Se vuelve a violar seguridad jurídica

Originado en un proyecto concebido durante el año 2001 para los deudores de áreas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones, y habiéndose difundido a nivel nacional por medio de las sucesivas reformas a la Ley de Quiebras (25.563, 25.589, etc.), y por decretos y normas «de prórroga», en la Argentina todavía en la actualidad no se sabe bien qué es lo que se puede y lo que no se puede ejecutar. Efectivamente, pese a ser un principio inveterado del derecho el que los pactos deben ser respetados (el «pacta sunt servanda» de los romanos), fundándose en motivos emergenciales y en la crisis nacional que lleva décadas y ya es endémica, la vuelta al populismo de vastos sectores del Congreso Nacional ha «pulverizado» toda posibilidad de recupero de créditos y carteras en mora, al impedirle al acreedor ejecutar al incumpliente y cobrarse con el producido de los bienes hipotecados o prendados. Lejos de solucionar la grave situación que afecta a grandes sectores de la población, que hoy carecen de toda posibilidad de acceso al crédito, la permanente suspensión de juicios, ejecuciones, pedidos de quiebra, y demás actos orientados a exigir el respeto de la palabra empeñada y el cumplimiento de las obligaciones asumidas, lo que ha logrado es que hoy sólo consigan fondos quienes pueden dar garantía sobre activos ubicados en el extranjero.Y, en cuanto tales, ajenos a la posibilidad de que se impida su realización compulsiva si quien recibió el dinero no le paga a su acreedor.

• Poco claro

Pero tampoco está muy claro qué es lo que va a pasar con las ejecuciones suspendidas y los deudores morosos. Mientras el presidente Duhalde acaba de firmar el demorado decreto que permite celebrar audiencias mediatorias (para lograr una conciliación entre las partes) suspendiendo transitoriamente las ejecuciones -luego de lo cual, y si no hay acuerdo, el acreedor quedaría liberado para cobrarle lo adeudado al incumplidor-en las provincias (por ejemplo, Mendoza), existe la clara intención de rebelarse contra medidas análogas, siendo la voluntad de varios gobernadores prorrogar «sine die» las suspensiones de subastas y juicios, probablemente hasta que asuma la nueva conducción nacional, y haya algún otro personaje al cual hacerle soportar los costos políticos de lo que luego ocurra.

Tampoco existe claridad alguna con respecto a qué se va a hacer para «ajustar» los créditos hipotecarios en dólares compulsivamente pesificados, y ello al punto tal que hace meses el Congreso Nacional se la pasa dudando entre el CER, el CVS, o la nada, puesto que nadie -tampoco sobre este tema-está dispuesto a asumir las consecuencias que a nivel popular se produzcan, cuando llegue el momento de afrontar el pago de la deuda acumulada.

Por si todo lo expuesto fuera poco, y pese a existir una ley que lo prohíbe (21.526), varios bancos a los que se les ha retirado la autorización para funcionar por parte del BCRA se han presentado en convocatoria de acreedores.