Saldrá más caro reclamar a DGI y Aduana

Los contribuyentes que quieran apelar las decisiones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por no estar de acuerdo con los reclamos que haga el organismo recaudador, probablemente tendrán que pagar más en el futuro por este derecho. Esta semana el gobierno terminará de reglamentar un decreto que dispone un aumento de 1% a 2,5% de la «tasa de actuación» que se debe abonar cada vez que un contribuyente, disconforme con los «ajustes fiscales» que determinan los agentes de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), recurra a los Tribunales Fiscales.

Este incremento de 150% generaría ingresos extra de entre 6 y 10 millones de pesos anuales, que irán directamente a las arcas de estos juzgados, con los cuales se buscará impulsar paralelamente la autarquía económica. La medida se toma además a partir de un reclamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante sus reuniones con los responsables de la recaudación de impuestos de la Argentina, que ven la falta de ejecutividad y eficacia en el cobro luego de finalizada la etapa de los controles a los contribuyentes, a los que se les detectaron fallas voluntarias o involuntarias en la liquidación de tributos.

Según la visión de los enviados del FMI, especialmente del chileno Juan Toro (el encargado del organismo para estudiar la recaudación de impuestos en la Argentina), la demora y la falta de ejecutividad de la Justicia son una de las fallas clave para la disminución de la evasión. Actualmente la queja es que en más de 50% de los casos, estos tribunales terminan fallando a favor de los contribuyentes, pero más por imposibilidad de determinar si hubo o no evasión que por la inexistencia del delito.

•Administración

El dinero extra recaudado con esta medida será entonces administrado por los propios tribunales fiscales. Estos son juzgados dedicados exclusivamente a atender las apelaciones que los contribuyentes hacen luego de que desde la DGI les hacen «ajustes» por los cuales deben pagar más al fisco de lo que ya se liquidó.

Por ejemplo, si a una persona o empresa la AFIP le reclama 10.000 pesos, el contribuyente puede apelar la decisión antes de llegar a la Justicia ordinaria; pero pagando antes la tasa equivalente a 1% del dinero que se reclama. En este caso serían hasta ahora 100 pesos, que se convertirían en 250 luego del aumento. Mientras el caso está en estudio por parte de los tribunales, el contribuyente no debe pagar los 10.000 pesos que le reclama el fisco. Si luego el contribuyente tiene razón, la AFIP debe devolver el importe de la tasa. Si el juzgado fiscal determina que la AFIP es la que tiene razón, el contribuyente debe pagar el dinero, pero le queda la posibilidad de recurrir a la Justicia ordinaria.

Hoy funcionan 7 salas de estos «tribunales fiscales» con 3 «vocales» cada una. Cuatro de estas salas se dedican a cuestiones impositivas (con dos abogados y un contador cada una como vocales), y tres atienden cuestiones de Aduana (en este caso los vocales son tres abogados). Estos tribunales tienen la sede en el edificio del Ministerio de la Producción, en la Diagonal Sur de la Capital Federal, y los «vocales» se eligen por concurso.

Esta es una parte de los reclamos que el Fondo hizo a la AFIP para mejorar la administración de justicia en los casos de evasión y elusión impositiva.

El otro capítulo, donde Remes Lenicov prometió avanzar, es la demorada apertura de los tribunales judiciales que deben atender exclusivamente casos vinculados con la Ley Penal Tributaria y que, a diferencia de los Tribunales Fiscales, sí forman parte del Poder Judicial ordinario. Según la promesa que desde el equipo se le hizo a Anoop Singh, del FMI, se crearían tres juzgados que atenderían casos de evasión impositiva y contrabando cuando el monto reclamado por la AFIP supere el millón de pesos, o cuando el delito sea grave (por ejemplo, contrabando importante o algún evasor reincidente). En el Presupuesto nacional figura una partida aún no ejecutada por 6 millones de pesos para crear estos tribunales, y el listado de los tres jueces ya pasó del Consejo de la Magistratura al Senado para su elección.