Sí, tal vez, al viejo rumor de la suba de tarifas atrasadas. No, con seguridad, para la eliminación de los subsidios

Asegura el gobierno que ahora sí avanzará con una serie de ajustes en tarifas de servicios públicos. Los principales aumentos llegarían en luz y gas para hogares. Se especula,además, con una nueva suba para el transporte de pasajeros. Difícil eludir medidas tan largamente demoradas.No alcanzarían los aumentos tarifarios para reducir los subsidios que paga el Estado, una de las principales causas de la acelerada suba del gasto público. Serán nada menos que $ 35.000 millones los que se destinarán este año, sobre todo a la importación de energía, ante la merma de la producción local.

Julio De Vido

Como en los últimos cuatro meses se afirmó reiteradamente que el gobierno tomaría medidas que venía postergando cuando se resolviera el conflicto con el campo, hay expectativas de que haya subas de tarifas a partir de agosto. No hay seguridad sobre si esto será así: todo depende de cómo se dirima en los próximos días, la crisis que se abrió dentro de la cúpula del gobierno.

Lo que sí es seguro es que los aumentos de tarifas pendientes no van a disminuir los subsidios que paga el Estado. Estos desembolsos se dirigen a cubrir el gasto en:

Gas importado desde Bolivia.

Gas natural licuado importado que un buque regasificador inyecta en los gasoductos argentinos desde el puerto de Bahía Blanca, a partir de principios de junio.

Compras de fueloil y gasoil para que las centrales térmicas de generación eléctrica sustituyan al gas natural.

Importación de electricidad desde Brasil.

Los subsidios por estos conceptos, todos referidos al sector energético, alcanzarían este año a $ 20 mil millones, sobre un total gastado en subvenciones de $ 35 mil millones, según los pronósticos de economistas y consultoras, como el caso de Ecolatina.

Equivalencia

Para disminuir este gasto, el gobierno debería subir el gas en boca de pozo y el precio mayorista de la electricidad, dos conceptos que se mantienen congelados para los hogares en todo el país desde 2001. Son los precios de los productos en sí mismos, no los márgenes por transportar o distribuirlos, y que en general equivalen a un tercio de la tarifa que pagan los usuarios.

Los aumentos que están pendientes de autorización por parte del Poder Ejecutivo son los acordados con las distribuidoras eléctricas que están bajo jurisdicción del Estado nacional: Edenor, Edesur y Edelap.

La mayoría de las distribuidoras del interior del país ya aplican subas desde hace unos años, por lo cual la luz para los usuarios de Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata, es la más barata del país.

La demora en aplicar esas subas, que estaban comprometidas para febrero pasado, estaría teniendo consecuencias en el plan de inversiones para este año de las tres distribuidoras. El caso de Edenor quedó en evidencia la semana pasada, cuando trascendió que una contratista de esa empresa produjo despidos por merma en obras eléctricas. Pero estos aumentos, si los hubiera, mejoran el margen de las distribuidoras y no tienen relación con los subsidios.

Demora

Dentro de las empresas gasíferas están pendientes las subas en Gasnor, Camuzzi Pampeana y Camuzzi Sur, que se renegociaron con el gobierno y ya fueron habilitadas por el Congreso nacional, faltando los decretos del Poder Ejecutivo y la autorización de los nuevos cuadros tarifarios por parte de Enargas.

También está demorada un alza en las tarifas de la distribuidora Gas Natural BAN. Esta fue la primera que renegoció el contrato y que viene aplicando desde hace más de un año, subas a todas las categorías de usuarios. Pero el convenio firmado con el gobierno prevé una revisión semestral de las tarifas por mayores costos, que es lo que está en negociación en este momento. Además, el gobierno había prometido para esta fecha una revisión integral del contrato de concesión, de la cual no hay ningún avance hasta ahora. Asimismo, se habla de un nuevo aumento de 25% en los boletos de trenes, subterráneos y colectivos, que se sumaría a la de 30% que se produjo en enero pasado. Las posibilidades de este reajuste serían las más remotas.

Según cifras oficiales, el incremento de enero no sólo no logró disminuir los subsidios en $ 600 millones, como había prometido el ministro de Planificación, Julio De Vido, sino que los mismos tuvieron una suba de más de $ 800 millones o 71% en el primer semestre en relación con igual período del año anterior. De esta forma, los subsidios crecen cada vez a mayor ritmo, lo que complica más la salida para llegar a su eliminación. En este contexto, de mayor gasto fiscal para mantener tarifas y menos para obras (hay algunos que fueron paradas por falta de recursos), el gobierno anunciará hoy que pondrá u$s 200 millones para reparar parte de la flota de Aerolíneas Argentinas y Austral, luego de que ya puso en 10 días otros u$s 34 millones para gastos corrientes.

Estos desembolsos se producen cuando sólo hay un preacuerdo con el grupo Marsans, dueño de la mayoría accionaria de ambas empresas. Si en 60 días no hay acuerdo entre el gobierno y el grupo privado español sobre el valor del grupo Aerolíneas, o sobre la valuación de un tercero neutral, no se conoce cuáles serán los pasos a seguir.