Relevarían a la comisión que negocia tarifas

El ministro Roberto Lavagna decidiría en las próximas horas no concretar el nombramiento de Alberto Biagosh al frente de la comisión renegociadora de los contratos de empresas privatizadas. Biagosh fue designado para el cargo de titular de la comisión, pero el decreto no fue firmado.

Según trascendidos, la comisión quedaría ahora a cargo del secretario legal y técnico del Palacio de Hacienda, Eduardo Pérez, tal como ocurrió durante la gestión de Jorge Remes Lenicov cuando la titularidad del organismo la tenía Eduardo Ratti (en su momento al frente de la misma secretaría que Pérez).

La marcha atrás con el nombramiento de Biagosh coincidiría con el relevo de la mayor parte de los funcionarios que formaban parte de la comisión en la época de Remes, los que presentaron la renuncia cuando asumió Lavagna, pero hasta ahora permanecen en sus cargos, porque las dimisiones no fueron oficialmente aceptadas.

De acuerdo con una versión confiable, esta decisión sobre la comisión renegociadora terminó de cerrarse la semana pasada, luego de que un diario publicó un presunto informe de ese organismo sobre Aguas Argentinas.

En apariencia, en el Ministerio de Economía, se interpretó que la «filtración» perseguía el objetivo de «demonizar» a las privatizadas, precisamente en momentos en que la intención de Lavagna es calmarlas para que mantengan el servicio en condiciones aceptables.

También se habría interpretado como la intención de algunos de los miembros de la comisión de «quedar bien» con la opinión pública para sostenerse en sus cargos. Esta opinión se reforzaría por el hecho de que el informe considera «inaceptable» el ajuste de las tarifas de Aguas Argentinas, aun cuando esta empresa sólo habría planteado el aumento como una alternativa de última instancia.

Por el contrario, el presunto informe no se expide sobre la deuda de 50 millones de pesos que Aguas Argentinas le reclama al Estado nacional. Según las autoridades de esa empresa, si el Estado paga la deuda y se pone al día con las facturas, gran parte del problema estaría solucionada, en referencia a la operación del servicio, pero sin realizar nuevas inversiones.

•Alivio

«Si el Estado pagara, habría un alivio muy grande que nos permitiría operar sin suba de tarifas hasta fin de año, si se toman algunas otras medidas adicionales», dijo un directivo de la compañía.

Entre las otras medidas reclamadas, se encontrarían un dólar preferencial para los insumos importados, aun cuando éstos representan alrededor de 4% de las compras totales de la empresa; incentivos para que los usuarios paguen en el primer vencimiento, lo que implicaría la suba de la tasa de interés para los que abonen con posterioridad; y, como pide el conjunto de las privatizadas, que el IVA no se calcule sobre lo facturado, sino sobre lo cobrado.

Esto último toma más importancia en la actualidad dado el aumento de la cantidad de morosos e incobrables en todas las empresas de servicios públicos.

Sea cual fuere la respuesta final de la comisión renegociadora a los planteos de Aguas Argentinas, la difusión del «preinforme» habría sellado la suerte de Biagosh y de varios de los integrantes de la comisión, también por la inmediata reacción adversa que generó en todas las privatizadas.

Aunque la mayoría de esas empresas cree que será muy difícil que el actual gobierno renegocie los contratos de concesión tal como está planteado en la Ley de Emergencia Pública, varias de ellas, sobre todo las gasíferas y las eléctricas, están presionando para lograr un ajuste inmediato que reconozca por lo menos una parte del aumento de costos producido por la inflación y la devaluación en el caso de los insumos importados.

«Si todos los productos de consumo masivo subieron de precio, no hay explicación para que las tarifas estén congeladas», argumentan en la mayoría de las compañías. No obstante, Lavagna temería el efecto sobre el índice de inflación y no habría tomado todavía una decisión sobre un aumento a partir del 1 de junio.

Hay, además, otros sectores dentro del gobierno que, por razones políticas, quisieran mantener congeladas las tarifas hasta una fecha indeterminada. Serían los que buscan desprestigiar a las privatizadas e insistir con el argumento de que, como ganaron mucho antes, ahora pueden esperar para ajustar tarifas.

En el Ministerio de Economía, creen que ese razonamiento es peligroso para el mantenimiento de los servicios y puede derivar en situaciones extremas, como la salida del país de algunas compañías y juicios en tribunales internacionales. Consideran, además, que alguna señal hacia las privatizadas descomprimiría la tensión con los países del Grupo de los 7, si se logra al mismo tiempo el acuerdo con el Fondo.

Por eso, aun cuando por el momento no decida aumentos de tarifas, Lavagna preferiría mantener el diálogo antes que el enfrentamiento y acceder a reclamos puntuales para dar señal de que «no hay indiferencia».