Se complica más el gobierno con Correo

Según una versión de varias fuentes confiables, el Correo Argentino habría depositado una parte de los 36 millones de pesos de canon que venció el miércoles pasado y respondió a la intimación de la Comisión Nacional de Comunicaciones para que afrontara esa obligación este lunes, con una presentación ante la Secretaría de Comunicaciones.

En esas circunstancias, y luego de que el gobierno dejó circular rumores sobre una eventual rescisión del contrato de la concesionaria postal, el ministro Roberto Lavagna, dijo ayer: «No podemos hacer nada, porque la empresa tiene un pedido de quiebra y hay un juez interviniente».

La declaración resultó llamativa, sobre todo porque representantes del Correo aseguraron que la compañía no tiene pedido de quiebra. Por su parte, el vocero del ministro indicó que «Lavagna quiso decir que el Correo está en concurso de acreedores pero se equivocó debido a la dinámica del programa de Mirtha Legrand».

Lo cierto es que desde el jueves pasado, cuando el presidente Néstor Kirchner anticipó medidas sobre privatizadas que daría después de las elecciones, en el gobierno está circulando la idea de que no es posible rescindir el contrato que tiene firmada con la sociedad que lidera el grupo Macri y que integra también el Banco de Galicia, porque está en concurso. «Hay que mirar bien el pliego», dijo el domingo el ministro de Planificación, Julio De Vido.

Según se afirma, el gobierno no puede rescindir la concesión porque el juez del concurso, Eduardo Favier Dubois, habría dictado una orden de no innovar al Estado nacional en materia contractual, para no afectar los intereses de los acreedores.

Sin embargo, curiosamente en línea con la «gaffe» de Lavagna, el gobierno podría pedir la quiebra del Correo aunque está en concurso, debido a la deuda por cánones impagos con posterioridad a la convocatoria, igual que puede hacerlo cualquier acreedor «post concursal».

Esto es así porque, según la ley, una empresa en convocatoria debe cumplir con todas sus obligaciones, y en caso contrario, puede pedírsele la quiebra, con el criterio de que sigue siendo inviable aun cuando no pagó sus deudas.

•Quiebra

En apariencia, el Estado pudo haber hecho uso de la opción de rescindir en el momento en que se anunció la convocatoria, porque así está previsto en el contrato, pero no puede hacerlo más de dos años después, cuando ya intervino la Justicia. En cambio, podría pedir la quiebra del Correo, tras lo cual, si el juez decreta esa situación, estaría en condiciones de rescindir la concesión.

La AFIP pidió varias veces la quiebra de empresas, pero este caso es particular porque se trata de una concesionaria del propio Estado.

De esta forma, el gobierno se tomaría tiempo antes de una decisión, para evitarse un juicio millonario. El Correo aseguró siempre que no pagó el canon porque el Estado no cumplió con las condiciones pautadas en la licitación, entre ellas la modificación de los convenios colectivos de trabajo en la empresa, un marco regulatorio para la actividad que impidiera «la competencia desleal» de los que no pagan impuestos, y la exclusividad para determinadas franjas del servicio. La Auditoría General de la Nación y una comisión interministerial formada en el año 2000 indicaron en cambio que esas condiciones no fueron comprometidas al licitarse, y que corresponde exigir el pago del canon.