Se complicó más suba para los transportes

El gobierno esperará la decisión de la Justicia sobre los aumentos en el autotransporte de pasajeros y en trenes y subtes, y si es necesario recurrirá a la Corte Suprema para destrabar el ajuste de 10 centavos que está suspendido por medidas cautelares dictadas por jueces de primera instancia. Esta es la posición oficial del Ministerio de Economía, aunque hoy José Luis Machinea mantendrá un encuentro sobre el tema con el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, que inició un juicio ordinario contra el Estado nacional por la suba en ferrocarriles y subterráneos, entendién-dose que tratará de encontrarse una solución extrajudicial. El problema principal de Economía es cómo contener los reclamos empresarios mientras se tramitan las causas judiciales. En el autotransporte, los empresarios suspendieron las medidas de fuerza porque el gobierno los convenció que la Justicia en segunda instancia daría efecto suspensivo a la medida cautelar, mientras se tramita el fondo de la cuestión (si debió haber o no audiencia pública antes del aumento).

Pero la Cámara tiene sus propios tiempos y mañana es el último día hábil antes de la feria judicial. Aun cuando hay una sala de turno, si no hay pronunciamiento entre hoy y mañana, el gobierno tendría que lograr que la Cámara se convenza de la urgencia de habilitar días de feria para resolver sobre el tema.

Pero el peor escenario es si la Cámara, sea esta semana o en la feria, no levanta la medida cautelar y el aumento sigue suspendido, con lo que sólo queda la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario. Esto demoraría todavía mucho más los tiempos, sobre todo si se tiene en cuenta la reciente declaración del presidente del tribunal, Julio Nazareno, cuando se quejó de que el gobierno quiere que la Corte resuelva lo que el Ejecutivo no resuelve, desde la situación de los presos de La Tablada hasta los aumentos de tarifas.

Con los ferrocarriles, la situación no es mejor. Las empresas amenazan sutilmente con que ellas también podrían iniciar acciones judiciales porque los decretos de la época de Carlos Menem con la renegociación de los contratos, están vigentes y sólo fueron suspendidos en febrero por 120 días. Como el plazo se cumplió, las compañías dicen que podrían ir a la Justicia a reclamar por incumplimiento del contrato. Por otra parte, el Estado tiene una fuerte deuda por subsidios con las empresas concesionarias y éstas afirman que tienen una delicada situación financiera que podría afectar el servicio en unos meses más. De hecho, Trenes de Buenos Aires (TBA) que explota el Mitre y el Sarmiento estaba tratando de encontrar un socio estratégico a nivel internacional a través de una búsqueda contratada con Siemens, empresa que le provee material ferroviario, pero todo está parado porque no está el contrato con las nuevas obras, ni el que se firmó durante el gobierno anterior, ni el que se revisó con éste entre febrero y noviembre. De este modo, la estrategia de seguir los tiempos de la Justicia aunque es ineludible, deja al gobierno bajo presión y puede derivar en dificultades para los usuarios. Ayer, el juez Martín Silva Garretón convirtió en medida cautelar la «precautelar» dictada diez días atrás por la que paró la suba en trenes y subtes. El juez tomó la medida después de revisar la documentación solicitada al gobierno, por lo cual éste recién ahora podrá apelar, estimándose que quedará para el magistrado de turno en la feria, decidir si la apelación suspende o no la medida cautelar de frenar el aumento de 10 centavos.