Positivo: el retorno al debate económico

Es saludable que, aunque sea muy lentamente y de forma algunas veces irrespetuosa, se comiencen a dibujar los lineamientos de un debate económico de fondo en la Argentina. Quienes ostentan hoy el poder político, los «heterodoxos», han comenzado a dar una batalla sin miramientos a los «gurúes» del pasado, los «ortodoxos», seguramente impulsados por los éxitos económicos que están a la vista.

El discurso del ministro de Economía Roberto Lavagna en el 39º Coloquio de IDEA en Mar del Plata es una pieza clave en este debate, pues prácticamente deja de lado toda afirmación tendiente a la mera polémica para ofrecer los principales argumentos que sustentan la posición oficial. Y es allí donde deben centrarse las críticas de la oposición política en materia económica, para ejercer una actitud constructiva, habida cuenta de que es el ministro el que debe ejercer el poder y tomar las decisiones en este tiempo.

El discurso de IDEA no es completo ni puede tomarse como la última y única palabra oficial, pero tiene elementos suficientes. Se sostiene qué es lo que no sirve más, qué es lo que sí sirve y cuáles son las posiciones centrales de los dos bandos, llamados por él mismo «heterodoxos y ortodoxos».

• Marco legal

Sin embargo, hay un punto que entiendo resulta determinante para ubicar a los debatientes a uno u otro lado de la zanja ideológica que todavía los separa: su concepción del estado de derecho y del uso del poder. Los ortodoxos difícilmente acepten que la ruptura por parte del Estado de las reglas de juego anteriores, ocurrida principalmente en la época del presidente Duhalde, sea parte de un pasado que no tenga consecuencias futuras ni deba tener respuesta compensatoria por parte del Estado actual o futuro. Y esto deriva del hecho de que los ortodoxos creían -ingenuamente- que las reglas de juego económicas que se habían instaurado tras la hecatombe de la hiperinflación ya no se volverían a violar más, pues la Argentina había entrado para siempre en un nivel de confiabilidad mayor. Esto llevaba finalmente, más tarde o más temprano, a conseguir el hoy remoto investment grade.

Los heterodoxos, en cambio, como (y justamente porque) no comulgaban con el modelo de los '90, lo consideraban una mera transición, hasta que la oportunidad política permitiera el recambio. Entonces, cuando éste ocurrió, en diciembre de 2001, seguir respetando las reglas de juego previas significaba para los heterodoxos conceder terreno a los ortodoxos, justo cuando éstos lo estaban perdiendo. Políticamente hablando, esto resultaba un absurdo.

Pero, jurídicamente hablando, no era sino el respeto por el estado de derecho. En toda república democrática, los cambios deben hacerse dentro del marco legal y las sucesiones de gobiernos de distinto signo van modelando un país con matices diferentes, muchas veces divergentes. Lo contrario a esto es el totalitarismo. Los cambios pueden introducirse, pero no al punto de destruir ilegítimamente lo previo. Pues hacerlo implica descalificar a las mayorías previamente consolidadas y que lograron imponer sus reformas por la vía legislativa de un modo legítimo.

Este punto es tan relevante que, para muchos, no puede seguirse el debate de modo constructivo sin tocarlo previamente. Pues de él depende la consideración de temas tan importantes como: depósitos y acreencias financieras pesificados, aportes a las AFJP (y otros préstamos garantizados) pesificados y no abonados según la garantía vigente, contratos de servicios públicos pesificados, deuda pública en títulos no honrada. No revisten el mismo status jurídico asuntos igualmente importantes como: alteración de la convertibilidad, otorgamiento de nuevos beneficios impositivos, asistencia a bancos y política monetaria activa, entre otros.

La decisión de devaluar el peso, para tomar uno de los casos del segundo tipo, fue legítima, en tanto se respetaron los procedimientos para modificar una norma. Las expectativas de que no se modificaría nunca corrían por cuenta de los particulares. Independientemente de que los ortodoxos suelen opinar que no fue conveniente degradar el salario real de los argentinos por la vía de una devaluación y que las ganancias en competitividad derivadas de ella se deben exclusivamente a esta cesión de los asalariados, eso no es más que una opinión controvertible. Este gobierno entiende lo contrario y está en su derecho de instrumentarlo. Lo que no se puede hacer es pesificar contratos que estaban pactados en dólares de manera unilateral. Una cosa es devaluar y otra pesificar. Y la diferencia entre ambas cosas es que la primera es legítima y la segunda, no.

• Conflicto

Así lo entendía la Corte hasta que los fortísimos embates del Ejecutivo y el Legislativo, es decir de la corporación política, la hicieron por lo menos suspender su veredicto. El conflicto con la Corte, por ello, no puede menospreciarse ni confundirse con temas ideológicos o atinentes a corrupciones pasadas. Es el tema de qué pueden y qué no pueden hacer los gobiernos de turno con las leyes vigentes, las que fueron hechas por los gobiernos de turnos anteriores, que fueron tan legítimos como el actual.

Esta divisoria de aguas es la que no pueden dejar de ver los ortodoxos. No pueden pasar por alto estos detalles, por motivos morales y de concepción republicana y porque, además, entienden que hacerlo implica una lesión muy grave a la reputación del país que perdurará por muchas décadas, redundando en menor bienestar para sus próximos habitantes.

Todas las cuestiones que menciona el ministro en su discurso acerca de qué estrategia de desarrollo debe seguir la Argentina son muy razonables y pueden ser discutidas en buenos términos. Lo que sigue en pie es la discusión anterior y sus secuelas, las que no pueden sentar la bases de un desarrollo futuro sobre la expropiación ilegítima de recursos, la violación de contratos y una redistribución de ingresos que no pase por la vía legítima de las reformas impositivas, por más progresistas que éstas quieran ser.