Reprograman depósitos de bancos suspendidos
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Con el apoyo de todos los partidos, quedará esta semana aprobada una ley que reprograma a tres años, con un régimen similar al ya aprobado para los bancos del Estado, los plazos fijos en los bancos Comercial, Crédito, Montevideo y Caja Obrera.
El total de depósitos en dólares a plazo fijo en el sistema alcanza a u$s 7.449 millones, mientras que el total de los fondos congelados o ya reprogramados alcanzará con la ley a u$s 4.453 millones, 60% del total. Esto se integra de la siguiente forma: Banco de la República y Banco Hipotecario u$s 2.200 millones; Banco Comercial, u$s 344 millones; Banco de Crédito, u$s 373 millones; Banco de Montevideo, u$s 184 millones; Banco Caja Obrera, u$s 182 millones; Banco Galicia, u$s 1.170 millones.
Precisamente la reapertura del Banco de Crédito, uno de los cuatro que mantienen actividad suspendida, está supeditada a la aprobación de esta ley que reprograme la totalidad de los depósitos. Un 78% de los ahorristas del Crédito ya firmó esa reprogramación, pero es necesario extenderla al total de los tenedores de depósitos, se indicó en el Parlamento.
Las autoridades del Banco de Crédito ya presentaron ante el directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) el programa de acción que emprenderán a partir de la reapertura, que se espera para la segunda quincena de octubre. Esto es uno de los cuatro bancos, junto al Comercial, Montevideo y Caja Obrera, que tienen la actividad suspendida desde comienzos de agosto.
El ING Bank, en tanto, está analizando la situación de los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera, que se estima irán a formar una sola institución, sobre la base del Comercial y el aporte de los mejores activos de las otras dos instituciones.
El problema de los deudores en dólares fue este fin de semana titular de la prensa uruguaya.
Los uruguayos deben a los bancos privados y públicos unos 7.290 millones de dólares, que se concentran en unos 81.000 deudores. El ministro Alejandro Atchugarry ya adelantó que. sin intervenir en los contratos acordados entre bancos y deudores, el Estado incentivará las reprogramaciones de las deudas. «Hoy el centro de nuestra preocupación es ayudar a que se puedan cumplir razonablemente esos contratos», indicó. Dijo que se reducirá el IMABA (Impuesto a los Activos Bancarios) que se cobra a los bancos, a aquellas instituciones que den más plazo, menor tasa y menor cuota a sus deudores en dólares.
El BCU, en tanto, aprobó medidas reduciendo los costos a las instituciones que reprogramen a sus deudores, no exigiendo las recategorizaciones que obligan a una mayor provisión de reservas.
La Coordinadora de Asociaciones de Deudores de todo el país, que cuenta con el apoyo del Frente Amplio, y que la semana anterior organizó una marcha con el objetivo de entregar una proclama al presidente Jorge Batlle, decidió en una asamblea este sábado reclamar la pesificación de las deudas con el dólar al pasado 31 de diciembre y que las cuotas a pagar a bancos u otras instituciones no superen 25% de los ingresos. Exigen suspender ejecuciones y no permitirán la tercerización de carteras.
Si no se aprueban estas medidas antes del 25 de octubre, esta coordinadora -curiosamente autodenominada «Movimiento de Uruguayos con Voluntad de Pago- convocó a suspender los pagos a todos los acreedores.
El ministro Atchugarry ya adelantó una opinión contraria a esta propuesta del Frente Amplio de suspender las ejecuciones judiciales por 120 días a los deudores con la banca. La consideró «altamente inconveniente» y que no es solución definitiva. «Nunca suspender algo resuelve las cosas», dijo.
Agregó que la forma voluntaria es «un camino legítimo» para buscar soluciones. «La suspensión, no la compartimos», reafirmó. Además se mostró francamente en contra de una pesificación de las deudas o de cualquier cambio de moneda.




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