El presidente Néstor Kirchner respaldó ayer la decisión del gobierno de Buenos Aires de intimar a más de 35.000 grandes contribuyentes de la provincia -que acumularían una deuda de $ 2.000 millones- para que salden sus deudas fiscales, objetivo que incluye la polémica intención de activar el allanamiento de cajas de seguridad bancarias. «Hace bien en controlar que paguen, porque en la Argentina es importante que paguen (sus impuestos) los que más tienen», afirmó ayer Kirchner durante la inauguración de una línea de producción de vagones y colectivos en una fábrica del partido bonaerense de San Martín.
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De este modo, el Presidentedio su apoyo al gobernador Felipe Solá, que ayer, durante el mismo acto, respaldó a su subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, principal impulsor del plan de cobro y allanamientos de las cajas de seguridad. Todo «depende de la respuesta que den los bancos», informó Solá, ratificando la intención oficial. «En su admirada Europa, si no pagaran los impuestos estarían presos, y acá caminan por la calle como si nada», atacó el gobernador, y añadió que ese dinero «debe usarse para la educación, la salud y la Policía».
Más de 2 mil nombres de los morosos a los que apunta el Ejecutivo bonaerense fueron hechos públicos en días pasados, entre los que se incluyó a Juan Carlos Blumberg; el ex jefe de Gabinete del gobierno de Fernando de la Rúa, Chrystian Colombo, e integrantes de reconocidas familias tradicionales como Peralta Ramos, Lanusse, Petersen, Lagomarsino, Harguindeguy, Beláustegui y Porta. A su vez, a partir del 20 de enero se publicaría en Internet el resto de la lista, siempre y cuando los implicados no regularicen la situación fiscal.
Aun así, pese al respaldo político del Presidente y el gobernador, la iniciativa de abrir cajas de seguridad fue criticadapor reconocidos abogados como Eduardo Barcesat y Daniel Sabsay, y por el juez en lo Penal Económico Julio Cruciani, entre otros.
Montoya, por su parte, se defendió afirmando que «es una situación extrema» y que le «parece absurdo que las cajas de seguridad sean privadas». Al decir del funcionario bonaerense, hay contribuyentes que «han desarrollado toda una ingeniería para no pagar».
Veamos algunas repercusiones conocidas ayer:
• Daniel Sabsay ( abogado constitucionalista). «No es inconstitucional abrir cajas de seguridad; el derecho de propiedad tiene sus límites. Quiero creer que es una medida disuasoria.» «El patrimonio de una persona es la garantía de sus acreedores, aunque esto no quiere decir que indiscriminadamente se pueda operar sobre los bienes de una persona.»
• José Sabattella ( director del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos de Buenos Aires). «El juez tiene que determinar si se pueden abrir las cajas de seguridad. En la zona norte se encontró la mayoría de morosos con mayor capacidad económica.»
• Julio Cruciani (juez). «Hay que hacer un pedido al juez y éste tiene que pedir los fundamentos para abrir una caja; así y todo, el juez puede estar cometiendo un delito.»
• Eduardo Barcesat ( abogado constitucionalista). «Las cajas de seguridad se pueden abrir sólo por pedido judicial y no bajo amenaza pública.»
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