Esta semana se seguiría avanzando en las conversaciones entre el gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) por la reforma de la ley de accidentes de trabajo. La ministra de Economía, Felisa Miceli, les había prometido a los industriales - durante un almuerzo en la sede de la central fabril- que tomaría en sus manos la compatibilización de los dos proyectos elaborados en el seno del gobierno, pero con fuertes discrepancias entre sí.
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Uno de ellos es el que hicieron los asesores del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que eriza la piel de los empresarios porque avanza más allá de lo que es específicamente legislación sobre accidentes laborales y se interna en cuestiones como el cogobierno patrono-sindical de las empresas. De todos modos, lo que más preocupa a los industriales es que ese proyecto no invalida de cuajo la posibilidad de la «doble vía» (cobro de la indemnización fijada por ley para las ART, y luego acudir a la Justicia laboral para reclamar un monto mayor). La otra iniciativa emergió de la cartera económica cuando su titular era Roberto Lavagna, y cuenta con el apoyo (si bien con algunas reservas) de la UIA.
La semana pasada, Tomada almorzó en el Yacht Club Argentino con Daniel Funes de Rioja, principal asesor laboral de la UIA. El funcionario estaba molesto tanto con la entidad como con su par Miceli por entender que su promesa de mediación entre dos proyectos antagónicos invadía las incumbencias de su cartera.
Ayer, fuentes cercanas al ministro de Trabajo hicieron saber que no se bajarán de su proyecto original; aseguran que «un regreso a los años 90 es imposible, tanto política como jurídicamente, porque la Corte Suprema la declaró inconstitucional». • Alcances
Del otro lado, el argumento se basa en que la «iniciativa Tomada» va mucho más lejos que una mera reforma de la ley para adecuarla al dictamen del alto tribunal. «El fallo no se mete en cuestiones como la del cogobierno, que les permitiría a los delegados gremiales escoger qué materia prima elegir para la producción. El proyecto de Lavagna se ceñía estrictamente a los puntos en conflicto: doble vía, accidentes «in itinere» (los que suceden cuando el trabajador va de camino a su empleo, o de regreso de él), topes indemnizatorios... O sea: no era todo lo que nos gustaría a nosotros, porque habilitaba la posibilidad de recurrir a la Justicia, pero es mucho mejor que el de Tomada. «Por eso nos pareció muy positiva la intención de la ministra Miceli», dijo a este diario una fuente de la entidad empresarial.
Estos y otros puntos no menores serán, entonces, los que esta semana Funes de Rioja y Horacio Martínez (del sector naviero, pero él mismo abogado laboralista) podrían sentarse a conversar con Miceli: cabe recordar que la ministra los instó a «reunirse urgente» para revisar las dos carpetas con proyectos.
