y el incremento que se espera para julio y agosto (se calcula más de 1,5%), provocaron un nuevo enfrentamiento entre el ala política del gobierno y el Ministerio de Economía.
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Sucede que la cartera que dirige Roberto Lavagna advirtió, desde mucho antes de conocerse el índice de 0,9% de junio, sobre las consecuencias negativas que tendrían varias de las medidas que en la Casa Rosada están evaluando para aplicar en los próximos meses, con la mirada puesta, obviamente, en las elecciones de octubre. Desde Economía afirman que la mayoría de las medidas incluyen un alto grado de expansión monetaria, que provocaría más presión inflacionaria en meses sensibles a los incrementos de precios. Si la inflación se desmadra más allá de los problemas internos que generaría, se complicaría la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los técnicos de Hacienda analizan el cronograma posible de visitas de los hombres del organismo internacional para discutir las cuentas internas, y ven que en el momento más complicado de las discusiones se conocerán los datos inflacionarios de julio y agosto.
Desde el otro lado del gobierno, la visión es diferente. Se considera que el incremento no tiene que ver con la política expansiva del gasto público o en las mejoras salariales en el sector privado, sino a fallas en los controles desde el Palacio de Hacienda. Por eso creen que dar marcha atrás en las medidas que se están estudiando, y que en gran parte ya están diseñadas, no sería necesario y sería un revés a la estrategia electoral, que se basa en ir lanzando mensualmente decisiones como el incremento de 30 pesos a los afiliados del PAMI. En la discusión ingresan entonces medidas como el varias veces postergado anuncio de la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que llevaría la cifra a los 2.800 pesos mensuales de salario para los trabajadores en relación de dependencia. El problema es que esta decisión ya estaba prácticamente tomadae incluso forma parte de los acuerdos del gobierno con Hugo Moyano que presentaría esta reglamentación como una victoria propia como conductor de la CGT. Ni hablar de los planes del camionero de presionar, con la venia del Ejecutivo, para que sectorialmente haya más negociaciones de incrementos salariales, siempre antes de octubre.
También ingresaría en debate la posibilidad de extender los incrementos de los salarios del sector público a unos 110.000 empleados estatales en una primera etapa, junto con la incorporación de la mejora a los trabajadores estatales que cobren hasta 3.000 pesos (una medida que iba a ser lanzada cerca de agosto) y una nueva mejora en las jubilaciones mínimas para aproximarlas a los 400 pesos. Esto además del plan de incorporación de empleados públicos que pasarían de planta transitoria a permanente, que se anunció hace unos 15 días y que tendría una segunda versión cerca de setiembre.
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