Pou a legisladores: "Este es un juicio mediático"

Ayer, Pedro Pou declaró durante 5 horas y media ante la comisión bicameral del Congreso que impulsa la investigación del presidente del Banco Central por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario. De todos modos, senadores y diputados todavía no empezaron a preguntar, por lo que deberá continuar hoy a partir de las 10. La maratónica sesión hizo estragos en la garganta del funcionario que se quedó sin voz, hasta el punto que se le ofreciera leer el extenso dictamen de 100 páginas a través de secretaría, una gentileza que Pou rechazó para no privarse de los giros irónicos que le dio a su exposición, confirmando su vuelo intelectual con citas del «El proceso», de Franz Kafka.

Los legisladores fruncieron el ceño cuando el presidente del BCRA les descerrajó: «Esta comisión no ha considerado conveniente adelantar los temas sobre los que deberé exponer, por cuanto entiendo que no es su función formular imputación alguna». Completó su estocada con una alusión cara a los radicales: «Este es un juicio mediático», comparándose con Eduardo Angeloz, a quien condenó un sector de la prensa y luego fue sobreseído por la Justicia, pero de ello nadie se enteró, porque ya no era noticia. Hoy los abogados del Central apelarán ante la cámara y, si es preciso, llegarán a la Corte».

La presencia de Pou en el Congreso coincidió con el cuestionado fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Silva Garretón, quien favoreció a los senadores porque -pese a que no incursionó en profundidades jurídicas-rechazó, por tratarse (supuestamente) de un litigio de carácter no judiciable, el recurso de amparo que le había presentado el presidente del Central. Pou asegura que la comisión bicameral -la integran los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Senado, y Diputados, bajo la presidencia del titular de la Cámara alta, Mario Losadaes inconstitucional, porque se autoconvocó sin esperar que lo hiciera Fernando de la Rúa, como -según su interpretaciónlo establece la ley de remoción de la autoridad monetaria.

El fallo de Silva Garretón sorprendió hasta a los mismos legisladores de la comisión bicameral, quienes -el martes a la nocheesperaban un pronunciamiento en contra de la constitucionalidad de ese cuerpo. Según fuentes de crédito, entre las 20.30 y las 21, el juez habría recibido dos llamadas telefónicas después de que fracasó una amansadora de casi 6 horas que hizo en la puerta del juzgado un alto funcionario del Senado: la primera habría salido del despacho de un importante senador, y la restante, de un ex funcionario con fluidos contactos con los jueces de cualquier fuero e instancia. La inquietud habría sido la misma: evitar crear un conflicto institucional entre el Poder Legislativo y el Judicial, si el juez favorecía a Pou, quien ese mismo día había conseguido -por mayoría-que el directorio del BCRA se alineara en su pulseada con los senadores, lo que abrió otra causa judicial y llevó la pulseada a un nivel institucional.

Querella

Para completar este cuadro de situación adverso -a caballo de lo dictaminado por Silva Garretón-, los abogados Jorge Iglesias y Marta Nercellas, del quebrado Banco Mayo, querellaron a Pou reavivando la pelea judicial que mantienen el banquero y el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja. Este dato no es menor, porque la bicameral, que en principio se autoconvocó para analizar la conducta del funcionario por su presunta responsabilidad en el lavado de dinero a partir de las denuncias poco serias de los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, fue girando lentamente hasta querer enjuiciar al presidente del Central por su actuación durante la liquidación de varios bancos pequeños, pero fundamentalmente en la caída de los ex bancos Patricios y Mayo, ambos de la colectividad judía argentina. Beraja acusó a Pou de presunto racismo al imputarle consideraciones contrarias a su condición de judío.

Ofensiva

La ofensiva política-judicial contra Pou repercutió de inmediato en el frente financiero externo, muy sensible, por otra parte, frente a las noticias nada alentadoras de la interna guberna-mental por las reformas que quiere imponer Ricardo López Murphy. El auditor para la Argentina del Fondo Monetario Internacional, Tomás Reichmann, atribuyó a la suba del riesgo-país a este cuadro de situación. El riesgo para medir la seguridad de las inversiones en la Argentina trepó ayer a los 830 puntos, una cifra más alta aún que con la anterior gestión económica de José Luis Machinea, y luego bajó a los 796 puntos, un número demasiado alto para generar confianza externa e interna.