Revierte Central polémico aumento de los encajes

Una vieja ley, casi física, de la vida pública indica que, cuando el espacio político está ocupado por una fuerza muy predominante, los conflictos no hay que buscarlos en el choque entre distintas facciones, sino en el seno de aquel grupo hegemónico. Sucede en casi todos los casos, debía suceder también aquí en el del actual elenco gobernante.

En los últimos tiempos, el círculo de colaboradores que rodea a Néstor Kirchner pareció abroquelarse sólo ante el desafío inicial de Roberto Lavagna. El gabinete exhibió una homogeneidad inesperada durante una larga semana, aquella en que el Presidente hizo oler a sus ministros el pulóver del viejo librero para que salieran en jauría detrás de sus pasos. Pero las perspectivas de Lavagna se moderaron en poco tiempo, sobre todo después de que Kirchner advirtió el error de impulsar hacia arriba a su ex ministro a fuerza de insultarlo (así como el público tuvo la primera noticia de la inflación cuando el gobierno envió piqueteros a las estaciones de servicio de Shell, la novedad de que Lavagna sería candidato la produjeron los voceros de la Casa Rosada con sus diatribas).

Ahora, con la ilusión de que han quedado de nuevo solos en la juguetería, ministros, secretarios y funcionarios de alto rango se involucran en una guerra de guerrillas de todos contra todos. Kirchner disfruta: bien temprano, cuando hacía política provincial, aconsejaba rodearse de gente foránea a Santa Cruz «porque los que conocen el terreno se juntan y te hacen la interna». Como el filósofo Baruch Spinoza, él también se deleita viendo cómo se pelean las arañas. Sólo que su deporte es más riesgoso. La mayoría de los enfrentamientos se debe a problemas objetivos y graves: la política monetaria, la estrategia antiinflacionaria, la restricción energética. Tal vez haya que pensar, entonces, que los roces y zancadillas no devienen de aquella dinámica ciega de la teoría de los grupos, tampoco del pasable sadismo presidencial sino de los síntomas de agotamiento que comienza a presentar el estilo de gestión al que se confiaron los primeros tres años de ejercicio del poder:

El enfrentamiento más grave que atraviesa hoy el gobierno tiene su centro en las últimas decisiones del Banco Central.

Martín Redrado encuentra cada vez más dificultades para evitar los costos monetarios de satisfacer la obsesión presidencial para alcanzar un determinado nivel de reservas. Por eso decidió reducir la venta de Letras y Notas y servirse de otro mecanismo para la captación de dinero del mercado: dispuso que el efectivo que los bancos atesoran en sus sucursales sea integrado a los encajes.

Al inmovilizarse ese caudal, aconsejaron los asesores Carlos Pérez y Hernán Lacunza, mejorarían los números del balance del Central y se moderaría el déficit cuasi fiscal, es decir, la deuda contraída por la autoridad monetaria. Los bancos ya no verían remunerados esos fondos por la tasa Badlar (9% más 300 puntos básicos), que rige para la colocación de Nobac, sino por la mitad de ese monto, que es la tasa que paga el Banco por los encajes. Es obvio, la rentabilidad de los bancos cae abruptamente con esta nueva ecuación, un efecto contemplado por Pérez y Lacunza. Pero también la tasa de interés, por un simple juego de oferta y demanda, tendería a subir. El costo mayor lo pagarían los bancos comerciales con muchas sucursales, que son los que cuentan con más efectivo en sus tesoros. Una curiosidad: Redrado siguió en su trazo grueso un consejo que Lavagna le dio, en público, antes de marcharse del gobierno. El de controlar la inflación subiendo los encajes.

El primero en poner el grito en el cielo por esta medida fue Martín Lousteau, el presidente del Banco Provincia, que es una entidad que obedece como ninguna a esa caracterización. Pero también los principales dirigentes del sector financiero, como Jorge Brito, Mario Vicens o Carlos Heller, hicieron notar su malestar en distintos niveles del gobierno. No sólo por una medida que consideran incompatible con la presión oficial para aumentar la oferta de crédito. También por el modo en que se adoptó la decisión: con un secreto desconocido en otras oportunidades. En el sistema financiero se habló de «traición» (una palabra inadecuada, habría que pensar, para la relación entre un sector de la economía y la entidad que lo regula).

Quien con más energía llevó el problema a la mesa de Kirchner fue Felipe Solá, alertado por el presidente del Provincia.

