Se busca desprestigiar a toda empresa privada

La noticia la lanzó «Clarín» hace una semana como operativo de prensa contra las empresas privadas en el ciclón estatista de estos días. Se usó una «CGT paralela» fundamentada en ATE, el gremio de empleados públicos. Es la CTA con el coautor Claudio Lozano, mucho más fanatizado de izquierda (hoy es diputado oficialista) que experto en Economía. A eso se sumó el clásico «multiuso» del gobierno, el encuestólogo Artemio López y su empresa Equis, que pueden falsearle toda clase de encuestas sobre prestigio al gobierno o servirle de ariete contra los empresarios. Concluyó la falacia luego en «Clarín», algo descontado por su oficialismo y monopolio hoy apoyado desde la Casa Rosada. No servía por sus pocos lectores «Página/12» para este tipo de búsqueda de efectos. Ambito Financiero movilizó a sus periodistas economistas porque el tema es gravitante. El presidente de la Nación repetidamente menciona una «nueva distribución del ingreso», presuntamente por su gestión. Con el mismo mal uso de datos, el gobierno autojustifica los decretazos de aumentos salariales que pone en peores condiciones a los trabajadores en negro que no los reciben ni tienen prestaciones asistenciales pese a ser casi 50% del empleo del país. Se investigó, y surge esta realidad: bajó el ingreso de los trabajadores, es cierto, pero también de las empresas privadas. Los operadores del gobierno tapan esto último y ocultan lo más grave: el único que aumentó su participación en el mejorado producto nacional, llevándose lo que perdieron trabajadores y empresas privadas, es el Estado encaminando la mayor recaudación hacia fines políticos, fundamentalmente electorales. Se usaron para la maniobra datos reales del INDEC. Luego se miente por «Clarín» sin tomar datos del Ministerio de Economía sobre ingresos fiscales y en profundidad sobre distribución del PBI.

Los márgenes brutos de las empresas, es decir, el diferencial entre precios y costos industriales, se hallan en niveles récord de las últimas tres décadas. Mientras que los salarios, que experimentaron una leve mejora en el últimos doce meses, han perdido participación en el Producto Bruto.

Sin embargo, el principal beneficiado del insoslayable crecimiento de la economía desde la crisis de la convertibilidad (el PBI creció cerca de 17% en los últimos dos años) ha sido el Estado.

Los datos de la distribución del ingreso, que cabe señalar no están prácticamente disponibles -ninguna fundación ni entidad de estudios lleva esta información actualizada porque es una tarea titánica de procesamiento estadístico-fueron estimados por el gobierno y están celosamente guardados en el Palacio de Hacienda. Precisamente porque reflejan que el que se viene comiendo cada vez más de la torta económica es el sector público.

Cuando se observa que la participación del capital en el ingreso nacional en los últimos diez años, pasó de 66% a más de 71% en la actualidad, algunos analistas argumentan que lo hicieron a costa del salario. Pero en realidad lo que ha ocurrido es que dentro del llamado «excedente bruto de explotación» (EBE) -que sería la porción del ingreso nacional que queda en manos de los empresarios-el que ha ganado terreno ha sido el Estado. Porque el EBE neto de impuestos, o sea, lo que realmente queda en manos de los empresarios se mantuvo en torno de 52% del PBI, mientras que lo que se queda el Estado pasó de menos de 14% del PBI a cerca de 20% en la actualidad. Es decir que el Estado se apropió de unos 6 puntos porcentuales del Producto en los últimos años.

Claro que esto fue posible, fundamentalmente, gracias a la política fiscalista de aplicar retenciones a las exportaciones y de elevar la alícuota del impuesto al cheque (además no se permitió tomarlo a cuenta de Ganancias).

Todo ello fue un cóctel recaudador, potenciado por la recuperación del nivel de actividad -reflejado en el mayor consumo público y privado, el crecimiento de la inversión pública y privada-que redundó en el avance del sector público sobre los ingresos del sector privado.

Desde el punto de vista de los asalariados se observa que su participación dentro de la torta de la economía se ha reducido. Desde mediados de los '90 hasta fines de 2001 los asalariados se quedaban aproximadamente con 33% a 34% del ingreso nacional. Tras la caída de la convertibilidad, en la actualidad el peso relativo de los salarios dentro de la riqueza total de la economía se ubica en 29%.

Cabe hacer notar que dentro de la participación de los asalariados las estadísticas se ensucian porque contemplan a los denominados «ingresos mixtos» que en su mayoría son conceptualmente empresarios porque su ingreso proviene de la utilización de alguna forma de capital. Se trata principalmente de pequeños empresarios y hasta directores de empresas.

Por lo tanto habría que netear alrededor de entre 3 y 4 puntos porcentuales de la porción de los asalariados. Esto explica porque se alzan voces que la participación de los asalariados se halla por debajo de 25% del ingreso nacional cuando años atrás superaba 33%.

Ahora bien, en relación con los márgenes de las empresas también resulta relevante la recuperación experimentada desde fines de 2002 al presente. Estimaciones de la UADE muestran que en dicho período se amplió la brecha entre precios y costos industriales. Mientras los Precios Internos Básicos Mayoristas de productos manufacturados desde la salida de la convertibilidad acumula un aumento de 129%, los costos industriales (incluido el costo laboral) creció 108%.

Claro que el diferencial, o sea, el margen empresario presenta una gran dispersión según el sector productivo, dado que no es lo mismo la rentabilidad que alcanzó un productor agropecuario, que uno metalúrgico, o que un textil.