También el titular de ADEBA, Jorge Brito, golpeó la puerta del gobierno. En todos los casos explicaron lo mismo: «Podrían haber tomado la misma medida con un mayor plazo, segmentándola en 12 cuotas, y no como se hizo, con vigencia inmediata y en 4 cuotas. Además, deberían cambiarse los horarios de los tesoros provinciales por razones meramente operativas de las sucursales del interior». Kirchner le ordenó al presidente del Central que resuelva estas contradicciones -sobre todo después de la conversación con Solá-. Redrado, a la vez, trasladó el problema a su colaborador Pérez.

Además de este cortocircuito técnico, Redrado debió enfrentar uno más grave, político. Nadie ignora que la banca nacional se cuenta, al cabo de tres años de relación, entre los sectores más cercanos al gabinete de Kirchner. Sobre todo a Julio De Vido. Por eso no debería sorprender que viniera desde la intimidad del ministro de Infraestructura la otra queja contra las autoridades del Central: Guillermo Moreno actualizó el reproche que le dirige a Redrado, adopte o no este tipo de resoluciones. La tasa de interés debería ser más baja que la actual, apostando a que la política de precios regulados que se lleva adelante desde la Secretaría de Comercio basta por sí sola como estrategia antiinflacionaria.

La preocupación de Moreno, si bien es universal, estuvo estimulada en estos días por un problema específico, alrededor del cual se desarrolló otra batalla: el costo de los alquileres. El secretario de Comercio tiene aquí a otra figura como contrincante: Felisa Miceli. A ella le atribuye haber tergiversado sus inquietudes por el precio con que se rentan las propiedades. «Nunca hablé de acordar los precios, pero me hicieron decir lo que no dije». Como buen político, Moreno debería saber que una declaración es mala si hay que explicarla veinte veces. De todos modos, tuvo con qué cobrarse: la ministra también pisó en falso -y el secretario lo hizo notar- cuando insinuó que la AFIP intervendría con algún registro especial en las operaciones inmobiliarias. La perspectiva de una ola intervencionista afectó la oferta de alquileres e hizo temer a quienes confían en que el boom inmobiliario que se venía registrando en el país siguiera activo.

El cruce de Miceli con Moreno es sólo un capítulo del que la ministra mantiene con De Vido. Si no se quieren computar batallas menores (como las que ganó Miceli para cerrar dos seminarios en los que ambos intervinieron esta semana), el último choque se debió a la suba de retenciones que se cobrarán a los exportadores de gas a Chile.

Mientras la ministra atribuye el entredicho con Michelle Bachelet a cierto autismo y atolondramiento técnico de Infraestructura, De Vido -y el subsecretario Cristian Folgar- apuntan el dedo hacia el despacho de Miceli por haber demorado el cálculo del costo fiscal que tendría la importación de gas boliviano por parte de ENARSA.

De manera bastante visible, la pelea de Miceli con Moreno se vincula con la que el secretario sostiene con Redrado, en obvia coincidencia con los bancos. El costo del dinero impide que la clase media pueda ver facilitado el acceso al crédito hipotecario, por lo cual bajar la tasa sigue siendo una clave en la política de precios que practica Moreno. Se esboza por eso la idea de extender líneas de crédito a 20 años avalados por títulos del Estado. El funcionario ha convocado a los principales actores del mercado inmobiliario, sobre todo a los del sector financiero, para que cooperen en la búsqueda de alguna piedra filosofal que permita acceder a los préstamos bancarios a una población a la que se le redujeron sus ingresos en dólares. El gobierno se está encontrando con una de las paredes de, llamémosle así, «el modelo» imaginado por Lavagna, que tiene por viga maestra el tipo de cambio alto y, sobre todo, fijo.

Las dificultades para sostener la estrategia antiinflacionaria del gobierno no se manifestaron sólo en el mercado inmobiliario.

Moreno debió resignarse en otros casos, menos estridentes. En su aspiración a reinventar la rueda está tropezando con inconvenientes cada vez más frecuentes. Por ejemplo, tuvo que admitir que los colegios privados necesitaban ajustar sus cuotas. Pero pidió, a cambio, que en vez de haber un aumento de la tarifa mensual se estableciera una contribución extra anual: de este modo, la suba no quedaría registrada en el Indice de Precios al Consumidor (IPC). Un ardid parecido al que se aplicó en el caso de las prepagas: en vez de aumentar la cuota, deberán reformular los paquetes de prestaciones. Al tratarse de «otro producto», se evita el impacto sobre el IPC. Como se ve, el sinceramiento de los precios no sólo se está produciendo de modo abierto con el descongelamiento de algunas variables (como graficó este diario en su tapa del miércoles). También de manera sigilosa los ajustes se reblandecen tratando de no impactar sobre las expectativas de los consumidores, a las que Kirchner -con un criterio muy particular- sigue imputando 80% de la culpa de la inflación.